Tras desatarse el escándalo del tráfico de bebés en Sonora, en donde se avaló la compra de los menores, el Procurador de Justicia del estado, Carlos Navarro, fue denunciado ante la PGR junto a otros funcionarios por la Fundación FIND, A.C., que busca niños robados y desaparecidos.
Ante esta acusación, la autoridad federal, además de atraer la investigación, inició una averiguación previa penal en contra de las actuaciones y omisiones de los funcionarios.
Juan Manuel Estrada Juárez, presidente de la Fundación FIND, denunció ante la PGR a Navarro, a la presidenta del DIF estatal, Iveth Dagnino, y al director de esta institución, Agustín Blanco, entre otros funcionarios, por omisiones durante la investigación de la venta de bebés.
Estrada Juárez, Premio Nacional de Derechos Humanos 2013 y 2014, dijo que junto con la denuncia a la PGR se giró un oficio de colaboración al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que ya investiga la posible venta de menores a parejas estadounidenses.
"Acudimos ayer (el martes) a la PGR a la ratificación de una averiguación previa registrada como la 807/2015 en contra de varios funcionarios públicos; entre los principales, el fiscal del estado, el procurador Carlos Navarro Sugich, por acción y omisión", indicó.
Entre las pruebas entregadas a la PGR, Estrada Juárez resalta que en mayo, cuando llevaron a declarar al entonces funcionario de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, estaba en posesión de una menor sustraída del DIF estatal.
"Es muy claro que había flagrancia cuando detuvieron a un funcionario público, pareciera que hay contubernio de funcionarios. ¡Lo dejaron libre!", reclamó.
"Esta persona, Vladimir, no actuó solo, indudablemente no pudo haber actuado solo. Es una red interna".
En la denuncia se incluye a la esposa del actual Gobernador Guillermo Padrés Elías, quien una vez enterada debió de ordenar una investigación a todo el DIF y a todos los funcionarios.
