El debate ha comenzado. Las posturas a favor y en contra han cobrado fuerza a raíz de la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuatro mexicanos integrantes de una asociación civil promovieron un juicio de amparo contra las prohibiciones de la Ley General de Salud en materia del uso lúdico de la marihuana. Los ministros del máximo tribunal determinaron que dichas prohibiciones son inconstitucionales y, en consecuencia, esos cuatro mexicanos podrán cultivar, transportar y consumir la hierba con fines recreativos. Esta decisión, sin duda histórica, abre la puerta a un posibilidad que hasta ahora había sido un tema tabú en nuestro país: la legalización del uso de ésta y otras drogas consideradas prohibidas.
Apenas se dio un primer paso, puesto que aún faltan cuatro amparos para que se siente jurisprudencia, los cuales se espera que se resuelvan en las próximas semanas en el mismo sentido que el caso resuelto la semana pasada. Una vez que esto se dé, lo que sigue es la discusión sobre la comercialización y el consumo masivo para quien así lo desee. Pero esta posibilidad no está exenta de enormes retos que deben ser tomados en cuenta en el debate que ya se encuentra en marcha.
El argumento central del dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar y aprobado por la Primera Sala de la Corte es que el Estado no puede ejercer prohibiciones en la decisión personal de los individuos ni coartar su libertad en el desarrollo de su personalidad. En términos llanos, si una persona desea fumar cannabis, está en su derecho de hacerlo, como lo están las personas que beben alcohol o fuman tabaco. En el fondo subyace un principio ético: el libre albedrío de un ser humano a la hora de decidir qué hacer con su organismo. Sin embargo, bajo esta premisa, una eventual legalización de la marihuana implicará forzosamente ampliar el debate hacia otras drogas consideradas duras. ¿Por qué sí la marihuana, el alcohol y el tabaco y no la cocaína o la heroína, sustancias todas dañinas, en mayor o menor grado, para el organismo?
El debate se centra entre quienes ponderan la libertad defendida por la Corte y quienes observan graves riesgos sociales en una posible legalización de las drogas. Además, hay quienes creen que dar este paso traerá como consecuencia un golpe a los cárteles de narcotraficantes que operan al margen de la ley con las nocivas secuelas de violencia que dejan, pero también hay quienes consideran que esto no necesariamente será así. La discusión será larga y dura, sin lugar a dudas.
Lo importante es que dicha discusión se dé con la mayor información posible, con bases científicas y éticas y sin menoscabar los riesgos sociales que se advierten. Un punto de vital trascendencia y que es motivo de justificada preocupación tiene que ver con el cómo se protegerá a los menores de edad, demostrado por la ciencia que sí sufren una afectación importante en su desarrollo al consumir cannabis, para que no caigan en la espiral de las adicciones. En este sentido, se ha observado que las restricciones que existen actualmente en la venta de alcohol y tabaco no son respetadas por todos y que hay muchos niños y adolescentes que ya son consumidores de ambas drogas legales, con las consecuencias que ello conlleva en su desarrollo. Un modelo de apertura de la comercialización y uso de drogas hoy prohibidas debe tomar en cuenta este aspecto en aras de proteger a esta población altamente vulnerable. Por otra parte, está el hecho de que la libertad de los adultos que decidan consumir sustancias enervantes no debe sobreponerse a la libertad de terceros que decidan, para ellos y sus familias, vivir en un ambiente ajeno a los estupefacientes.
En cuanto a la actual política de combate al narcotráfico, ésta deberá sufrir un cambio radical. Algunos especialistas advierten que con la legalización de la droga los ingentes recursos que hoy se invierten en una “guerra” sangrienta y socialmente desgastante, que ha cobrado la vida de más de 100,000 personas desde 2006 y ha provocado la desaparición de 25,000 más a lo largo y ancho del país, pudieran ser reorientados para fortalecer las estrategias de prevención de las adicciones, con acciones más inteligentes y de más largo plazo, inclusive algunos se preguntan qué hubiera sido menos malo, ¿cien mil muertos o cien mil adictos? No obstante, otros opinan que la posible apertura en este tema no debe implicar una amnistía para quienes durante años se han dedicado a causar daño a la sociedad con asesinatos, secuestros, extorsiones y robos vinculados a su actividad de producción, distribución, trasiego y venta de droga.
Como se puede observar, los retos son muchos y grandes. En este contexto, lo deseable es que gobierno y sociedad generen un debate profundo e informado y que, a la luz de la decisión que se tome, estén a la altura del desafío.
