ENTRADA.- Bueno y a tiempo el golpe que el pasado martes dio la Procuraduría General de la República a la familia Aguirre Rivero. Por lo pronto ya logró detener a una banda de delincuentes, que al amparo y protección del propio exdesgobernador de aquella sufrida y aporreada entidad, Ángel Aguirre Rivero, venía saqueando las arcas públicas. La banda delictiva estaba integrada precisamente por uno de sus hermanos, Carlos Mario Aguirre Rivero y su sobrino Luis Ángel Aguirre Pérez, además de otros funcionarios pillos que habían logrado apoderarse de más de 287 millones de pesos, propiedad del erario estatal y también de la federación.
SOPA.- Se les acusa de lavado de dinero con recursos de procedencia ilícita. Toda vez que se trata de un delito grave, no tendrán derecho a fianza, por lo que responderán a su proceso en el interior de la cárcel y tras los muros del penal de alta seguridad en el Altiplano.
Junto a los pillos se encarceló a Paulo Ignacio Hughes Acosta, exdirector general de Desarrollo Urbano de Guerrero y a los hermanos de éste: Mauricio Francisco, el contador Alejandro Carlos y el arquitecto Jorge Eduardo Hughes Acosta.
PLATO FUERTE.- Para los efectos de que no quede ningún cabo sin ser debidamente atado, es simple entender que esta banda de delincuentes no estaba actuando por sí sola. Los cargos y responsabilidades administrativas que tenían y por los que fueron nombrados por Ángel Aguirre durante su gestión fueron perfectamente calculadas. Los empleados de Ángel Aguirre, según las investigaciones practicadas durante varios meses por la Agencia de Investigación Criminal de la PGR a cargo del licenciado Tomás Zerón, informó que tres empresas constructoras con contratos federales y estatales, depositaron sumas millonarias en las cuentas bancarias de los pillos Aguirre y los Hughes, sin haber una relación formal o contractual con las constructoras.
Quedó comprobado que un grupo de personas, entre las cuales se encuentran exservidores públicos del estado de Guerrero y sin tener vínculo corporativo o relación comercial con las empresas que obtuvieron contratos de obra pública en Guerrero, recibieron durante los ejercicios de 2012, 2013 y 2014 recursos provenientes del erario público local y federal en sus cuentas bancarias personales, triangulando esas sumas hasta llegar a los Aguirre y los Hughes, entre otros involucrados.
Lo único que faltaría para poner la cereza del pastel, sería rastrear el camino de cómo los corruptos pudieron pasar el dinero que obtenían de sus corruptelas, a manos de Aguirre Rivero, pues nadie podría pensar por ser lógicamente increíble, que los parientes del exgobernador hayan hecho sus raterías solitos sin la anuencia, complicidad y conocimiento de su jefe.
No hay duda de que el exgobernador sí conocía perfectamente todas las operaciones de su parentela, pues para eso precisamente los había nombrado a los cargos administrativos que ostentaban, de ahí que no hay duda de que la PGR en pocos días mandara aprehender también al jefe de la banda: Ángel Aguirre.
Este caso es una muestra más del estado de descomposición que existe al interior de la administración perredista en el Estado de Guerrero. Se trata de un estado de la federación en donde un presidente municipal juntamente con su distinguida cónyuge, ponen vía la policía municipal, a los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en manos de los criminales de Guerreros Unidos o de los Rojos para que sean asesinados. Surge así este nuevo asunto que pone de manifiesto que existen también nuevos tipos de corruptos ávido no únicamente de oro, sino además de la sangre de propios paisanos.
POSTRE.- En este mar de podredumbre surge lo increíble o lo que parecería un verdadero estado demencial dentro de la política partidista: Ahora Ángel Aguirre se atrevió a postular por el PRD a su hijito para alcalde de Acapulco, lo que quiere decir, que no solamente son rateros sino también cínicos institucionales.
