El caso de la deuda de Coahuila que dejó la administración anterior, que hasta ahora no ha sido transparentada en su totalidad y que sigue ejerciendo una fuerte presión sobre las finanzas públicas, puso los reflectores en el manejo de los recursos del erario estatal y obligó al actual gobierno de la entidad a aplicar medidas para intentar mejorar la confianza de la ciudadanía. Si bien es cierto que se han observado avances en materia de transparencia presupuestal, reconocidos por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), persisten los vacíos de información sobre en qué se invirtió por lo menos la mitad del dinero contratado a través de créditos, algunos de ellos con documentación apócrifa, situación que, contrario a lo establecido por el discurso oficial, continúa afectando a los coahuilenses. Pero el asunto del desorden financiero en el estado parece opacar lo que ocurre con el erario en los ayuntamientos, en donde la discrecionalidad también es una constante, tal y como lo revela el análisis de las cuentas públicas 2014 realizado por la Auditoría Superior del Estado, presentado hace algunos días.
Uno de los rubros que más llaman la atención es el del gasto burocrático, es decir, servicios personales (nómina) y servicios generales. De 2013 a 2014, un total de 30 de los 38 municipios de la entidad aumentaron su nómina para ejercer en conjunto 253.1 millones de pesos más. Destaca el caso de Saltillo, cuyo incremento fue del orden de los 150 millones de pesos en el primer año de administración municipal. En cuanto a servicios generales, 28 ayuntamientos aumentaron su gasto para acumular en conjunto 175 millones de pesos al alza. En este caso, el municipio que mayor incremento registró fue el de Torreón, con 51 millones de pesos más en comparación con el ejercicio 2013. En general, los gobiernos locales de Coahuila están gastando más recursos en sus burocracias sin que esto signifique necesariamente una mejora en el servicio que ofrecen a los ciudadanos.
Pero también dentro del rubro de servicios personales, la Auditoría detectó una práctica que es un secreto a voces: la incorporación de familiares de funcionarios de primer nivel en la nómina. Por lo menos 30 alcaldes reconocieron tener parientes trabajando en la administración. Un caso prototípico es el del presidente municipal de General Cepeda, quien ha integrado a su equipo de trabajo, con cargo al erario, a dos de sus hermanos, su esposa, dos primas y a cuatro sobrinos y primos de su cónyuge. Y esto sólo en lo que se refiere a los alcaldes. A nivel de tesoreros y secretarios del ayuntamiento el fenómeno se repite en 18 y 14 municipios, respectivamente. El uso patrimonialista de las administraciones locales es una constante en Coahuila, muy lejos de los criterios de eficiencia que deberían ser los rectores a la hora de contratar a los funcionarios. Familias enteras viven del presupuesto sin que pueda ejercerse una auténtica rendición de cuentas.
No es de extrañar que, bajo esta visión patrimonialista del ejercicio público, los gobiernos municipales incurran en irregularidades tan obvias como la de disponer de los recursos materiales y humanos de una administración para cobrar, a través de retenciones salariales, las cuotas de los partidos de los que emanan dichos gobiernos. La Auditoría detectó que el año pasado 22 municipios coahuilenses descontaron vía nómina porcentajes de ingreso a sus trabajadores para entregar el dinero a un partido político, principalmente el PRI, en 16 casos, Torreón incluido; pero también el PAN, en cinco, y el Verde, en uno. Es decir, las tesorerías de dichos ayuntamientos se convirtieron en los organismos recaudadores de esos partidos, con todo lo que ello implica en términos de responsabilidad jurídica.
Otro renglón que resulta preocupante es el de la deuda. De 2007 a 2014, la deuda bancaria de corto y de largo plazo y los pasivos circulantes y de largo plazo no bancarios de los municipios se incrementaron en un 152.1 por ciento; y tan solo en el último año, de 2013 a 2014, un 33.1 por ciento. Por volumen, sobresale el caso de Torreón, que acumuló el año pasado 554.8 millones de pesos en pasivos totales, es decir, casi 30 por ciento de la suma de todos los municipios. El municipio que le sigue es Saltillo, con 277.3 millones de pesos, o sea, la mitad de lo que debe Torreón. Por deuda per cápita, la lista la encabeza Abasolo, con 2,692.5 pesos por habitante. En resumen, los ayuntamientos coahuilenses cada vez recurren más al endeudamiento para cubrir los huecos presupuestales o para cumplir con el gasto público comprometiendo sus finanzas.
En términos globales, los municipios presentan una marcada tendencia hacia la vulnerabilidad, la falta de sostenibilidad y solvencia y la dependencia. Por vulnerabilidad se entiende "el riesgo de que las condiciones actuales puedan quebrantar el estatus de la deuda", según la Auditoría. En este sentido, nueve municipios se encuentran en situación crítica y 11 en situación de riesgo. La sostenibilidad tiene que ver con si los ayuntamientos pueden cumplir con el servicio de la deuda sin necesidad de aplicar en el futuro una corrección al balance entre ingresos y egresos. Aquí, 24 gobiernos locales se encuentran en situación crítica o de riesgo. Pero en términos de solvencia, es decir, de capacidad para pagar las deudas a su vencimiento, la cifra aumenta a 27. A lo anterior hay que sumar la falta de autonomía financiera, es decir, la excesiva dependencia de recursos estatales o federales motivada por una débil recaudación de impuestos. En promedio, la autonomía de los municipios de Coahuila apenas alcanza el 24.4 por ciento, lo cual los sitúa por debajo de lo deseable.
Para abonar a un panorama ya de sumo desalentador, la Auditoría realizó observaciones por un monto total de 451 millones de pesos a recursos ejercidos por los ayuntamientos, siendo Saltillo, con 72 millones, y Torreón, con 43 millones, los que encabezan la lista. Si, como se suele decir, el municipio es la célula de la República y el nivel de gobierno más cercano a la población, resulta alarmante que éste se maneje con los niveles de descontrol, ineficiencia y discrecionalidad referidos por la Auditoría. Ante ello, cabe la pregunta: ¿qué papel juega la ciudadanía, aquella que se supone debería vigilar el desempeño de sus representantes primarios y exigir un mejor ejercicio de los recursos que le pertenecen?
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