La renegociación de la deuda pública de Coahuila que en estos días pretende concretar el Gobierno de Moreira, además de impagable resulta inconstitucional, a la luz de la reforma a los artículos 73 fracción VIII y 117 fracción VIII y otras disposiciones de nuestra Carta Magna, cuya reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2015.
La deuda a reestructurar declarada por el Gobierno asciende a la cantidad de treinta y seis mil millones de pesos en números redondos, si bien algunos analistas estiman que la deuda real alcanza cuarenta y dos mil millones de pesos. De 2011 a la fecha los coahuilenses hemos pagado diez y seis millones de pesos en abono de intereses, lo que indica que hoy día la deuda es mayor que la determinada hace cuatro años y hace patente que la deuda es impagable, a pesar de que como gran cosa se nos asegura que terminaremos de solventarla dentro de treinta años.
Además de la inviabilidad financiera que los datos precedentes determinan, la restructuración cínicamente festinada por el Moreirato es inconstitucional.
La reforma constitucional impulsada a nivel federal a iniciativa de la oposición a raíz de que se hizo pública la megadeuda coahuilense, entró en vigor el pasado 27 de mayo de 2015 y entre otras cosas, obliga a las entidades federativas a ajustar su marco normativo a las nuevas disposiciones en materia de deuda pública y obliga a que las Legislaturas de los Estados establezcan de modo expreso y preciso, los montos máximos de endeudamiento o reestructura en cada caso.
En el caso que nos ocupa Moreira pretende reestructurar la megadeuda de Coahuila mediante una ley aprobada el 11 de noviembre de 2014, que ha quedado sin efecto como consecuencia de la mencionada reforma constitucional reciente, y sin que el Congreso del Estado en el instrumento legislativo indebidamente aplicado, haya establecido un monto máximo de endeudamiento. Lo anterior, afecta de inconstitucionalidad y por ende de ilicitud, a la pretendida nueva reestructura.
Lo que mal empieza mal acaba. A pesar de los reiterados intentos del Moreirato para legitimar la deuda desde fines de noviembre de 2011 a la fecha, mediante la intervención de la nefasta mayoría priista en el Congreso Local en la pasada Legislatura y en la presente, lo cierto es que la ilicitud de origen persiste y se reitera en cada intento de legitimación en los que cada vez se cometen nuevos actos contrarios a derecho, tendientes al mismo objetivo inicial de naturaleza ilícita.
Lo anterior hace en el plano político, que el objetivo a lograr por parte del Pueblo de Coahuila, es el de echar del poder al grupo faccioso que es responsable del endeudamiento que condena a una pesada servidumbre a las próximas dos generaciones de coahuilenses y construir un nuevo gobierno sin compromisos con el Moreirato, que tome el camino jurídico para castigar a los culpables y obtener la reparación del daño económico.
En virtud del carácter fraudulento de la contratación primordial de la deuda, mediante la utilización de documentos públicos falsificados, estamos frente a un delito permanente, entendiéndose como tal en los términos del artículo 54 del Código Penal de Coahuila, el que se origina en un período de consumación, durante el que la conducta lesiva se prolonga por cierto tiempo.
El repaso de lo anterior intenta establecer una base jurídica de certeza en virtud de la cual, el pueblo coahuilense puede estar seguro de que los delitos cometidos por el Moreirato en el entorno de la megadeuda, no han prescrito y todo indica que su consumación de efecto sucesivo o continuado, permitirá imputar responsabilidades tarde o temprano.
Lo más interesante de todo, es que en virtud de que la responsabilidad del endeudamiento y sus ilícitas reestructuraciones sucesivas, implican a los banqueros e instituciones bancarias involucradas, en el terreno económico siempre existirá la posibilidad de ajustar cuentas y demandar la reparación del daño por actos ilícitos, a la que se refieren los artículos 1851 y demás relativos del Código Civil de Coahuila.
