Los maestros, junto a los alumnos, son la pieza fundamental del sistema educativo de un país. Sin embargo, en naciones como México los maestros se enfrentan aún a serias dificultades para desempeñar su labor, las cuales van desde lo material y económico hasta lo institucional, pasando por la falta de capacitación suficiente. La Reforma Educativa aprobada hace poco más de dos años no ha permitido superar esas dificultades. Si bien puede resultar pronto hacer una valoración de resultados, lo cierto es que en este tiempo han surgido claros indicios de que dicha reforma es insuficiente, amén de que falta mayor voluntad de las partes involucradas, gobierno y sindicato, principalmente, para que se cumplan sus planteamientos.
La semana pasada El Siglo de Torreón publicó una serie de notas relacionadas con la nómina magisterial que la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer recientemente. En ella se pudo observar que, aunque la nueva Ley de Servicio Profesional Docente lo prohíbe, al menos en Coahuila y Durango existen todavía maestros comisionados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que cobran como si estuvieran frente a un salón de clases, incluso más que quienes sí desempeñan su labor primordial. También fue posible detectar una disparidad enorme en las percepciones de los docentes: mientras unos cuantos gozan de ingresos trimestrales por arriba de los 300,000 pesos, la mayoría recibe menos de 10,000 pesos. Y hasta el momento, las autoridades educativas no han explicado la causa de esta diferencia, salvo en el caso de tres maestros de Coahuila que entre enero y marzo recibieron 430,000 pesos, debido a “su nivel de preparación” y a los beneficios de la carrera magisterial, según informó la Secretaría de Educación (Sedu) del estado.
Muchos maestros enfrentan con sus alumnos en el día a día carencias materiales como la falta de equipo, insumos, servicios y espacios físicos que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje. En México, por citar un par de ejemplos, cerca del 40 por ciento de los planteles de educación básica carece de drenaje y poco más del 20 por ciento no cuenta con suministro de agua potable. Para atender parte de estas deficiencias, el gobierno de la República destinó el año pasado 7,500 millones de pesos a alrededor del 20,000 escuelas en condiciones de desventaja. No obstante, como ocurre con otros programas, la ineficiencia administrativa no permite observar avances considerables. Hace unas semanas el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) presentó un estudio sobre avances y pendientes de la Reforma Educativa, en el cual establece que hasta febrero de 2015 sólo se conocía el destino de 5.1 por ciento del total del recurso destinado.
Aunado a lo anterior, los maestros se encuentran inmersos en una estructura fuertemente controlada y con escasos espacios democráticos como lo es SNTE, cuyos líderes se arrogan el monopolio de la relación con el gobierno sin que exista una verdadera representación de la base magisterial, la cual queda lejos de la toma de decisiones sobre los programas educativos y, sobre todo, respecto a las mejoras que deben hacerse al sistema normalista para mejorar la capacitación y el profesionalismo de los docentes.
No obstante, contrario a lo que pudiera pensarse, los maestros no gozan de tan mala reputación entre la ciudadanía. En el Informe País 2014: Calidad de la Ciudadanía en México, del Instituto Nacional Electoral, los docentes aparecen como la segunda institución con más confianza ciudadana, sólo por debajo del Ejército. Y los sindicatos se encuentran en el tercer lugar de la lista de los que cuentan con menos confianza. Tal parece que los ciudadanos saben diferenciar bien entre la estructura sindical y los profesores. Este hecho debe ser considerado como una enorme oportunidad para dar el impulso necesario a que el maestro se convierta en ese motor del desarrollo del país. Pero para ello hace falta mucha voluntad política de los gobiernos federal y estatales y un compromiso real del sindicato.
