Clave. El nuevo sistema penal ha tenido problemas para ser instaurado en gran medida por la falta de recursos.
El Gobierno de Estados Unidos canceló repentinamente su proyecto más importante para apoyar la inminente implementación del nuevo sistema penal acusatorio en México.
El Departamento de Estado anunció el 22 de septiembre que no seguirá adelante con una ambiciosa licitación convocada en febrero pasado, para contratar el sistema informático de administración de tribunales que se utilizaría en 14 ciudades (de igual número de estados del País), y que podía extenderse a otras cinco.
También se informó que no hay nuevas fechas para convocar a otro concurso, pero todo indica que ya no será este año; sin embargo en México el sistema acusatorio tendrá que estar operando en todo el país para todos los delitos y fueros en junio de 2016.
"Un cambio reciente en el liderazgo de la Secretaría Técnica (Setec) resultó en una revisión de este proyecto", explicó el Departamento de Estado a las empresas que participaban en el concurso.
"Con base en dicha revisión, se determinó que las especificaciones del proyecto actual no describen adecuadamente las necesidades de Setec y de la Sección Antinarcóticos (del propio Departamento de Estado), por lo que los equipos y lugares en que serán instalados tienen que cambiar", agregó.
En anuncios previos, el Departamento de Estado había afirmado que este proyecto era "una prioridad para la Setec", órgano de la Secretaría de Gobernación que coordina la implementación de la reforma, y que está a cargo de María de los Angeles Fromow desde que inició el sexenio.
Los equipos que aportaría Estados Unidos incluían 140 servidores de datos, 140 servidores de aplicaciones, igual número de routers, 2 mil 310 computadoras, 700 impresoras, 70 sistemas de telefonía IP, entre otros.
Lo más importante serían las licencias para el sistema operativo, administración de base de datos, antivirus y demás software, que controlarían el flujo de expedientes y audiencias con los jueces, puntos cruciales para el funcionamiento del sistema acusatorio.
El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé una docena de categorías distintas de audiencias para ir desahogando los casos, lo que requiere precisión para agendar el uso de los espacios y el tiempo de los jueces, que siempre deben estar presentes.
"La administración del contrato corresponderá al Departamento de Estado, pero los productos y servicios serán donados al Gobierno de México, en términos de la Ley de Asistencia Foránea", explicaron funcionarios responsables de la licitación al responder preguntas de empresas interesadas el pasado 30 de junio.
Aunque no se publicó cuántas empresas participaron, los funcionarios tuvieron que responder más de cien preguntas.
Entidades como el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Federal de Justicia del DF han contratado sus propias soluciones tecnológicas para el nuevo sistema, aunque públicamente se conocen pocos detalles sobre estas compras.
