Por alguna razón, en los reportes internacionales sobre la corrupción en el mundo y, específicamente, en América Latina no se menciona de manera especial a nuestro país, como si las cosas funcionaran muy bien o todo se limitara a las famosas casas que han dado la vuelta al mundo y lo demás no existiera. Claro que en esto está relacionado con la actividad de la Secretaría de la Función Pública, que poco se sabe de ella desde que se puso a funcionar de nuevo.
Un reciente reporte aparecido en el blog del Foreign Corrupt Practices Act, en el que a diario se dan noticias de esta materia, da cuenta de que su combate va en serio en otros países, sea quien sea la persona involucrada, independientemente de su posición económica o política.
Veamos algunos ejemplos del reporte del pasado mes de julio sobre América Latina. En Argentina, el ministro de Planificación Federal, Sr. Julio De Vido y su esposa, Alessandra Minnicelli, están sujetos a investigación por enriquecimiento ilícito, ya que en su declaración de bienes no incluyeron un rancho que se calcula vale 750,000 dólares; en Bolivia, las autoridades detuvieron al Sr. Martín Belaunde, ex asesor del presidente de Perú, que huyó y solicitó asilo en dicho país para evitar la extradición, sobornando a funcionarios judiciales con dinero y autos lujosos.
En Panamá, el ex vicepresidente durante el periodo 1994-1999, Sr. Felipe Virzi, fue detenido en relación a un soborno que recibió por la adquisición de un costoso equipo de irrigación que nunca funcionó y por el cual obtuvo 10 millones de dólares de una compañía ecuatoriana; se comenta que también está siendo investigado el presidente del periodo 2009-2014, Sr. Ricardo Martinelli.
En Honduras, el actual presidente ha reconocido que su partido le informó que durante su campaña recibieron cheques de 150,000 dólares de hombres de negocios involucrados en actos de corrupción con el Sistema Nacional de Seguridad Social, lo que ha causado grandes protestas públicas y el reclamo de que renuncie.
Las autoridades judiciales de Guatemala han tomado el toro por los cuernos y la Suprema Corte de Justicia le quitó la inmunidad al presidente actual, Sr. Otto Pérez -por cierto involucrado en la guerra sucia de su país y que costó la vida de miles de personas-, para poder ser investigado y, en su caso, procesado. Ya se encuentran bajo indagatorias la vicepresidenta, los ministros del Interior, de Energía y Minas, del Medio Ambiente, el presidente del Banco Central y el director del Seguro Social, quienes han renunciado a sus cargos, al igual que el secretario general de la Presidencia, que es el futuro yerno del presidente. Por lo visto, casi no quedará algún integrante del gobierno guatemalteco sin investigar.
En Brasil, las autoridades encargadas del combate a la corrupción están conmocionado al país entero con las acciones que están realizando y que hasta la fecha han resultado en órdenes de investigación de cerca de 50 políticos, entre los que se encuentran los líderes de la Cámara de Diputados y de Senadores, así como dos gobernadores. Esta semana se dio a conocer que el ex presidente del Partido del Trabajo y ex ministro del gobierno de Lula, el Sr. José Dirceu, ha sido detenido al considerarse que fue uno de los líderes principales de la trama corrupta de la empresa petrolera que ha reconocido que el asunto le ha costado ya más de 2,000 millones de dólares. Y ésta es sólo una de las causas abiertas por corrupción, denominada en los términos policiales brasileños como “Operación Lava-Autos”, pero también se encuentran en curso las investigaciones “Cerberus”, “San Lucas”, “Semilla”, “Tempestad” y otras, con base en las denuncias recibidas o las indagatorias realizadas.
En cambio, en nuestro país no ocurre nada parecido, a pesar de que muchas veces los medios de comunicación han dado y dan cuenta de hechos supuestamente corruptos. Nada se sabe sobre ellos, ya sea porque todavía están siendo investigados por las autoridades o porque éstas han hecho caso omiso. Ojala no sea esto último.
