La bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de Coahuila, anuncia que presentará una solicitud ante el Pleno de dicho Poder Legislativo, con el objeto de dar vista a Auditoría Superior del Estado, respecto al cobro indebido de cuotas en favor del Partido Revolucionario Institucional, con cargo a los empleados de confianza del Municipio de Torreón.
Como es del conocimiento, en octubre del año pasado el senador Javier Corral representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral INE, presentó una queja ante dicho organismo por la realización de los descuentos referidos, con cargo a la nómina del Municipio de Torreón, cuyo importe según la contabilidad del Municipio publicada en su página de Internet, fue transferido al PRI y a la Fundación Colosio por concepto de cuotas.
En paralelo fue presentada una denuncia penal en contra del alcalde Miguel Riquelme Solís ante la Procuraduría General de la República por los mismos hechos, que se presumen constitutivos de los delitos de peculado y abuso de autoridad y ameritan pena de cárcel, desafuero e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Como resultado de la queja, el órgano electoral ordenó como medida precautoria la suspensión de los descuentos que se estaban efectuado ya entrado el mes de noviembre, en pleno proceso electoral federal.
En un principio la queja fue desestimada por el Consejo General del INE por influencia de las consejeras Beatriz Galindo y Adriana Favela, que votaron por no castigar ese mecanismo de financiamiento, al equiparar dichos descuentos con las aportaciones de los trabajadores a sus fondos de retiro. La resolución fue revocada por el Tribunal Federal Electoral que consideró que la naturaleza y gravedad de los cargos amerita reabrir la investigación, y determinar responsabilidades.
Lo preocupante es que pese a la gravedad del cuestionamiento Riquelme sigue actuando por encima de la ley y como si nada pasara insiste con cinismo: Se trata de descuentos voluntariamente aceptados… se han venido aplicando desde pasadas administraciones… no es ilegal… etcétera.
Riquelme dice que los cargos se suspendieron en acatamiento al mandato del IFE, pero al mismo tiempo tejió una red de cobradores diseminados en cada área de su administración, que operan al servicio del PRI. Cada día de pago, los empleados afectados tienen que acudir con la ficha de depósito en la mano, para acreditar haber depositado su cuota en la cuenta bancaria que se les indica, como condición para cobrar su quincena.
Riquelme sustenta versiones contradictorias; en una refiere que son cuatrocientos los empleados incluidos en el sistema de descuento y en otra que son ochocientos; acepta estar realizando los descuentos y asegura que son legales, pero el PRI niega haber recibido el importe de las cuotas descontadas, lo que obliga a preguntar en dónde queda el dinero.
La opacidad reinante impide conocer los alcances reales de este saqueo, que implica descuentos diferenciados que van desde un tres punto cinco por ciento hasta un treinta y uno por ciento de los salarios nominales, según criterios desconocidos. La falta de transparencia impide hacer cálculos confiables que determinen el monto de los fondos malversados, por lo que el llamado a la intervención de la Auditoría Superior del Estado para que realice un arqueo, es un imperativo ineludible.
En este momento, las autoridades competentes y los medios de prensa nacionales, ya cuentan con declaraciones acusatorias de trabajadores afectados y como consecuencia, la represión y la intimidación en contra de los empleados, que son parte del estilo del moreirato, no se han hecho esperar.
El proceder ilícito del PRI de Moreira que es objeto de comentario, explica en gran medida el posicionamiento electoral que conserva dicho partido en Coahuila a pesar de la devastación económica, moral y física de nuestra Ciudad y Estado, que son resultado de los gobiernos locales que padecemos y que son mediocres en todo, menos en malas artes para aferrarse al poder.