El amanecer no llega...

El horror de la noche del 15 de septiembre de 2008 se ha prolongado y multiplicado para quienes ese día fueron, estadísticamente, las víctimas colaterales de una guerra declarada por el crimen organizado al Estado mexicano.

Desde entonces, la oscuridad no termina para este puñado de hombres, mujeres y niños que quedaron atrapados en un laberinto de hospitales, medicinas, burocracia y caras de funcionarios de fastidio o lástima.

La mayor parte de los más de 130 damnificados vive en Morelia, aunque hubo víctimas de otros estados, quienes, por igual, vieron sus vidas y cuerpos destrozados para siempre.

Para quienes aún sufren las secuelas, a estas alturas de la tragedia no saben qué duele más, si las heridas provocadas por las esquirlas encapsuladas ahora en su carne, las múltiples cirugías a las que han sido sometidos para tratar de extraerlas, o la indolencia del gobierno del estado, que no termina de asumir su responsabilidad.

Han sido horas, días y meses completos de peregrinar -ellos o sus familias- por las oficinas de gobierno estatal, suplicando por apoyos para cirugías, prótesis, medicinas, comida o dinero para mantenerse.

Siete años han pasado y las víctimas de la tragedia se quedaron esperando las promesas de ayuda, fondos y solidaridad, que a bote pronto hicieron personajes prominentes, diputados y artistas en aquel momento.

Al día de hoy, sólo 40 de los sobrevivientes de los granadazos, quienes se quedaron sin nada, reciben a duras penas una pensión que no rebasa en el mejor de los casos 8 mil pesos, para los casos más dramáticos, considerados en un frío tabulador gubernamental en pérdidas de familiares directos o miembros del cuerpo.

Pero hay quienes en el camino, y al paso de los años, terminaron por ir perdiendo a la familia, a los amigos, partes del cuerpo y también la esperanza.

Más de uno de los sobrevivientes ha deseado la muerte antes que volver a ver la cara de fastidio o repulsión de un burócrata, de la secretaria de éste o del asesor de gobierno que le promete "llamarlo en unos días", "revisar su caso", o enviar un emisario, para luego mirar cómo las manecillas del reloj avanzan hacia los días, los meses y los años, en un tiempo que no termina de llegar.

Son los casos de Rafael Bucio, José Ángel López Bucio, María de Jesús Vázquez Silva, David Reyes, Rita Alvarado y María Encarnación Dimas López, quienes ahora se rebelan contra la vida y han deseado, en sus frecuentes depresiones, no seguir consumiéndose junto a sus familias, que han tenido que dejarlo todo para atenderlos.

 RAFAEL, EL FUTBOLISTA QUE NO FUE

La noche que sucedieron los granadazos, Rafael Bucio y su esposa Gloria Álvarez ni siquiera estaban cerca de la catedral.

Se dirigían hacia ese lugar, sí, pero se les había hecho tarde por haber pasado a dejar a su pequeña hija con su suegra, y cruzaban la avenida Madero en la esquina con la oscura calle de Quintana Roo.

En ese instante, un sujeto pasó a dos metros de ellos y dejó caer algo que parecía una pelota. En realidad, una granada de fragmentación.

A la pareja le explotó el artefacto prácticamente en la cara. Gloria Álvarez cayó fulminada y Rafael quedó inconsciente junto al cadáver de su esposa; despertó en el hospital.

A partir de entonces, Rafael tuvo que soportar 18 cirugías en la pierna izquierda antes de que se la amputaran en 2014, y en febrero pasado terminó por perder el brazo derecho, luego de media docena de cirugías.

"Soy un hombre en cachos. El doctor dijo que el brazo nunca quiso soldar. ¿Cómo iba a soldar si estaba lleno de fierros [esquirlas]?", se pregunta con la mirada puesta en el vacío.

A este hombre que aún no cumple los 40 años, se le ve demacrado; su nueva pareja dice que perdió peso y ahora es la sombra de lo que fue.

Tiene un color amarillo en la piel y una mueca que intenta ser sonrisa, que sólo muestra cuando hay visitas.

Al morir Gloria, él tuvo que quedarse a cargo de su pequeña hija que entonces tenía cuatro años. Sus padres, amigos y vecinos en un principio le ayudaban con los gastos, pero al paso del tiempo todo se diluyó.

"En ese entonces el gobierno dijo que sólo podía otorgarme una pensión de 8 mil pesos y con eso tuve que pagar medicinas, cirugías, mantener la casa, a mi hija y todo. Los del gobierno piensan que soy un limosnero", dice.

Después del accidente Rafa se quedó sin su trabajo en el taller mecánico y decidió juntarse con otra mujer. Además, su exsuegra le retiró la palabra y pelea por quitarle a su hija. Ya casi nada queda de aquel hombre que juraba que descubrirían su talento para patear el balón, que demostraba cada fin de semana en las canchas de futbol.

 EL CARPINTERO

Antes del atentado, José Ángel López Bucio tenía en su casa un taller de carpintería. Con eso mantenía íntegramente a su mujer y sus tres hijos. Sus ingresos, dice, no bajaban de 10 mil a 15 mil pesos al mes.

Después de los granadazos no hay dinero que alcance para curar las heridas físicas y emocionales de todos.

Como cualquier familia tradicional, fueron al Grito; él perdió las dos piernas, su esposa y sus hijos llevan el cuerpo plagado de trozos de metal que sus cuerpos han encapsulado en el estómago y el cuello.

Por el número de damnificados, que pertenecen a una misma familia el gobierno del estado los apoya con un cheque de 6 mil pesos al mes, y al año reciben la beca de Rafa Márquez, que es insuficiente para solventar escuelas, medicina y manutención.

José Ángel ha ido vendiendo poco a poco la herramienta de su antiguo taller. Con eso sortea los gastos de la casa y el hospital de las múltiples operaciones que le han hecho. "Les dije [a los médicos] que si de por sí iba a perder las piernas, que mejor me las cortaran de una vez. Los gastos de cada operación y las recuperaciones salen arriba de 30 mil pesos", informa.

También la solidaridad de los vecinos interviene y a veces les regalan cosas, comida y dinero. El cambio de administraciones gubernamentales ha terminado por mermar los apoyos para las víctimas del 15 de septiembre.

Después de la administración perredista, el gobierno priista de Fausto Vallejo disminuyó al mínimo los apoyos, argumentando crisis financiera, señalando que todos los casos serán sometidos a revisión, porque hay algunas personas que reciben dinero sin tener justificación.

A partir de este año los recursos serán desembolsados desde de la Dirección de Recursos Humanos del gobierno del estado, la dependencia ha ofrecido nivelar los apoyos para tratar de cumplir con el decreto oficial, ya que conforme se estipula en la ley "los subsidios deberían de estar a la par de los salarios mínimos vigentes".

 MARÍA SÓLO QUIERE EL OLVIDO

María de Jesús Vázquez no se interesa por otra cosa que no sea el olvido. Ella busca por todos los medios deshacerse de aquel ruido en su cabeza que fue lo último que escuchó cuando detonó la granada en la Plaza Melchor Ocampo, a unos metros de donde estaba.

"Nunca he olvidado aquel estallido. Fue como un cuete muy fuerte, muy cerca", señala. Toda la plática que sostiene es con base en ese ruido y lo que vino después. María de Jesús habla como si estuviera en trance.

"Lo peor del caso es que no hay a quién echarle la culpa y ahora hasta los que supuestamente fueron los responsables ya salieron de la cárcel", dice apretando los labios.

Ella era enfermera, sabe del dolor más de lo que quisiera, así como de medicamentos, agujas, sueros y sangre.

En su carrera le tocó ver de todo. Desfigurados, enfermos terminales, amputados, balaceados, y los horrores que pueden aparecer en un hospital; sin embargo, nunca pensó que sería uno de ellos.

De hecho ella trabajaba no en uno, sino en dos hospitales de la ciudad y era una buena enfermera a quienes sus antiguos patrones reconocieron siempre por su eficiencia y dedicación.

Cuando sufrió el accidente en la Plaza Melchor Ocampo, ella se negó a ser atendida en el IMSS, porque sabía, dice, que ahí "la política es siempre amputar antes que salvar un miembro" y ella llevaba la pierna izquierda destrozada por las esquirlas.

Recurrió entonces a la clínica particular en donde trabajaba y ahí le pudieron salvar la pierna por unos años más, hasta febrero pasado, cuando después de múltiples operaciones, las pequeñas, pero peligrosas astillas de metal de la granada que explotó cerca de ella, terminaron por ganarle la batalla y tuvieron que amputarle el miembro.

El cambio de roles en su vida es algo que nunca olvidará, porque también quedó en la calle solventando los gastos de sus operaciones, ya que el apoyo de sólo mil 500 pesos que le asignó el estado para cada mes desde ese entonces, no le alcanza más que para comprar gasas y algodón, aseguran sus familiares.

Hoy tiene miedo. De un tiempo a la fecha se le ha metido la idea de que pudieran venir a buscarla a su casa los presuntos Zetas que el gobierno federal encarceló por casi siete años como los supuestos autores materiales de la tragedia y luego, recientemente, liberó por falta de pruebas.

"No sé si fueron ellos. Yo no los vi. Nunca me llamaron a testificar, a lo mejor porque ni podía. Sólo sé que ahora estamos como al principio. Nadie pagará por lo que nos hicieron, por desgraciarnos la vida", remata.

 LOS TEMORES

David Reyes y Ana María González son otra pareja damnificada. Ambos tienen esquirlas en el cuerpo, en mayor número en las piernas, lo que les impiden andar con normalidad. David siente un hoyo en el estómago cuando se entera de que alguien ha perdido una parte del cuerpo debido a estos artefactos.

"Dicen que esas cosas viajan en el cuerpo a capricho, y que en una de esas se meten a un órgano importante, a un tejido o un hueso", menciona mientras mira la herida de uno de sus pies que no ha dejado de supurar desde hace seis años. El médico le ha dicho que necesita una nueva operación y que la única forma en que deje de expulsar sangre y pus, es amputándolo.

David no quiere, ni Ana tampoco. No desean imaginarse, dicen, como un par de viejos, pobres, mutilados y mendigando en las calles o en las oficinas de gobierno como lo hace la mayoría de las víctimas.

De los más de 100 damnificados de aquella noche, menos de 10 eran de otro estado de la República.

Sólo 40 mantienen una relación activa desde aquel entonces y han creado una especie de comunidad de apoyo, en la que comparten desdichas, información y se saludan de vez en cuando para verificar que siguen, de una u otra forma, adelante con sus vidas.

Peregrina de oficina en oficina

Su esposo murió en el atentado porque estaba a pocos metros de donde estalló el primer artefacto en la Plaza Melchor Ocampo. María Encarnación solamente recuerda que de un momento a otro Alfredo Sánchez desapareció de su lado. Ella se salvó porque se retiró unos metros para ir a comprar algo. Esa noche se fueron solos al festejo del 15 y dejaron a sus dos hijas en casa de sus suegros. Ajenos estaban a las amenazas previas que recibió el gobierno federal y estatal, vía telefónica, advirtiendo que se iba atentar contra la población civil.

También estaban alejados del caso omiso que hicieron los sistemas de seguridad a cargo del gobierno de Leonel Godoy Rangel y Felipe Calderón Hinojosa. "Sólo de pensar que mis hijas pudieron quedarse huérfanas, me da terror. Gracias a Dios ese día no iban con nosotros, sino quién sabe qué hubiese pasado", dice acongojada.

Una fotografía de Alfredo cuelga de una pared y debajo hay un altar permanente con veladoras encendidas día y noche y flores multicolores de plástico.

Para María y sus hijas no pasa un día sin que recuerden a su esposo, porque aquella noche la vida cambió radicalmente para todas.

"Yo tuve que salirme a trabajar, a mi esposo no le iba mal en su empleo de carpintero porque era un hombre fuerte y luchón. Nunca fuimos ricos, pero mientras él vivió nunca nos faltó nada; pudimos levantar esta casita y tener nuestras cosas. Hoy trabajo limpiando casas, planchando ajeno para sostener a las niñas. Ellas me obligan a levantarme", afirma.

María Encarnación recibe al año un cheque de 7 mil pesos del fondo que creó el futbolista michoacano Rafael Márquez para los hijos de las víctimas del granadazo, y ha tratado de buscar apoyos adicionales para solventar la escuela de sus hijas.

AÑOS

Hace del trágico Grito en Morelia.