El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, es un órgano autónomo de la administración pública, que tiene por objeto evaluar los resultados de la política de desarrollo social del Gobierno en sus tres niveles, a través de las instituciones responsables de operar los programas sociales a los que refiere el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2007.
El mecanismo de referencia creado en la transición a la democracia, cuyo destino está en grave riesgo, califica en forma negativa a los actuales gobiernos Federal y local en el Estado de Coahuila, en virtud del crecimiento del índice de pobreza en los últimos dos años, que determina un crecimiento del diez y siete por ciento para ubicar el número de pobres en estado de pobreza extrema, en ciento nueve mil setecientos coahuilenses.
El Gobierno Federal ha terminado por aceptar los resultados de la evaluación, no así Rubén Moreira que cuestiona los resultados de CONEVAL sin ofrecer argumento alguno para sustentar su inconformidad.
La explicación al respecto está a la vista en la utilización de los programas sociales para fines electorales y de control político partidista del sistema priísta, como se desprende de los altibajos que sufren los indicadores en los rubros de inversión pública y nómina de servicios personales, que en un movimiento de sube y baja se alternan según los tiempos electorales.
Así las cosas, El Siglo de Torreón informa en los últimos días, que de dos mil trece a la fecha, la nómina de sueldos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) en el Estado de Coahuila, registró un drástico incremento del ciento setenta y uno por ciento mientras que la inversión pública cayó un ochenta y dos por ciento.
Lo anterior implica que si en el año de dos mil trece se destinaron ochocientos veintiún millones de pesos a inversión pública vinculada al Desarrollo Social, en el año en curso se ha desplomado a ciento cuarenta y nueve millones de pesos. El gasto en servicios generales (nómina de empleados) tuvo un comportamiento inversamente proporcional, pues mientras en dos mil trece se destinaron trece millones de pesos, al año siguiente se disparó hasta trescientos setenta millones de pesos. Este manejo absurdo trae como resultado una política social errática que a su vez, es causa del aumento del índice de pobreza en el Estado.
A la mala noticia que lo anterior implica, se suma la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto ante la Comisión permanente del Congreso de la Unión el lunes pasado, con la que se pretende poner freno al endeudamiento ilícito de estados y municipios, en virtud de un intento del todo tardío que más parece orientado a vulnerar la autonomía financiera de dichas entidades para someterlas al control de la Federación, que resolver el problema de endeudamiento público fuera de control, que ciertamente existe.
La iniciativa presidencial contempla candados a la contratación de deuda y juicio político a gobernadores y alcaldes incumplidos, lo que dados los antecedentes en Coahuila constituye una burla. El pretendido respaldo de la Federación a empréstitos contraídos por Estados y Municipios que ofrece la iniciativa, es un privilegio mas concedido a los bancos acreedores, que ante los resultados del mal desempeño del Gobierno Federal en materia económica, no se cansan de exigir garantías adicionales. Hasta el momento no se advierte ningún beneficio para las finanzas locales, porque los saldos, tasa de interés y plazos de vencimiento no sufren cambio alguno y al fin y al cabo, los recursos disponibles para el pago de la deuda son los mismos.
Lo que se requiere para el mejoramiento de las finanzas públicas es la receta que el Moreirato y los demás gobiernos que siguen el mismo camino del desvío ilícito de recursos y del endeudamiento irresponsable no han querido aplicar: Orden y transparencia en el gasto, rendición oportuna de cuentas y castigo a los responsables de la sangría económica sistemática que padecemos.
