Si alguien cree que el Congreso de Coahuila siempre es una especie de extensión de oficina convalidadora de los quehaceres administrativos del poder ejecutivo en turno, está totalmente equivocado. Por lo menos aquellos que no se han dado cuenta que el actual gobernador constitucional de Coahuila además de ocuparse de todos los asuntos de poder que le confiere el mandato a que por ley se hizo acreedor, también voltea a mirar las leyes que regulan las relaciones personales que rigen a los coahuilenses.
Su hermano, léase su mentor, el profesor Humberto Moreira, más allá de que se aclare si fue o no el artífice de una deuda que por décadas habremos de pagar los coahuilenses y si ésta fue contratada de manera legal, comenzó con iniciativas legislativas que modernizaban desde su perspectiva, ahora el gobernador Rubén se ha ocupado también de actualizar el marco jurídico donde viven sus gobernados.
Apareció primero en el contexto de la creación de las sociedades de convivencia. Una figura novedosa que albergaba a aquellas parejas de diferentes génesis que por las razones que sean habían decidido hacer vida en pareja. Y como parejas, construyeron derechos y patrimonios que merecían ser reconocidos por la ley.
La cosa no terminó en eso. Ya en pleno sexenio del licenciado Rubén Moreira, el gobernador impulsó otra ley novedosa, por aquello del incremento lamentable a raíz del resurgimiento de la violencia, donde uno desaparecía un día y el otro también.
Don Rubén consciente de la lamentable situación, decidió que si alguna familia sufría (póngale usted las aristas que quiera) la pérdida por desaparición y con ello del sustento del padre de familia, acá en su estado la responsabilidad era del empleador, no del Estado.
Siguió don Rubén con sus leyes progresistas. Hace poco, como cualquiera se dio cuenta que las corridas de toros implicaban un maltrato animal inherente, más allá del arte al que recurren los taurinos, expidió una ley para prohibir la tauromaquia, aduciendo una vez más el progresismo. Con sus aristas, el tema es inapelable.
El problema es que la agenda "progresista" no puede avanzar siempre. Todo depende de la circunstancia política. Y hoy por hoy la circunstancia política indica que el alcalde de Torreón es quien tiene todas las posibilidades de ser el candidato del PRI a la gubernatura de Coahuila en 2017. No hay otro, máxime con el descarrilamiento de Enrique Martínez y Martínez, personaje político de talla que pudo haber hecho contrafuerza al mandamás del estado, el gobernador.
Hoy el camino para la sucesión parece totalmente aplanado: ¡lo va a escoger Rubén!
Partiendo de esa hipótesis todos los hechos apuntan a que el mandatario Moreira Valdez se ha decantado por Miguel Riquelme Solís.
Y es en esta coyuntura que un par de diputados locales de extracción priista presentó una iniciativa de ley para modificar el marco legal que regulan a los establecimientos comerciales para que ofrezcan cajones de estacionamiento; lo que significa que todos aquellos que cobren por el estacionamiento, léase el mall Galerías y la Plaza Cuatro Caminos fundamentalmente, entre otros, dejen de cobrar por el aparcamiento.
Tanto Shamir Fernández como Luis Gurza, diputados locales los dos, presentaron ante sus congéneres una iniciativa para joder a los capitalistas que osaron invertir en las plazas comerciales. De don Shamir era normal, él sabe hacer dinero, y más desde el poder. De Gurza, pues es una pena por su origen, defensor de la libre empresa y de la libertad personal antes, hoy presenta una iniciativa que contraviene esos principios, que a todas luces son populistas.
Pero ¡oh sorpresa!, Miguel Riquelme ha dicho que no está de acuerdo, que no se vale legislar para que aquellos que cobran por estacionarse, no puedan hacerlo.
Más allá de si Fernández o Gurza pudieran tener razón, su iniciativa está muerta, ya lo dijo Riquelme y así será, por lo menos en el PRI. Reconozco que el debate hubiera valido la pena, pero Riquelme ya dijo que no, por lo que no pasará esta iniciativa, ¿alguna duda?
