— Piers Anthony
Tres mujeres de edad avanzada que no representan ningún peligro para la sociedad tendrán que pasar esta Navidad en la cárcel. Su delito fue ser testigos de una agresión y atreverse a testificar sobre lo sucedido. En México, sin embargo, rendir testimonio es un delito.
Los hechos originales ocurrieron en 2009, en la colonia Alianza Popular Revolucionaria de la ciudad de México. María de los Ángeles Saucedo Yáñez golpeó, con el apoyo de unos hombres, a una activista social, Martha Bórquez Meraz, en las inmediaciones del mercado. La agresión fue presenciada por un amplio grupo de personas.
La señora Bórquez presentó una denuncia por la agresión y el robo de un celular. Le fue difícil conseguir el apoyo de los testigos, ya que la agresora tenía fama de contar con buenas relaciones con miembros de la policía judicial. Dos vecinas que presenciaron los hechos, sin embargo, aceptaron testificar: Araceli Ulloa Ramírez y María del Carmen Ruiz Arán.
Las influencias de María de los Ángeles resultaron ciertas. La acusación en su contra no prosperó y ella reviró contra su acusadora y las testigos con una acusación por falsedad de declaraciones. Desde los años noventa este delito fue convertido en grave con el propósito de intimidar a testigos y lograr un descenso de las estadísticas delincuenciales. En un delito grave no hay presunción de inocencia. La simple acusación lleva al acusado a la cárcel mientras dura el juicio, aun cuando no haya sido declarado culpable.
La denuncia, iniciada en 2009, tuvo un largo periplo en los tribunales. El MP determinó ejercer acción penal en contra de las señoras Bórquez, Ulloa y Ruiz Arán por el probable delito de falsedad en declaraciones. Inicialmente se hizo una consignación sin detenido. El 3 de julio de 2015 el juez negó la orden de aprehensión, pero el MP apeló y la Novena Sala Penal del D.F., revocó el fallo, por lo que se giraron órdenes de aprehensión. El 4 de noviembre las tres señoras, de mediana y avanzada edad, fueron detenidas y recluidas en Santa Martha Acatitla, donde días después se les dictó auto de formal prisión.
La señora Ruiz Arán, de 65 años, tiene un ventrículo tapado, hipertensión y diabetes. Al ser detenida estaba a punto de ser sometida a un cateterismo en el ISSSTE. Los abogados le explicaron a ella y a las otras dos que en México una acusación en un delito "grave", como la falsedad en declaraciones, implica permanecer en la cárcel sin fianza durante todo el juicio, el cual puede durar meses o años. Primero se castiga con cárcel y después se juzga. Las mujeres optaron así por aceptar la recomendación de los abogados de declararse culpables con el fin de obtener un procedimiento abreviado y pasar menos tiempo en la cárcel en virtud de su edad y estado de salud.
La decisión parecía la correcta. El 25 de noviembre las señoras fueron declaradas culpables y se les condenó a una pena de cinco años de cárcel, pero con el beneficio de tratamiento en libertad y la suspensión condicional de la ejecución de la pena. El MP, sin embargo, recibió instrucciones de la Procuraduría de Justicia, influida al parecer por la señora Saucedo, de apelar la sentencia para mantener a las tres mujeres en la cárcel a pesar de lo inusitado de hacerlo después de una sentencia de culpabilidad.
La estrategia está hecha para hacer daño. Los tribunales están a punto de irse de vacaciones. Así como en el perverso sistema judicial mexicano el delito de falsedad en declaraciones está hecho para castigar antes de juzgar, la apelación antes de Navidad se hizo para mantener en la cárcel durante las fiestas a tres mujeres de la tercera edad, sin antecedentes penales, sin riesgo para la sociedad y sin siquiera haber cometido un crimen. Así es la justicia en México.
ALZA DE TASAS
La Reserva Federal de Estados Unidos finalmente elevó su tasa de interés de referencia a un rango de 0.25 a 0.50 por ciento. El largo período en que la institución estuvo meditando la medida, sin atreverse a realizarla, hizo más daño que cualquier alza.
Twitter: @SergioSarmiento