La semana pasada funcionarios del gobierno estatal y los ayuntamientos dieron a conocer las versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales, conforme a las nuevas disposiciones de la Ley estatal de transparencia. Este ejercicio en esencia representa una acción positiva y necesaria para brindar certidumbre sobre el desempeño de sus gobernantes a una ciudadanía que cada vez confía menos en sus autoridades. Sin embargo, varios aspectos detectados sugieren que aún se puede perfeccionar.
Si bien la nueva legislación obliga a todos los funcionarios a dar a conocer sus percepciones y sus bienes muebles e inmuebles, no se especifican los valores de sus propiedades, de tal forma que es imposible para el ciudadano saber si lo que poseen los gobernantes corresponde a su nivel de ingresos. Esta información es esencial para despejar las dudas sobre la adquisición de bienes por medio de actos de corrupción, sobre todo a la luz del presunto conflicto de interés que existe en la Presidencia de la República por la adquisición de residencias y la entrega de contratos a empresas cercanas al primer mandatario, Enrique Peña Nieto.
Otro hecho que supone que las medidas de transparencia recién aplicadas en Coahuila deben ser afinadas es que algunos secretarios estatales reportaron ingresos mensuales por su cargo mayores a los que establece el tabulador, e incluso superiores al del mismo gobernador. A nivel municipal, se detectó en el Cabildo de Torreón diferencias en el sueldo y errores en el cargo de un regidor.
Aunado a estas evidencias de fallas en el mecanismo de publicación de la información relacionada con los servidores públicos, el ejercicio también expone la falta de regulación respecto a las percepciones salariales de los gobernantes. No existen criterios claros sobre cuánto y por qué deben recibir como sueldo la cantidad que se les paga. Como muestra está el caso de los alcaldes de Francisco I. Madero y Viesca, quienes perciben ingresos superiores a los de sus homólogos de San Pedro y Matamoros, a pesar de que estos últimos municipios cuentan con un mayor presupuesto.
Sin duda, la publicación de las declaraciones patrimoniales representa un paso hacia adelante en la transparencia en Coahuila, estado que ha sido cuestionado en este tema por el asunto de la deuda que heredó la pasada administración y que aún no se ha aclarado en su totalidad. Un paso que otras entidades, como Durango, no han decidido dar. No obstante, sin las correcciones y ajustes debidos y la ampliación de los alcances, este ejercicio es insuficiente.
Un requisito fundamental de toda democracia es que la sociedad conozca a ciencia cierta cómo se invierten sus impuestos y a dónde van a parar todos y cada uno de los recursos del erario. También es fundamental que el desempeño de los gobernantes sea lo más claro posible para dar certidumbre al ejercicio del servicio público que hoy en México se encuentra inmerso en el descrédito y la desconfianza.
