Ante las acusaciones de extorsión hechas públicas por los titulares del Gobierno del Estado y los cinco municipios de Baja California, Grupo Healy ha determinado presentar una demanda civil en su contra.
El pasado jueves 12 de marzo, el titular del ejecutivo estatal, Francisco Vega de Lamadrid y los alcaldes de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa; Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí; Ensenada, Gilberto Hirata Chico; Tecate, César Moreno González de Castilla; y Playas de Rosarito, Silvano Abarca Macklis, publicaron en diversos medios un desplegado en el que señalaban una "política de chantaje" de parte de LA CRÓNICA de Mexicali, FRONTERA Tijuana y FRONTERA Ensenada.
Ante esa situación, el departamento legal de Grupo Healy elabora el planteamiento de la demanda judicial procedente para exigir la responsabilidad resultante del hecho calumnioso que hacen quienes suscribieron el desplegado.
En los términos del artículo 1794 bis del Código Civil del Estado de Baja California se establece que están obligados a reparar el daño moral que hubieren causado las personas que imputan a otras un hecho determinado y calificado como delito si ese hecho es falso.
"Grupo Healy y los medios que lo conforman rechazamos de manera tajante los señalamientos vertidos por el gobernador del Estado y los alcaldes de los cinco municipios de Baja California", señala esta Casa Editorial en la postura difundida el pasado viernes.
Grupo Healy destaca que el objetivo como empresa editorial conformada por los diarios El Imparcial y La i, en Sonora y LA CRÓNICA de Mexicali, FRONTERA Tijuana y FRONTERA Ensenada en Baja California, es la de informar de manera objetiva, veraz y oportuna, como ha venido haciendo durante casi ya 78 años.
Las acciones tomadas por las autoridades estatal y municipales de señalar públicamente a Grupo Healy y suspender de manera inmediata toda relación comercial con esta empresa, se dan a raíz de una serie de trabajos periodísticos en los que se evidencian problemáticas económicas y sociales, tanto en Baja California como en cada uno de los municipios del Estado.
Las informaciones dadas a conocer por LA CRÓNICA, FRONTERA Y FRONTERA Ensenada incluyen, por ejemplo, el hecho de que Baja California ocupa el primer lugar en delitos del fuero común en la franja Norte del país y el reconocimiento de representantes de la Inicitiva Privada de la falta de acción del Gobierno estatal para inhibir dicha situación.
