La ola criminal que ha azotado a la República Mexicana en la última década ha puesto en evidencia las fracturas que existen en el estado de derecho. La mayoría de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia se ha visto rebasada, y en muchos casos infiltrada. Es en este contexto que las familias víctimas de delitos se enfrentan a un drama por partida doble: padecer los actos delictivos y sufrir la incapacidad de las autoridades para aplicar la justicia.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2014 del Inegi, en México sólo 3 de cada 100 delitos (cifra negra incluida) tienen una resolución judicial. Esto se debe, por una parte, a que las personas que denuncian los delitos de los que son víctimas son la minoría, apenas el 6.2 por ciento. Entre las razones está la apatía, el miedo y la desconfianza en las instituciones. Y es que denunciar un delito suele ser en este país un ejercicio infructuoso. De acuerdo con la misma encuesta, la mitad de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público no llega a nada.
Hasta finales del sexenio pasado, la cifra de homicidios dolosos era el indicador base del grado de violencia en el país. Según un informe de la asociación México Evalúa, sustentado en cifras del Inegi y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en los seis años del gobierno de Felipe Calderón se registraron 101,199 homicidios dolosos, 37 por ciento más que los registrados en el sexenio de Vicente Fox. En el caso de la administración de Enrique Peña Nieto, hasta noviembre de 2014 se habían registrado 34,470 asesinatos, según datos del SNSP.
Sin duda esta estadística resulta preocupante, pero no es la única que refleja la grave situación por la que atraviesa la seguridad pública del país. De entre los números de la violencia, hay un dato que aún resulta incierto por el manejo descuidado que las autoridades -sean del color y nivel que sean- han hecho respecto al tema: el de los desaparecidos. Y, como lo han manifestado quienes conocen bien esta tragedia, sólo hay algo peor para una familia que la muerte violenta de uno de sus miembros, y es no saber en dónde está y no tener siquiera una tumba donde llorarle.
Aunque se han arrojado cifras sobre personas cuyos familiares no han vuelto a saber de ellos, hasta hoy no se tiene una estadística confiable y, mucho menos, concluyente. La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer en 2013 que los desaparecidos durante el calderonato fueron 26,121. No obstante, el año pasado la Agencia PAR, a la que pertenece El Siglo de Torreón, publicó que, hasta agosto, en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas se contabilizaban 22,322 personas, es decir, 14.5 por ciento menos que lo reportado por la Segob un año antes.
Para abonar a la incertidumbre y confusión, el propio titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró en mayo de 2014 a los legisladores de las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad que de las personas reportadas como desaparecidas en su base de datos, 22,688 fueron encontradas "con vida". Esto es, 366 más que las señaladas en el Registro Nacional.
Por si fuera poco, una investigación publicada la semana pasada por el portal Animal Político, y reproducida también en El Siglo de Torreón, reveló que las aseveraciones del secretario se basaron en información "inexistente". La Segob, la Comisión Nacional de Seguridad y el Secretariado Ejecutivo del SNSP, reconocieron en sendos oficios de respuesta a solicitudes de información que la base de datos a la que se refirió Osorio Chong "no existe". Es decir, a la fecha no hay certeza del número de personas que han sido víctimas de desaparición forzada en México, sólo estimaciones.
El tema de los desaparecidos ha cobrado renovada relevancia a raíz de lo ocurrido en Iguala, Guerrero, con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pero el tema no es nuevo. En Coahuila, en donde el gobierno del estado ha intentado responder a la demanda de un numeroso grupo de familias que sufren este drama, se han emprendido acciones como la promulgación de la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición; la creación de una base de datos, y un operativo masivo de búsqueda. No obstante, estas acciones no han estado exentas de controversia y críticas, incluso de las propias familias de los desaparecidos.
Respecto a la Ley, los empresarios consideran que es injusto que sean ellos los que tengan que cargar con la responsabilidad económica de los familiares de trabajadores desaparecidos.
Sobre la base de datos y el operativo, existen dudas acerca de sus alcances y confiabilidad ya que las cifras oficiales han sido contradictorias. Por ejemplo, el subprocurador especial Juan José Yáñez informó en febrero de 2014 que habían sido encontrados 500 restos humanos durante la búsqueda realizada en 11 municipios del norte del estado. En abril aseguró que no fueron 500, sino 2,459; y declaró que el objetivo del operativo era encontrar a 228 personas reportadas como desaparecidas en la región de los Cinco Manantiales, en donde se encuentra el municipio de Allende, lugar en el que se registró la desaparición de 300 personas en marzo de 2011, según reportes periodísticos. En diciembre pasado, la Procuraduría de Justicia de Coahuila dijo que sólo tenía reporte de 28 personas desaparecidas en Allende en el citado suceso. Es decir, apenas un 10 por ciento de lo reportado originalmente.
Y esto es lo que ocurre en el mejor de los casos, si vale la expresión; en entidades donde el gobierno al menos ha mostrado voluntad de atender el problema, aunque sin resultados claros. Hay otros estados donde ni siquiera se plantean la cuestión, como Durango, que también ha sido golpeado por la delincuencia organizada y donde también se sabe que ha habido desapariciones.
Con todas estas contradicciones y vacíos, no es extraño que en La Laguna los familiares de personas desaparecidas hayan decidido iniciar por su propia cuenta una búsqueda ante lo que consideran "indolencia e incapacidad" de las autoridades. Como reporta la periodista Angélica Sandoval en su nota publicada por El Siglo de Torreón ayer domingo, las asociaciones unidas en esta acción denunciaron que las instituciones gubernamentales "no realizan una búsqueda de campo" y sólo se enfocan en "meras declaraciones de gente que no tiene credibilidad". Silvia Ortiz, presidenta del Grupo Vida, quien lleva una década buscando a su hija "Fanny", declaró: "No vamos a buscar tonterías, vamos a buscar a seres humanos que eran amados, queridos y respetados; esta será una búsqueda científica".
Para ella, como para muchas otras madres de familia, han sido años de angustia, de sufrimiento y de tratar con autoridades que parecen no entender la dimensión del problema y la tragedia humana. Con autoridades que dicen y luego se desdicen para que al final no pase nada. Para ella, como para muchos otros, la paciencia se agotó y van a dar sus propios pasos. ¿Cuál es el siguiente paso de las autoridades?
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