La participación en hechos criminales de un funcionario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila CDHEC el jueves pasado, es un botón de muestra del deterioro institucional y social que impera en nuestro Estado.
De acuerdo a la información disponible, el funcionario en cuestión fue detenido en posesión de veintiún kilogramos de marihuana, después de sostener un enfrentamiento a balazos con la policía en Ciudad Acuña.
Lo más increíble es que ante el suceso, el Gobierno de Coahuila rasgue sus vestiduras mediante una declaración de su vocero Federico Garza Ramos, que se deslinda del caso y marca distancia con el presidente de la CDHEC Xavier Diez de Urdanivia, como si el Gobierno de Moreira fuera ajeno a la imposición de Urdanivia al frente de la institución.
Según la letra de la ley, se supone que la CDHEC es un organismo autónomo, cuyo personal debe nutrirse de la sociedad civil, al margen de los poderes del estado, porque precisamente ha sido creada para acotar los actos de autoridad, para sujetarlos al estricto respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.
Los artículos 3 a 6 de la Ley de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila, disponen entre otras cosas que la CDHEC es un organismo público autónomo del poder estatal, que realiza sus funciones en base a diversos principios entre los que se encuentran los de independencia e imparcialidad.
En la práctica, en el tema de los derechos humanos, la transparencia, el arbitraje electoral y en todas aquellas funciones que requieren ser desempeñadas por organismos autónomos de la estructura del Estado, el Gobierno de Moreira se ha mostrado invasivo y ha usurpado los espacios que corresponden a la sociedad civil, haciendo nugatorio su desempeño.
Baste recordar en el caso de la CEDHC, que su titular Xavier Diéz de Urdanivia fue designado por el Congreso de Coahuila a propuesta del gobernador Moreira, sin mostrar credencial alguna relacionada con el perfil requerido para el puesto. Se trata de un funcionario público vinculado al ejercicio del poder, que lo mismo ha sido director jurídico del Gobierno del Estado o magistrado del Tribunal Superior de Justicia, que abogado interno de la paraestatal Petróleos Mexicanos, en tiempos del Pemexgate.
Por ello resulta del todo inadecuado que el gobernador Moreira haya propuesto a Diez de Urdanivia en la terna que para su designación envió al Congreso durante la Legislatura lacayuna que presidió Eliseo Mendoza Berrueto, y del hecho de que la propuesta carezca del perfil adecuado y sus consecuencias, debe responder el propio gobernador.
También es cierto que la realización de un delito por parte de un funcionario no descalifica de modo radical el desempeño de la institución, pero sí revela una pésima selección y control del personal, de lo cual deriva una ineludible responsabilidad tanto para la CDHEC como para el Gobierno del Estado, que ha vulnerado la autonomía de dicho organismo hasta convertirlo en un apéndice del poder público.
El presidente anterior de la Comisión Armando Luna Canales, también provenía de la estructura del poder y brincó de la CDHEC a la Secretaría de Gobierno en este mismo sexenio y hoy es candidato del Partido Revolucionario Institucional a una diputación federal por un distrito con sede en Saltillo. Tal es el perfil de los presidentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Coahuila durante el Moreirato.
El problema de fondo es que en Coahuila vivimos un régimen democrático sólo en el papel, que en la realidad constituye una dictadura familiar que avasalla a las instituciones y las hace inoperantes.
Ya se alzan voces que piden la renuncia de Urdanivia en cumplimiento al viejo principio según el cual, el hilo se revienta por lo más delgado. De ser así, lo más seguro es que sea substituido por otro burócrata sometido a Moreira, a despecho de la autonomía que la letra de la ley concede a la CDHEC.
