Qué difícil considerar las fechas importantes del calendario cívico-político cuando sus principales protagonistas no se las toman en serio, pese a la pompa y circunstancia con que pretenden revestirlas.
La obligación constitucional del Ejecutivo de rendir un informe del estado que guarda la administración al inicio del período ordinario de sesiones del Legislativo se ha convertido en una ceremonia sin guión ni parlamento. Un acto donde ni el mandatario rinde cuentas de su gestión ni los parlamentarios analizan cómo va el gobierno. Un par de monólogos en reemplazo del diálogo o el debate, del equilibrio que debe haber entre dos de los Poderes -que se dicen- de la Unión.
El martes, en el Legislativo el informe pasó de noche y, pese a desconocerlo, las fracciones fijaron postura frente al documento e infinidad de asuntos. El miércoles, ajeno a lo dicho en San Lázaro, el Ejecutivo pronunció su mensaje, un texto largo en extensión, corto en contenido, reciclado en su propuesta, prometedor al inicio y sombrío en el remate.
Si, en su perversión, el Día del Informe se convirtió en el Día del Presidente y, luego, en el Día de la Interpelación, hoy celebra el Diálogo de Sordos. Fecha donde la clase política resume su divisa: somos los de siempre y no vamos a dejar de serlo.
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De entrada, un hecho singular. Los diputados de la nueva Legislatura olvidaron la cuestión del turno en la presidencia de su mesa directiva y, otra vez, colocaron en esa posición a un perredista, en este caso a Jesús Zambrano.
Esto es, los legisladores consideraron que el hombre más indicado para presidir sus trabajos y representarlos ante los otros Poderes es, precisamente, una de las cabezas de la corriente Nueva Izquierda que ha hundido al perredismo en una de sus peores crisis. Que el perredismo haya premiado a Zambrano con una diputación plurinominal puede o no entenderse; pero que el conjunto de los diputados lo haya elegido como su presidente, no.
¿A quién representa Zambrano en el Congreso? Si es a la denigración de la política, la decisión no tiene tacha. En todo caso, es una pena cómo el propio Zambrano borra los mejores capítulos de su biografía.
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Satisfecho con el envío de su informe al Legislativo -la Constitución dice presentar-, el Ejecutivo se guardó su contenido a fin de darle realce a su mensaje del día siguiente, ceremonia que no representa un acto de rendición de cuentas, ni supone la reflexión profunda de un jefe de Estado ante un grupo de invitados.
Bueno en su arranque -"Quiero hablarles de lo que nos molesta y perturba..."-, el texto no sostuvo la intención y, en cuestión de líneas, esfumó el tono autocrítico para derivar en la socorrida práctica del autoelogio y, más adelante, en el inventario de las cifras escogidas a modo para demostrar que "México se mueve hacia adelante".
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Tasas, porcentajes y números de ensueño. Estrategias, políticas, programas, acciones y cruzadas inimaginables. Hazañas, logros, metas y hasta medallas deportivas enumeradas a título de relación de triunfos. Sólo faltó detallar si el millón de laptops entregadas iban en caja o con funda.
Oratoria que confunde lo largo con lo profundo y se parapeta en el reconocimiento del problema como garantía de solución. Y, claro, los infaltables excesos. Ejemplo, Pemex. En uno de sus peores años, se dice que "los últimos doce meses han sido los de mayor transformación en su historia. Pemex dejó de ser una paraestatal para convertirse en una empresa productiva del Estado". ¿Cómo afirmarlo con los precios y la producción a la baja?
Luego, el manido recurso del decálogo que apela a la desmemoria para asombrar con medidas que, de novedad, tienen la reiteración de la promesa incumplida.
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El decálogo sólo tiene cuatro nuevos objetivos: los bonos de infraestructura educativa, el Programa Nacional de Inglés, la creación de la Secretaría de Cultura y los instrumentos de inversión bautizados como Fibra E y Certificados de Proyectos de Inversión.
Muchas de las restantes medidas constituyen el reciclado de las anunciadas el 27 de noviembre en el discurso "Por un México en paz y con justicia", un documento más sobrio y preciso.
La legislación secundaria para fortalecer el Estado de derecho forma parte de lo dicho en noviembre, lo mismo que lo relativo al Acuerdo para la Justicia, la creación de Zonas Económicas Especiales o los apoyos a la producción en zonas rurales de mayor marginación.
Otras medidas se han anunciado y reiterado en distintas ocasiones, en todos los casos sin abundar en ellas. Ejemplo: mantener la estabilidad macroeconómica o impulsar la austeridad presupuestal.
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Entre lo dicho en noviembre y en septiembre, hay cosas curiosas y lamentables.
Curioso que, nueve meses después, el 911 nomás no suena y la Clave Única de Identidad sea un secreto. Lamentable que, pese a la insistencia en subrayar que se mantendrá la estabilidad macroeconómica y se practicará la austeridad presupuestal, no se aporte un solo dato o se esgrima un argumento.
Llamativo, en el mensaje del miércoles, una omisión que implica una contradicción. El mandatario no justificó el reacomodo que llevó a cabo en su equipo de colaboradores. No lo justificó ni entonces ni ahora. La contradicción se advierte cuando, sobre la base de lo dicho en el mensaje, las políticas, los programas y las medidas marchan bien en las áreas donde realizó los cambios, ¿cuál fue entonces el sentido del reacomodo?
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El remate del mensaje no tiene par. Advertir a la nación, en medio de la incertidumbre política, el malestar social y la desconfianza en las instituciones reconocidas, no creer en las salidas rápidas ni falsas, en la intolerancia, la demagogia y el populismo, cuando esa tríada de despropósitos forman parte del catálogo con que se conduce la administración y cuando más de un cuarto de siglo lleva estancado el país, es un boomerang. La paja resulta ser la viga.
Echarle muchas ganas y más fuerza a un modelo agotado no supone algo mejor.
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