La mayor parte de los problemas que enfrentan las sociedades urbanas están relacionados con una ausencia de planeación o, en el mejor de los casos, con una planeación deficiente. Es fácil encontrar en esto un factor causal de asuntos que nos preocupan como la seguridad, la insuficiencia de servicios básicos, la marginación, el caos vial y la exclusión física de grupos de población. En consecuencia, la administración de territorios susceptibles de ser habitados tendría que ser una prioridad de los gobiernos, quienes debieran asumir una función rectora en este asunto tan relevante para la vida pública. No obstante, no ha sido así.
Lo que ha terminado por imponerse es una lógica de mercado a la hora de desarrollar nuevos sectores habitacionales y una visión ajena al principio de comunidad. Por eso resulta cada vez más frecuente encontrar ciudades, como Torreón, cuyos centros y colonias primarias se han ido despoblando y decayendo mientras nuevas colonias surgen en la periferia la mayoría de las veces desconectadas y aisladas de esa comunidad original. En lugar de soluciones comunes a todo el cuerpo urbano, se opta por salidas particulares que redundan en la segregación. Sin unidad no puede haber comunidad.
Por fallas u omisiones en la planeación amplios sectores de la ciudad, nuevos o viejos, presentan serias carencias en materia de servicios básicos. La expansión desordenada de la mancha urbana complica y encarece la dotación de esos servicios. Seguridad, agua potable, drenaje, transporte, pavimento y alumbrado, son motivo recurrente de quejas en nuestras ciudades. Pero también servicios como la educación y la salud han sido afectados por esta irracionalidad en el crecimiento urbano. Además, como ocurrió en Ciudad Juárez y aquí mismo en La Laguna, el considerar la planeación durante tantos años como un asunto no prioritario repercutió en facilitar al crimen organizado su apoderamiento de barrios, convertidos en auténticos bastiones sociales desde donde pudieron operar y nutrirse de carne de cañón, en su mayoría jóvenes excluidos sin una expectativa de futuro.
La renuncia de los gobiernos a asumir el papel preponderante en la planeación de ciudades ha resultado sumamente costosa. Dentro del problema general, la desordenada construcción de vivienda ha sido uno de los principales obstáculos para el desarrollo sustentable de los centros urbanos, tal y como lo advierte el reporte Vivienda y Planeación Urbana de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), de 2012. Según el diagnóstico, se calcula que en México cada año 90 mil casas son construidas en zonas no aptas para la vivienda y donde la dotación de servicios es hasta tres veces más costosa. ¿Dónde está la autoridad en este proceso? ¿Quién decide la viabilidad de estos nuevos asentamientos?
Otro problema es el transporte. La nula planeación, la ausencia de control sobre el servicio y la lejanía e inconexión de los nuevos asentamientos propician el aumento del parque vehicular privado que, a la postre, termina por impactar en el flujo vial de las ciudades. Al respecto, el informe de CMIC apunta que mientras el 80 por ciento de la población usa el transporte público para moverse, el número de autos particulares crece a razón de una tasa de 9 por ciento anual para mover al 20 por ciento restante. La consecuencia es clara: una mayor cantidad de autos en las calles, más conflictos de vialidad, aumento del estrés social y un incremento en el grado de marginación para quien no posee vehículo. El grueso de los recursos del presupuesto de infraestructura vial se destina a obras que benefician a los propietarios de carros, es decir, a la minoría de la población.
Pero las repercusiones en este desorden también son contrastantes. Por una parte se tiene un rezago considerable de cobertura de vivienda, alrededor de 120 mil unidades cada año. Por la otra, existen viviendas abandonadas por hipotecas vencidas. De acuerdo al reportaje de la Agencia PAR que hoy se publica en El Siglo de Torreón, hay alrededor de 108 mil casas en estas condiciones. Y la falta de ordenamiento territorial golpea como boomerang a quienes deberían atender el problema. Debido a los dos fenómenos citados, los ayuntamientos pierden la oportunidad de hacerse de más recursos a través del impuesto predial. Y con menos recursos y mal administrados se ven imposibilitados para incrementar la cobertura de servicios de forma ordenada. Así, mientras la ciudad se expande, la calidad de vida decrece. Es decir, un auténtico círculo vicioso.
Una de las soluciones propuestas por el gobierno de la República para superar este problema radica en el repoblamiento de los centros de las ciudades y sus colonias primarias. Esto es, compactar las urbes y evitar que sigan expandiéndose y alterando el medio ambiente. En principio suena lógico, pero se avizoran algunos desafíos. Los gobiernos estatales y locales deben asumir una mayor responsabilidad en la planeación y no dejar el crecimiento en manos del capital y el mercado. También es menester acotar la corrupción que en este tema es común, sobre todo a la hora de revisar los planes rectores de desarrollo urbano. Además, es necesario modificar la política de financiamiento de vivienda con el fin de armonizarla con los objetivos descritos. Por último, los tres niveles de gobierno tienen que idear soluciones para los problemas que ya existen y que son producto de décadas de desorden. La labor se antoja titánica, más vale que ya comiencen.
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