El pleno de la Cámara de Diputados inició el debate para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.
El Sistema Nacional Anticorrupción prevé castigar a particulares y a empresas que sean cómplices de faltas administrativas graves; así como a servidores públicos.
Dicho dictamen contempla que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (antes Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), pueda ordenar "la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva (empresa) cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la hacienda pública (erario) o a los entes públicos, federales, locales o municipales".
La reforma constitucional busca modificar 14 artículos, entre los que sobresalen, que el Tribunal Federal tenga plena autonomía y se encargue de imponer sanciones a los servidores públicos; que los órganos internos de control y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), queden exentos de secrecía en información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios.
El Senado de la República ratificará el nombramiento que haga el jefe del Ejecutivo del secretario de la Función Pública; y las participaciones federales (recursos de la Federación destinados a los estados) serán fiscalizadas por la ASF, hasta en un 92% y, el otro 8% serán revisados por los órganos locales (creados a partir de esta ley) como los impuestos al predial, sobre nóminas y espectáculos públicos.
