Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron hoy a tres empleados del Congreso acusados de la venta de plazas "fantasmas" en el Legislativo, como parte de una investigación por la cual se pide el enjuiciamiento de un diputado.
El Ministerio Público (MP) explicó en una declaración oficial que dirigió el operativo en conjunto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Los detenidos son Rony David Ruano López y Ana Lucía Reyes Bolaños, por el delito de asociación ilícita, y Héctor Augusto Reyes Gómez, por el delito de lavado de dinero u otros activos.
Por este mismo caso hay otras cuatro personas en prisión.
El pasado 25 de junio, los dos entes, que en los últimos casi cinco meses han emprendido una cruzada contra la corrupción y la impunidad, destaparon una red de corrupción en el Congreso y solicitaron un antejuicio contra el diputado Pedro Muadi, quien fue presidente del ente Legislativo en 2013.
De acuerdo con la CICIG y el MP, el legislador se apropió de unos 630.000 quetzales (82.000 dólares) a través de la empresa PSE S.A.
al haber contratado a 15 agentes de seguridad con un salario de entre 8.000 y 9.000 quetzales (900 a 1.100 dólares), de los que solo recibían el 25 por ciento.
Muadi, quien goza de inmunidad, fue denunciado por los delitos de asociación ilícita y peculado por sustracción, y será la Corte Suprema de Justicia la que decida si le retira ese privilegio.
Con el seguimiento que se la ha dado a la investigación, el MP reveló que además de las plazas de los guardias parlamentarios, conocida al inicio del proceso, existían otras contrataciones.
El modo de operar consistía en la suscripción de contratos laborales en diferentes plazas a solicitud y bajo las órdenes del diputado Muadi; así como la apertura de cuentas en un banco del sistema donde figuraba con firma registrada Claudia María Bolaños Morales, ya ligada al proceso por los delitos de asociación ilícita y peculado por sustracción.
Según el expediente, Rony David Ruano Gil y José Estuardo Blanco Aguilar (ligado al proceso y en prisión preventiva) intervinieron para que sus compañeros firmaran un contrato laboral en el Congreso, además de contactar con algunos familiares y otras personas para el mismo fin y de esta forma recibir un beneficio económico.
Mientras que Ana Lucía Reyes Bolaños, asistente del despacho de Muadi e hija de Bolaños Morales, realizó acciones consistentes en simular la asistencia a labores de los supuestos empleados contratados, al llenar las tarjetas de marcación de asistencia diaria.
Asimismo, Bolaños Morales, de las cuentas a nombre de los supuestos contratados, giró cheques a favor de ella misma y de su esposo, Héctor Augusto Reyes Gómez.
La fiscalía solicitará que Bolaños Morales también sea procesada por el delito de lavado de dinero u otros activos.
