Turbio. El caso Tlatlaya no ha podido ser esclarecido y las dudas sobre la participación del ejército en ejecuciones continúa.
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar versiones públicas de los peritajes de la investigación por la muerte de 22 personas en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México.
En respuesta al particular que solicitó esa información, la PGR señaló que se encontraba reservada por un período de 12 años.
Sin embargo, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el IFAI, argumentando que se deben dar a conocer los documentos porque se relacionan con una investigación de violaciones graves a los derechos humanos, y de acuerdo con el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIPG), este tipo de información no puede reservarse.
En alegatos, la PGR reiteró su respuesta inicial y agregó que la averiguación previa que contiene los peritajes objeto de la presente solicitud, fue iniciada por la probable comisión del delito de homicidio y no por delitos de lesa humanidad. Asimismo, señaló que la Recomendación 51/2014, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso, no fue por violaciones graves a los derechos humanos.
Sin embargo, el comisionado ponente, Francisco Javier Acuña Llamas, determinó que de las circunstancias que rodean el caso y de los elementos de los que se allegó el Instituto para su análisis, los actos ilícitos cometidos en la comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México, deben darse a conocer al encontrarse relacionados con violaciones graves de derechos fundamentales.
Aunado a ello, destacó que la CNDH, mediante de un comunicado, emitido el 13 de enero pasado, dio a conocer que modificó la clasificación del expediente del caso Tlatlaya como investigación de "violaciones graves" a derechos humanos, con el fin de que las autoridades tomen en cuenta este hecho en las acciones que implementen para dar cumplimiento a la Recomendación 51/2014.
En ese sentido, el comisionado Acuña determinó que se actualiza el supuesto previsto en el último párrafo del artículo 14 de la LFTAIPG, el cual establece que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.
Investigan a veinte miembros de la PGJE
El procurador general de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, informó que son investigados 20 servidores públicos de su dependencia por la presunta tortura de tres víctimas en el caso Tlatlaya, de acuerdo a la Recomendación girada en este caso por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y quienes no han sido separados del cargo por el tema de "presunción de inocencia".
Entre estos se encuentran peritos, agentes y secretarios del ministerio público.
Informó que hasta el momento, la recomendación de la CNDH ha sido parcialmente cumplida en el tema de los cursos en materia de derechos humanos a funcionarios, al tiempo que confirmó que no hay consignación de ningún servidor público, sino sólo una investigación profunda.
