La denuncia ratificada en el mismo acto incluye un video, grabado el 16 de junio en las oficinas de Abilia, en el que Becerra Pocoroba solicita el dinero a nombre de Pérez Romo y los demás condóminos. (Reforma)
El conflicto entre vecinos y el desarrollo inmobiliario Ruben Darío 225, propiedad de la empresaria María Asunción Aramburuzabala, pasó al terreno penal.
La inmobiliaria Abilia, que construye 122 departamentos en Rubén Darío 225, en Polanco, denunció por extorsión de 5 millones de dólares a Teresa Adriana Pérez Romo, esposa del periodista Joaquín Lopéz-Dóriga, quien a través de su abogado exigió esa cantidad a cambio de no parar la obra.
La denuncia, radicada en la fiscalía de Miguel Hidalgo bajo el número CI-FMH/MH-5/UI-3 S/D/00427/08-2015, también es en contra de Paloma Carrera Baños y Gabriela Torres Ramírez, vecinas de Pérez Romo, e incluye a sus abogados Mario Alberto Becerra Pocoroba y Érika Mendoza Bergmans.
"Realizaron diversas conductas en contra de mi mandante al haber solicitado en reiteradas ocasiones un beneficio económico en diversas formas, hasta llegar al absurdo de solicitar las cantidad de $5'000,000.00 (cinco millones de dólares) para que diversas autoridades del Distrito Federal dejaran sin efectos los procedimientos que se habían instaurado previamente", acusa el escrito, el cual fue presentado el 14 de agosto.
La denuncia ratificada en el mismo acto incluye un video, grabado el 16 de junio en las oficinas de Abilia, en el que Becerra Pocoroba solicita el dinero a nombre de Pérez Romo y los demás condóminos.
-En pocas palabras, quieren dinero, cabrón -sentencia el abogado.
-¿A eso se resume? -pregunta el representante de la inmobiliaria Abilia.
-A eso se resume, aunque se oiga así de brusco. No hubiera querido yo venir a decírtelo nunca, y a eso se redujo: quieren dinero. ¿Cuánto quieren? Quieren 5 millones de dólares -precisa Becerra Pocoroba.
Además de los 5 millones de dólares para los vecinos, el abogado tasó en 600 mil dólares el pago de sus honorarios por la supuesta prestación de servicios profesionales.
La exigencia fue precedida de tres verificaciones del GDF para suspender la obra, en una de las cuales se detuvo a 100 trabajadores.
La última acción fue un juicio de lesividad promovido en junio por la Consejería Jurídica del Gobierno capitalino, con el que pretende revocar los permisos ya otorgados.
En la denuncia se acusa que el hostigamiento ha sido realizado por la influencia que tiene López-Dóriga con las autoridades del Gobierno del Distrito Federal.
"Está plenamente acreditado que existió la amenaza de que si no se cumplía con dichas solicitudes económicas por parte de mi mandante, el propio Gobierno del Distrito Federal demandaría un Juicio de Lesividad, amenaza que fue cumplida (...) siempre haciendo alusión a la fuerza periodística del señor Joaquín López Dóriga y haciendo mención de la estrecha relación que se tenía con diversos funcionarios", establece el escrito.
La denuncia ratificada en el mismo acto incluye un video, grabado el 16 de junio en las oficinas de Abilia, en el que Becerra Pocoroba solicita el dinero a nombre de Pérez Romo y los demás condóminos. (Reforma)
