La delincuencia organizada, los movimientos sociales y los maestros organizados en la CNTE son amenazas reales que pueden descarrilar la jornada electoral, ya sea por la imposibilidad de instalar las casillas electorales, por obstaculizar la entrega de los paquetes electorales o por provocar un caos tal que impida en la realización misma de los comicios.
Aunque no es posible asegurar que el asesinato de 19 políticos ejecutados (de acuerdo al recuento que realizó y publicó el periódico Reforma) en torno a las campañas electorales, son víctimas del crimen organizado es una realidad que éste sí trata de influir en el proceso electoral por todas las vías a su alcance y una de ellas es la eliminación de candidatos incómodos o, al menos, el debilitamiento de sus estructuras o el atemorizar a sus posibles simpatizantes.
De acuerdo al recuento de dicho medio ha habido más de 70 incidentes violentos en nueve entidades: Distrito Federal, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. De estas nueve entidades en 3 se renovarán las gubernaturas de los estados, lo que hace todavía más complicada la situación.
Pero además de los asesinatos vinculados a los procesos electorales, como ha sido público, en las últimas semanas la delincuencia organizada ha desquiciado la vida de la zona metropolitana de Guadalajara y varias ciudades del norte de Tamaulipas, principalmente Matamoros; por no incluir en este recuento los múltiples acribillamientos ocurridos en el Estado de México. Así que a las 9, habría que sumar, al menos, estas 3 entidades con lo cual llegarían a 12, que son poco más de la tercera parte del país.
En este escenario es conveniente tener algún plan de contingencia para el próximo domingo 7 de junio, pues no es posible descartar que justo ese día sea seleccionado por los delincuentes para desquiciar alguna de las principales zonas metropolitanas o perpetrar algún atentado que altere la vida de dicha comunidad, con sus impactos sobre la tranquilidad de la jornada electoral. Hasta hoy, a lo más que se han atrevido, es a publicar un desplegado en un diario local, como hicieron en el 2011 en las elecciones de Michoacán, en La Piedad; pero eso no es ninguna garantía de que respeten el desarrollo pacífico de los comicios.
Lamentablemente no son la única amenaza que se cierne sobre el proceso electoral, pues al menos en Guerrero, el movimiento surgido a partir de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre del año pasado, no modifica su decisión de boicotear la celebración de las elecciones mientras no se resuelva dicho caso.
A ellos se suman los maestros organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que amenazan con boicotear la celebración de elecciones en el Distrito Federal, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, entidades en las que tienen el principal número de sus agremiados. En dos de estas entidades (Oaxaca y Michoacán) la decisión de la CNTE coincide con los asesinatos perpetrados por el crimen organizado; y una más, Guerrero, además con la inconformidad social a partir del crimen de Iguala.
La situación se complica porque las autoridades electorales privilegian las escuelas para la instalación de las casillas y, por ende, los maestros tienen la posibilidad real de controlar el acceso a dichas instalaciones, lo cual les facilita mucho las acciones que tienen que tomar para impedir la instalación de los centros de votación. Sin duda ésta fue una de las razones por las cuales las autoridades federales decidieron concederles la solicitud de suspender indefinidamente las evaluaciones de los maestros, que era una de sus principales demandas, sin embargo, por lo menos hasta el sábado por la mañana, los maestros mantenían invariable su postura.
Es la primera ocasión que las amenazas son diversas y distribuidas en todo el territorio nacional, pues en el pasado inmediato, particularmente en 1994, 1997 y 2003, hubo intentos, pero muy focalizados. En las elecciones presidenciales de agosto de 1994, se extendían a todo el territorio ocupado por los zapatistas en Chiapas, pero afectaban principalmente uno o dos distritos electorales; lo mismo sucedió en 1997, cuando pudieron impedir la instalación o recolección de paquetes de más del 20 por ciento de los centros de votación que se había planeado instalar en el Distrito 5, con cabecera en Ocosingo, Chiapas; y en el 2003, persistieron dichas amenazas y a ellas se sumaron algunas secciones electorales en San Salvador Atenco, Estado de México.
Así en todos los casos lo más que estaba en riesgo era la realización de elecciones en un distrito federal o un municipio; pero en esta ocasión el riesgo se extiende a entidades completas y, al menos, en tres de ellas se renovarán las gubernaturas y en elecciones muy cerradas y competidas, con lo cual la anulación de un porcentaje menor de casillas sí puede ser decisivo para el resultado electoral.
Las amenazas no son menores, por más que las autoridades electorales y civiles pretendan minimizarlas. Hoy es una realidad que la realización de elecciones está en riesgo en varias entidades de la república y es importante empezar a diseñar planes de contingencia para poder mitigar al máximo dichos impactos. Y tomar en cuenta que acudir a las urnas bajo la amenaza del crimen organizado no permite sufragar libremente, como lo expresa la Constitución.
