Apenas inicia la definición de las precandidaturas y, algunas candidaturas, pero las cúpulas dirigentes de los tres partidos políticos con mayor participación electoral ya dieron muestras de su vocación controladora, lo que se traduce en la centralización y discrecionalidad de las designaciones a los principales puestos de elección popular.
En el caso del PRD, la evidencia de ello fue la renuncia del precandidato más fuerte al Gobierno de Guerrero, el senador Armando Ríos Piter, a dicha candidatura por las condiciones que le imponía la dirigencia nacional del partido, fundamentalmente en cuanto a que tenía que negociar con el gobernador con licencia, Ángel Aguirre.
Era de sobra conocido que Ríos Piter no contaba con el apoyo de Aguirre ni de la dirigencia nacional del partido del sol azteca, sin embargo, lo mantenían en la contienda y todo indicaba que sería el abanderado por su presencia en las encuestas de preferencia electoral, incluso por encima de las simpatías partidarias. Sin embargo, ni siquiera la posibilidad de ser el único perredista con alguna posibilidad real de mantener la gubernatura de la entidad, hizo que la dirigencia nacional suavizara su posición y lo apoyara.
Mientras tanto, el intento de Margarita Zavala de ingresar en los tres primeros lugares de la lista de la plurinominal de la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con cabecera en el Distrito Federal, dejó en claro el control que tiene el grupo de Gustavo Madero, en la Comisión Permanente de su partido, lo que le permite mantener el control férreo de su partido. De acuerdo a los estatutos partidistas, es dicha instancia la responsable de designar a las primeras tres posiciones de las listas plurinominales de cada una de las cinco circunscripciones plurinominales, que corresponden precisamente a la dirigencia nacional y el nivel de incidencia del grupo maderista permitió negarle el registro a la esposa del expresidente Felipe Calderón.
La disputa por el control del partido entre los grupos de Madero y Calderón se hizo patente desde los últimos días de su gobierno, pero se ha ido agudizando conforme pasan los meses y se libran nuevas batallas por el liderazgo en distintas instancias: coordinación de los grupos parlamentarios -con el manejo discrecional de los recursos económicos que eso conlleva-, dirigencia nacional del partido, las candidaturas a los puestos de elección popular, etc. Así el intento de la exprimera dama fue únicamente la más reciente de las disputas, pero ya dejó claro que no será la última, sino que aspira a ser la dirigente nacional del partido.
Lamentablemente, a juzgar por las prácticas que prevalecieron durante el sexenio de Calderón, al interior del PAN, en caso de concretar su intención, lo único que cambiaría sería el grupo controlador, pues el manejo sería exactamente igual de autoritario y discrecional.
En el caso del tricolor, el control no se manifiesta en diferencias o disputas entre sus militantes, sino en la imposición de los candidatos, a través de las llamadas candidaturas de unidad, exactamente la misma figura que le permitió a Enrique Peña Nieto su arribo al poder. Así en el caso de la gubernatura de Nuevo León, la primera de las nueve en disputa, la designación de Ivonne Álvarez, con el supuesto apoyo de los otros 11 aspirantes, evidenció el grado de control de la dirigencia sobre sus militantes. Todos los aspirantes se alinearon, salvo el diputado federal con licencia, Héctor Gutiérrez, quien dejó constancia de su disgusto en un muy cuidado comunicado titulado: "Unidad sí, ¿pero para qué?", en el que deja constancia de que durante dos años se estuvo preparando para la candidatura y, sin aludir a la postulación de Álvarez, entrelíneas la cuestiona.
El acto de su registro intentó ser una demostración de la fortaleza partidista a la más vieja usanza del priismo tradicional, que recurría al acarreo masivo y la entrega indiscriminada de recompensas y promesas. Salvo por la aparición de los nuevos personajes de la política local, las imágenes fácilmente podían haberse fechado en los destapes de los candidatos en los setentas y los ochentas, fue como si el tiempo se hubiese detenido en aquellos años.
Y, de acuerdo a lo que han anunciado sus dirigentes, esta será la constante para la nominación de los otros ocho candidatos a gobernador y los principales puestos de elección popular. Como en el pasado: en el PRI no se postula un candidato sin la anuencia del presidente de la República, líder máximo de ese partido.
En los partidos de menor participación electoral, incluyendo a los de reciente registro, las cosas la única diferencia es que son los dirigentes los que tienen que buscar y perseguir a los eventuales candidatos, en lugar de que sean ellos los que pretendan la postulación, pero también en ese caso son los dirigentes los únicos que reparten las candidaturas como si fueran de su propiedad.
Así, ante la creciente desconfianza de la ciudadanía en los actores políticos mexicanos y las cada vez más frecuentes diferencias internas de los partidos políticos, las cúpulas de los partidos deciden responder con más centralización y autoritarismo; en lugar de ampliar los cauces de participación a sus militantes y la ciudadanía en general, los estrechan para mantener el control de sus institutos políticos, sin importar que eso los aleje cada vez más de la ciudadanía.
Mientras la ciudadanía y los militantes ajenos a los grupos directivos de los partidos demandan apertura, inclusión y procedimientos democráticos, las cúpulas partidistas responden con cerrazón, exclusión y procedimientos verticales y autoritarios.
