Dolor. La violencia de género es uno de los principales problemas en México.
El Instituto Nacional de Transparencia instruyó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a que dé a conocer el número de homicidios dolosos contra mujeres registrados entre 2006 y 2012.
La decisión es en respuesta a un particular al cual la secretaría indicó que la información solicitada no era de su competencia, por lo que le sugirió acudir ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El interesado interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual fue turnado a la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos.
A analizar el caso encontró que en marzo de 2012 la entonces Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención de Delito, de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob, elaboró un estudio especial relativo al homicidio doloso que incluye los delitos cometidos contra mujeres desde 2009.
Además advirtió que Gobernación entregó a la Cámara de Senadores un documento sobre los avances alcanzados en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia durante 2013 y lo que ha transcurrido de 2014.
En dicho informe se incluyen indicadores relacionados con la situación de violencia y delincuencia que afecta a la población y de manera específica se muestran estadísticas relacionadas con mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Por lo anterior se determinó que la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de su competencia, conoce de información estadística en materia de delitos, en específico, homicidios dolosos cometidos contra mujeres, detalló el INAI en un comunicado.
De forma adicional, Kurczyn resaltó que esa secretaría ha emitido alertas de género en 11 municipios del Estado de México y en ocho de Morelos, lo que permite advertir que el tema relacionado con los feminicidios es de alto impacto y de enorme afectación para la sociedad.
Expuso que si bien el Secretariado Ejecutivo es competente para conocer el universo al que pertenece la información requerida por el particular, eso no exime a la Segob de haber realizado una búsqueda exhaustiva de lo solicitado, conforme a la Ley de Transparencia.
En dicha búsqueda no podrá omitir a las unidades de Política Interior y Análisis de Información, así como de Información para la Seguridad Pública.
Tampoco a las direcciones generales de Información Legislativa, de Coordinación Intersecretarial y de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Además el INAI dejó a salvo los derechos del particular a fin de que, si resulta de su interés, acuda al secretariado o a las Unidades de Enlace de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para que solicite la información que sea de su utilidad.
Quitan reserva a datos de Ayotzinapa
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información instruyó a la Policía Federal (PF) a entregar las versiones públicas de bitácoras de servicios y otros documentos relacionados con el caso Ayotzinapa.
Entre ellos hay tarjetas informativas, partes de novedades, órdenes económicas de servicio y dictámenes técnicos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público y elaborados entre el 24 y el 30 de septiembre de 2014, por funcionarios adscritos a la corporación en Guerrero.
La Policía Federal había clasificado esa información como reservada porque forma parte de una averiguación previa y consideró que difundirla arriesgaría tanto las investigaciones, como a los elementos de la corporación, pues se darían a conocer estrategias y datos personales confidenciales.
El caso se turnó a la ponencia de María Patricia Kurczyn Villalobos, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), quien presidió una audiencia de acceso a la información clasificada por la PF.
Entre la información revisada se detectaron algunos datos que no estaban relacionados con la averiguación previa del caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa ni alguna otra, por lo cual se consideró que no aplica la reserva invocada por la corporación federal.
Sin embargo, en lo relativa a la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, Kurczyn consideró que debía ponderarse el derecho de acceso a la información sobre la reserva, pues se trata de un caso de violaciones graves a los derechos humanos de gran impacto.
"El interés de proteger documentales que se encuentran inmersos o guardan relación con la averiguación previa llevada a cabo por el Ministerio Público, se ve superado por la necesidad imperiosa de que la sociedad pueda conocer la participación que han tenido las autoridades en relación con los lamentables hechos del 26 y el 27 de septiembre de 2014", expuso.
"Pudiendo además conocer si la autoridad ha actuado con legalidad y en ese sentido, si se están llevando a cabo todas las diligencias necesarias para llegar a la verdad histórica de los hechos", sustenta la resolución.
