Altos riesgos. El costo de los estados repercute directamente en las finanzas públicas federales.
Los estados gastan mucho y recaudan poco. En promedio, 80.9 % de su gasto depende de los ingresos federales que reciben por transferencias y aportaciones, y sólo 8.6 % proviene de ingresos propios, es decir, del cobro de impuesto y derechos.
La falta de autonomía fiscal de los estados, su dependencia de los recursos federales y el opaco manejo de sus deudas son debilidades financieras que destacó el Índice de Información Presupuestal 2015, presentado este martes por el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco).
De acuerdo con el índice, en 2016 los estados absorberán 33 % del presupuesto nacional por participaciones y aportaciones federales, que han aumentado progresivamente desde 1998: si ese año las entidades recibieron 451,000 millones de pesos por aportaciones (Ramo 33) y participaciones (Ramo 28), para 2014 la cifra aumentó a 1,016 millones.
El Imco señala que en 2012 los estados recibieron 25 % del total de los ingresos generados en el país. En comparación, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) transfieren a sus gobiernos locales 12.5 %, en promedio, de todos los recursos que generan.
Por eso México es el segundo país de la OCDE que más recursos transfiere a estados y municipios, sólo por debajo de Dinamarca.
Pero mientras las transferencias federales a los estados aumentan cada año, éstos no han podido incrementar su eficiencia fiscal. El índice del IMCO advierte que la recaudación promedio de los estados aporta apenas 8 % a sus presupuestos.
El peor caso es Tlaxcala, que no recauda ni siquiera 5 %, mientras Nuevo León se coloca al otro extremo, pues casi 15 % de sus ingresos proviene del cobro de impuestos locales.
Respecto de los impuestos que cobran los estados, Juan Pardinas cuestionó la pertinencia del Impuesto sobre Nómina (ISN). Aseguro que se trata de un impuesto "perverso" que afecta el empleo formal. En cambio, consideró necesario fortalecer el cobro de tenencia, a pesar de que muchos estados han decidido cancelarlo. "Se trata -dijo- de un impuesto progresivo y justo", aseguro.
MÁS GASTO BUROCRÁTICO
Así como han crecido las transferencias a federales a los estados, éstos también han aumentado sus presupuestos y gastos burocráticos.
El documento del Imco destaca particularmente el caso de Quintana Roo, que este año ocupó el último lugar en su índice con una calificación reprobatoria de apenas 50 % de cumplimiento de los 10 criterios que miden la transparencia, eficiencia y rendición de cuentas presupuestal de las entidades.
En el último año Quintana Roo aumentó 76 % su presupuesto, pero casi la mitad (42 %) está comprometido para el pago de su deuda, que suma 19.3 mil millones de pesos y representa 8.3 % de su Producto Interno Bruto (PIB).
Esta entidad no sólo tiene la deuda más alta en el país en relación con su PIB. También destaca por su endeudamiento per cápita, que suma 12,252 pesos por habitante y coloca al estado sólo por debajo de Coahuila (12,292 pesos), que tiene una deuda de 36.4 mil millones de pesos.
Los estados también han aumentado sus gastos burocráticos, que absorben entre 55 % y 79 % de sus presupuestos, como en el caso de Tamaulipas.
Con esos recursos las entidades cubren los costos de sus servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, asignaciones, subsidios locales y otras ayudas.
La deuda escondida
La deuda de los estados es el tema más delicado en sus presupuestos, pues la opacidad persiste y hasta ahora no es posible saber realmente cuánto deben, advirtieron Manuel Guadarrama y Diego Díaz, autores del Índice de Información Prespuestal Estatal.
Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Imco, advirtió que la deuda conocida de los estados es la que tiene registrada la Secretaría de Hacienda y que hasta junio de 2015 sumó 456,068.7 millones de pesos.
Sin embargo, dijo, no conocemos su deuda con proveedores, y en algunos casos esta puede ser incluso igual que la registrada por Hacienda.
Los especialistas del Imco confiaron en que la reforma constitucional en materia de disciplina financiera y su legislación secundaria obligará a la transparencia en materia de deuda, fortalecerá la sanciones para funcionarios que incurran en su mal manejo y "ahora sí pondrá en práctica el semáforo de alerta para los estados que incurren en un nivel de deuda peligroso".
