Vendida la apertura al capital privado para explorar y explotar petróleo y sus derivados como el trampolín para el auge económico del país, ahora resulta que quienes tomaron la apuesta están pasando aceite ante la caída de las expectativas. Las inversiones se están depreciando.
Uno de los casos más espectaculares es el del Grupo Alfa de Monterrey, el principal fabricante de petroquímicos del país, quien colocó hace un año un bono de deuda por mil millones de dólares para proyectos de energía… cuyo monto ha sufrido una colosal pérdida virtual.
La firma cuya principal subsidiaria en el ramo es Alpek, le apostó a un socio extranjero, la petrolera colombiana Pacific Rubiales Energy, adquiriendo el 20 por ciento de su capital.
El problema es que la caída dramática en el precio del combustible está corriendo en forma directamente proporcional a la depreciación de las acciones.
Éstas han caído 84 por ciento en su costo.
El año pasado los papeles que cotizan en el mercado de valores de Toronto, Canadá, se vendían en 22.63 dólares canadienses. Hoy están en 2.98 sobre la misma base.
El mes pasado Alfa había calculado una minusvalía de 595 millones de dólares… a los que se sumarían 237 de las últimas semanas.
El volado, pues, resultó fallido.
En el mismo escenario se ubican las empresas que le apostaron a la posibilidad de grandes contratos en el auge, apuntando a la construcción de plataformas para exploración en aguas profundas.
En la lista está Oro Negro, empresa que se creó, justo, a la aprobación de la reforma constitucional. La firma encabezada por Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, le apostó a la colocación de bonos de deuda cuyo costo se ha depreciado espectacularmente.
Los papeles se cotizan al 30 por ciento de su valor, lo que ha provocado un revoloteo en círculos de los llamados fondos buitre.
Los bonos avalan dos préstamos vía mercado de dinero: Uno de 725 y otro de 125 millones de dólares, con la novedad de que éste vence en diciembre próximo.
Uno de los compradores de los papeles es la firma Clean Water Capital, quien está al acecho de un posible default. Los papeles los adquirieron también administradoras de fondos para el retiro, entre ellas las de Banamex y Banorte.
En la ventanilla de pagos está también el astillero Kippel, quien tiene facturas a la vista por mil millones de dólares por la construcción de las plataformas reclamadas.
El callejón se estrechó cuando Petróleos Mexicanos anunció la cancelación de contratos de arrendamiento de las colosales estructuras, cuyo costo llega a medio millón de dólares… diarios.
La empresa productora de Estado está prácticamente descartando la posibilidad de iniciar nuevas exploraciones por su cuenta en aguas profundas.
La carambola le pega a la Perforadora México de Germán Larrea Mota Velasco, quien había solicitado la construcción de tres nuevas plataformas para llegar a cinco.
En el carnaval está también el grupo R de Ramiro Garza Cantú, quien hace cuatro años había construido la primera plataforma navegable para el país, que hoy se encuentra semiparalizada.
Otro de los que le entró a la piñata es Antonio Del Valle, quien creó una empresa denominada Plataforma Latina.
Efecto dominó.
BALANCE GENERAL
Finalmente la Secretaría de la Función Pública, a denuncia del órgano de control interno del Instituto Mexicano del Seguro Social, inhabilitó por un período cercano a cinco años para recibir contratos públicos a la firma Savi Distribuciones.
Estamos hablando de una de las principales abastecedoras de medicina del país, a quien se había acusado de haber participado en la megalicitación consolidada para abasto de medicinas del sector público con un registro sanitario de uno de los fármacos… que resulto falso.
La medicina de la discordia es Dexorubocina, incluida en la clase 10 de la convocatoria expedida para abasto de 2014.
La empresa dirigida por Jorge Escalona se había defendido aduciendo que el número y clave del registro del fármaco se los había proporcionado el fabricante, es decir Zurich Pharma.
De hecho, éste aceptó por escrito el ocho de noviembre pasado que era la titular del registro en duda.
El caso es que la propia instancia que expide éstos, es decir la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), presentó una demanda sobre el caso ante la Procuraduría General de la República.
El documento en que se dicta el castigo fue publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación.
La prohibición de entregar contratos a Savi alcanza no sólo a la Procuraduría General de la República y todas las instancias del gobierno federal, sino a las entidades federativas.
La empresa acusa al órgano de control interno del IMSS de actuar con alevosía y parcialidad, por lo que objetará la sanción en los tribunales.
FRENAN A INDUSTRIALES
¿Se acuerda usted de la forma en que se inició el actual gobierno de cara a los pagos a proveedores, cuyos retrasos provocaron el cierre de centenares de empresas micro y pequeñas? Bien, pues el fenómeno se repite, sólo que ahora con las entidades federativas y municipios.
A pretexto de la caída en las participaciones federales por la disminución de ingresos derivadas de la situación del petróleo, se están alargando una y otra vez los plazos para el pago de facturas.
El problema es que, a decir de Canacintra, la morosidad alcanza 100 mil millones de pesos, afectado a 40 mil empresas.
Algunas deudas se arrastran desde hace años.
La salida que plantea el organismo patronal es que sea la Secretaría de Hacienda quien cubra los pasivos… con cargo, naturalmente a las participaciones de éstas.
AEROLÍNEAS EN CINTURA
Aunque se ve difícil que pudiera llegar al pleno en el actual período de sesiones del Congreso, el Senado analiza en comisiones una iniciativa de reforma a la Ley de Aviación Civil.
La propuesta la colocó en la mesa el PRI, señalando la exposición de motivos la necesidad de poner un alto a los abusos de las aerolíneas de cara al público.
Entre los puntos planteados está el que se pueda exigir el cien por ciento del valor en caso de daño a los bienes de los propios pasajeros.
Se pelea, además, por indemnizaciones justas para pasajeros afectados por sobreventa de boletos; demoras provocadas por fallas imputables a las empresas y respetar ofertas por compras adelantadas de boletos.
