Con independencia de las acusaciones en los tribunales del Estado de Texas, el exgobernador Humberto Moreira y sus cómplices son culpables históricos de la quiebra económica y moral que sufrimos los coahuilenses, así como de la megadeuda que hoy por hoy, condena al Estado de Coahuila a un futuro inviable por los próximos veinte años.
Como consecuencia, los coahuilenses somos los únicos responsables de poner remedio a una situación crítica, en la que nos jugamos nuestro porvenir y el de nuestros hijos.
El proceso penal seguido en el caso "Conexión Coahuila" en la ciudad de San Antonio, Texas, pasa ante nuestros ojos como meros espectadores de una película que nos incumbe y sin embargo, permanecemos apáticos en espera de un desenlace que provenga de cualquier causa, menos de nosotros mismos.
A nuestra actitud cobarde corresponde que ante los señalamientos recientes que inculpan a Humberto Moreira, el expresidente nacional del PRI tenga el cinismo de alegar que la acusación en su contra es infundada, porque ha sido arrancada a un delincuente confeso, como parte de un trato con la fiscalía texana que concede beneficios al acusador.
Moreira pasa por alto que una inculpación de tal naturaleza sólo tiene valor cuando va acompañada de otros indicios acusatorios, que en el caso están plenamente probados: La megadeuda fue contraída de 2008 a 2010 cuando el personaje en cuestión era gobernador y en parte fue instrumentada con documentos falsos operados desde la Secretaría de Finanzas; Humberto dejó en su lugar como gobernador a un sustituto títere y después entronizó a Rubén Moreira su hermano consanguíneo, con todo el peso del dinero robado, y con toda la fuerza del poder como dirigente nacional del PRI.
La deuda fue legalizada a fines de 2011 por el Congreso del Estado integrado en aquel entonces por diputados priistas que deben su carrera política al moreirato, entre los que se encuentran quienes hoy día fungen respectivamente como Presidenta Estatal del PRI en Coahuila y como Presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRI en la ciudad de Torreón.
Por lo que toca a la Procuraduría de Justicia de Coahuila, durante el gobierno de Humberto Moreira estuvo profusamente infiltrada por el crimen organizado y actualmente propicia la impunidad bajo el argumento de que resulta imposible investigar el tema de la megadeuda, porque a decir de su actual titular los documentos contables respectivos fueron robados.
Esa es la historia y nos guste o no, es nuestra historia. Por ello los coahuilenses estamos legitimados para condenar al moreirato con criterios cívicos muy por aparte de los procedimientos legales seguidos en Texas, al emitir un veredicto histórico que nos corresponde en relación al pantano político en el que estamos hundidos.
Tenemos suficientes elementos de juicio para señalar a Humberto Moreira y a sus cómplices del pasado sexenio y del presente, como los responsables de la construcción y mantenimiento de una estructura perniciosa integrada por políticos, burócratas, comunicadores, contratistas privados, operadores electorales, y demás etcéteras, que han hecho presa de los coahuilenses.
Jamás hemos sido debidamente informados sobre el destino de los treinta y seis mil millones de pesos obtenidos como consecuencia del endeudamiento y los datos ambiguos que hemos podido arrancar del Gobierno y de la Auditoría Superior del Estado, acusan a simple vista un vacío de más de dieciocho mil millones de pesos.
La situación de Coahuila requiere una solución que sólo depende de nosotros y sólo será posible si las minorías selectas y los liderazgos sociales dirigentes de diversa índole, desde los organismos empresariales, los sindicatos y asociaciones profesionales, las universidades, los medios de comunicación, las iglesias y los organismos no gubernamentales en general, salimos de nuestra apatía suicida y actuamos en consecuencia.
