Detención. Siete militares fueron detenidos ayer por las quemaduras a dos jóvenes en las protestas de 1986.
Siete exmilitares de Chile fueron arrestados por las quemaduras letales causadas a dos jóvenes, uno de los cuales murió, durante una protesta en 1986 contra la dictadura militar que gobernaba entonces.
Dos exoficiales del ejército y cinco exsuboficiales fueron detenidos el martes por la noche después que el juez Mario Carroza emitió la orden.
Este nuevo avance en la investigación ocurrió después de que un oficial declaró ante el juez en noviembre, lo que puso fin a un pacto de silencio de casi tres décadas en torno a uno de los casos más flagrantes de violación de derechos humanos durante los 17 años de la dictadura. Estas personas van a ser interrogadas para "que se busque algún tipo de información que nos permita decir si ellos son, y si tuvieron algún tipo de participación. Lo que sí sabemos es que todos ellos estuvieron allí en ese momento", indicó Carroza.
Los soldados rociaron con gasolina a Rodrigo Rojas, de 19 años, y a Carmen Quintana, de 18, y les prendieron fuego durante una manifestación el 2 de julio de 1986.
Rojas murió cuatro días después. Era un fotógrafo nacido en Chile, pero residía en Estados Unidos con su madre, en exilio político.
Quintana sobrevivió y se sometió a un largo tratamiento de recuperación por quemaduras graves en un hospital de Canadá, donde vive ahora. Durante una visita a Chile en 1987, el papa Juan Pablo II la abrazó y la consoló.
Ella agradeció el martes al exoficial, identificado como Fernando Guzmán, por aportar nueva información sobre el caso. En entrevista con Radio Cooperativa, dijo que los oficiales que cometieron la agresión eran adolescentes como ella y que también eran víctimas de la dictadura, porque fueron amenazados de muerte si hablaban.
"Hoy se dice finalmente la verdad, se valida lo que yo y tantos testigos sostuvimos y que más vale tarde de nunca", dijo Quintana. "Espero que ahora la justicia enmiende el camino que por tantos años de dictadura fue cómplice por el silencio".
En 1999, un juez ordenó al gobierno pagarle a Quintana 470,000 dólares.
El ataque con gasolina hace casi tres décadas fue condenado por gobiernos extranjeros y grupos defensores de los derechos humanos. El ejército negó toda responsabilidad y el general Augusto Pinochet insinuó que Rojas y Quintana se prendieron fuego accidentalmente porque llevaban material inflamable a las barricadas.
