La distancia entre ciudadanía y partidos-gobiernos se ensancha. De no cerrarla, reconfigurar, consolidar y abaratar la democracia, así como asegurar el desarrollo económico y reducir la desigualdad social será cada día más difícil... y gobernar imposible.
Es comprensible que los especialistas en política y elecciones adviertan el peligro supuesto en la utopía de imaginar una democracia sin partidos porque, en efecto, no hay tal. Pero enerva y resulta incomprensible que las propias dirigencias partidistas y las autoridades de gobierno se alejen de más en más y se burlen de la ciudadanía, fincando su sostenimiento en acuerdos cupulares y buscando su respaldo en grupos de interés que no abanderan, sino asfixian el reclamo de la sociedad.
Todos los días, desde hace años y no sólo en este sexenio, acciones y decisiones de dirigentes y autoridades agrandan la distancia con la ciudadanía, añaden una y otra gota al vaso social, colmado de irritación y malestar. Y lo peor, esa élite actúa de manera desarticulada, creyendo que su compostura individual o grupal se circunscribe a su exclusivo ámbito de interés o ambición particular sin afectar o desprestigiar, aún más, al conjunto de sus integrantes.
En la suma, sin embargo, esa actuación presenta a los ojos ciudadanos no actos aislados o inconexos de tal o cual protagonista político, sino a un grupo en el poder -así sea desde o en la oposición-, desinteresado e indiferente al anhelo y el reclamo ciudadano, a un grupo donde es difícil distinguir diferencias entre sus miembros porque, aun cuando digan lo contrario, son en extremo parecidos.
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Con la miopía de quien cree en el adagio lo que no fue en mi año, no fue mi daño, los integrantes de la élite política pretenden ignorar cuántos años han transcurrido sin atender aquel reclamo y cuántos daños (agravios) ha infringido a la ciudadanía. En ese tenor, el desentendimiento entre ciudadanía y partidos (incluidos los gobiernos emanados de estos) perfila, cada vez con mayor nitidez pero sin detallar su forma de expresión, el desencuentro por destino.
Aun con el revestimiento de litigios judicial-electorales, de legalidad a costa de la legitimidad, de prudente silencio ante la indagatoria en curso, de negociaciones políticas por encima de la ley, de justicia en defensa de un transa, de equidad sin capacidad o, incluso, de dictamen pericial que derrumba una supuesta verdad histórica... a los ojos de la ciudadanía no escapan los absurdos registrados tan sólo esta semana.
¿Cuáles fueron estos? Un indiciado, Arturo Escobar, verde de coraje, invierte su circunstancia: acusa al fiscal de sus tropelías y se declara víctima. Un magistrado presidente, Edgar Elías, informa del pasado pero omite el presente que cuestiona su estadía al frente de un tribunal. Ricardo Anaya, el dirigente panista envuelto en la bandera anticorrupción, enmudece ante el ex gobernador albiazul Guillermo Padrés. La Policía Federal canjea amotinados por policías secuestrados. El Partido del Trabajo recupera su registro, gracias al Tribunal Electoral, para cobrar de nuevo sus prerrogativas y fungir como aliado protegido del priismo. Una terna de mujeres, propuesta para que una de ellas ocupe un asiento en la Corte, pone en mal la equidad de género. Y un nuevo peritaje no muy convincente apaga la supuesta incineración de los normalistas desaparecidos y, ante ello, la autoridad sólo atina a pedir otro peritaje más: ¿cuántos peritajes requiere la verdad verdadera?
Tales absurdos que ponen las cosas de cabeza exhiben como un día sí y otro también autoridades y dirigentes políticos, legisladores, magistrados y ministros se burlan de la ciudadanía. Claro, sin contar el nuevo y majestuoso avión presidencial a punto de aterrizar que, desde luego, no cabrá en el hangar recién remodelado... pero permitirá llevar más invitados a donde sea.
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Por si tales acciones y decisiones no bastaran, en el Congreso de la Unión, la escuela parlamentaria del dando y dando e iniciativa aprobando arroja espléndidos resultados. Diputados y senadores satisfacen caprichos y puntadas legislativas de unos y otros, insertando en medio de ocurrencias proyectos legislativos de mayor calado apenas percibidos.
A cambio de aprobar la reforma de ley de pensiones de los burócratas y la ley de zonas económicas se concede descongelar la reforma política del Distrito Federal que, desde luego, interesa mucho a los partidos, pero no a la ciudadanía. Y, en muestra de espíritu de cuerpo, casi en coro, aprueban una nueva Secretaría, ahora la de Cultura. Desde luego, ningún legislador se interesa por saber el impacto presupuestal de esos proyectos, ni se pregunta si éste es el momento de impulsarlos.
Justo cuando se insta a la ciudadanía a apretarse el cinturón, pagar impuestos, cubrir multas, contar con permisos, ponerse al día con el predial porque el adverso e incontrolable entorno económico hará del año entrante una dificultad, los legisladores dan rienda suelta al gasto. Consideran pertinente y oportuno recargar el presupuesto con la reforma política de la capital de la República que dará nuevos dividendos a los partidos y con la Secretaría de Cultura que, de seguro, engrosará la burocracia y adelgazará a los creadores. Qué importan los recursos.
Cae el precio del petróleo, vuela el dólar, la economía no crece, pero con singular entusiasmo los legisladores, ante la rentabilidad política del tal o cual proyecto, levantan la mano o hacen felices la ola legislativa. Ya después se verá de dónde sale el dinero, a sabiendas que saldrá de los contribuyentes o del endeudamiento.
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Es cierto no hay democracia sin partidos, pero la advertencia no puede ser el argumento para tolerar a una élite política que, en su descomposición, día a día se empeña en agraviar a la ciudadanía y demostrarle que, haga lo que haga, no cuenta.
Ensanchar la distancia, en vez de reducirla, presagia un desencuentro.
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