El Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas cuestionó ayer, en su primera audiencia sobre México, la tardanza con que la PGR atrajo el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala.
"¿Por qué la PGR tardó diez días en atraer la indagatoria del caso?", cuestionó uno de los miembros del Comité, el cual fue presidido en su primera jornada por el francés Emmanuel Decaux, director del Centro de Investigación sobre Derechos Humanos y Derecho Humanitario (CRDH, por sus siglas en francés).
Los miembros del Comité también pidieron cuentas sobre la efectividad del mecanismo de protección a periodistas, activistas, testigos y familiares de víctimas. Además, los motivos por los que no se ha adoptado la Ley General sobre Desaparición Forzada y el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
También lanzaron preguntas sobre el número de elementos de la fuerza pública que han sido procesados por el delito de desaparición forzada, y la fecha prevista para retirar al Ejército de las calles del País, pues varios expertos de Naciones Unidas consideran éste un paso fundamental para reducir el número de desaparecidos.
La delegación mexicana fue encabezada por Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales de la Cancillería, y conformada por un equipo de alrededor de 20 de funcionarios de diversas áreas. El bloque cerró filas en torno al caso Iguala y afirmó que el carpetazo sólo llegará cuando los responsables sean juzgados.
"Cuando se juzgue y sancione a todos los responsables de estos actos de barbarie y se acredite plenamente el paradero de los desaparecidos, podremos, Estado y sociedad, pasar del dolor a la recomposición del tejido social", sostuvo Robledo en el Palacio Wilson de Ginebra.
Agregó que los soldados estarán en las calles mientras México no cuente con una fuerza de seguridad capaz de cubrir el territorio nacional.