La semana pasada en este mismo espacio declaraba que por más que se quisiese, la materia jurídica no puede ser catalogada como una ciencia tal cual, sencillamente porque aun aplicando criterios científicos, el Derecho puede llegar a entregar varias resoluciones distintas para un mismo supuesto, lo que no sucede por ejemplo en las matemáticas.
Aun con este aserto sobre la mesa, estamos viviendo en este momento tres interesantes asuntos que obligan nuevamente a prestarse atención debido a que tienen que ver con la ley y con la aplicación de la misma.
La primera de ellas es la suspensión provisional y luego la definitiva dentro de un juicio de amparo que un juez de Distrito concedió para revocar en la práctica la ley antitaurina que el gobernador Rubén Moreira le ordenó a su servil Congreso legislar para golpear a su rival político, el empresario taurino Armando Guadiana Tijerina. Con esto, mientras no se resuelva el fondo del asunto, las personas amparadas podrán seguir realizando corridas de toros en territorio coahuilense. Sin embargo, el marco jurídico mexicano tiene muchos recovecos y como ya el licenciado Moreira anticipó, el gobierno del Estado responderá por los canales legales que la ley les permita para combatir estos asaltos que parece haber perdido con su rival Guadiana.
Esos canales a los que se refiere el gobernador coahuilense significan un trabajo mucho más acucioso desde el poder legislativo local que para el caso es una extensión más de su administración, así que pronto vendrá la respuesta. Creo que al final se habrá de imponer el gobernador sobre Guadiana y los suyos, simplemente porque la soberanía coahuilense reside en su Congreso local y esa es propiedad del primer mandatario.
El segundo caso tiene que ver con la elaboración de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año entrante, particularmente en lo que se refiere al impuesto especial aplicado desde el año pasado a los refrescos de alto valor calórico. Esta imposición fiscal fue justificada formalmente por el legislativo federal con el argumento de que como México sufre de altos índices de obesidad, el gravar este tipo de bebidas inhibiría el consumo de las mismas y por lo tanto se podría combatir este flagelo que padece la sociedad mexicana que es el natural sobrepeso.
Resulta que este año, la Cámara de Diputados había votado por reducir a la mitad la carga de este impuesto para los causantes de la misma, que para ser claros hablamos de los grandes embotelladores de México, léase todos los concesionarios de Coca Cola y marcas asociadas, quienes dominan ampliamente el mercado de estas bebidas; pero al llegar la minuta al Senado, éste dio reversa a la propuesta de rebajar el impuesto de marras, lo que dio origen a encontronazos entre los políticos de siempre.
Al final del camino, la realidad es que el gravamen impuesto a los refrescos y algunos alimentos con alto nivel de azúcar, no fue otra cosa que un camino sencillo para el gobierno de hacerse de más dinero a través de un bodrio que el gobierno de Peña Nieto llama Reforma Fiscal.
El tercer asunto es de mucho más profundidad. Una asociación civil promovió un amparo que les permita el cultivo y consumo de marihuana con fines lúdicos. El asunto cayó en la sala primera de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y el proyecto del ministro Arturo Zaldívar que se ha podido conocer, es ciertamente obsequiar el amparo, con lo que en México habría ya el espacio para que el individuo pueda consumir si lo desease, sustancias satanizadas como lo es la propia marihuana. Con todo esto traería: la guerra, la corrupción, el enorme mercado negro y los intereses que mueven el mundo de los narcóticos.
¿Qué tienen en común estos tres asuntos? Pues la coincidencia de que se trata de asuntos donde el Estado somete y sobaja al individuo, aunque el tercer asunto parece que un poder estatal abolirá al menos un abuso. El primero es el caso de prohibir las corridas de toros, el argumento es el maltrato animal y la brutalidad que dicen es la fiesta taurina, pero en el fondo al final es prohibir una actividad que es del libre ejercicio de los participantes activos así como de los espectadores; el segundo, nuevamente el Estado quiere normar los hábitos alimenticios de los individuos mediante la coerción económica de ciertas bebidas y alimentos; y el tercero, arguyendo razones de salud, nuevamente el Estado coarta el derecho de la persona de decidir por sí mismo qué sustancias puede o no consumir, so riesgo cierto de su propia salud.
Tres ejemplos de cómo en la práctica, el Estado es un tirano respecto al individuo, porque los tres ejemplos descritos para empezar no son de aplicación universal: ciertamente los toros tienen un maltrato animal, pero ¿las peleas de gallos no?; la Coca Cola y el pan dulce tienen mucha azúcar, pero ¿las gorditas, particularmente las de harina, los tacos de La Joya (por citar unos clásicos laguneros) y cientos de antojitos callejeros no tienen harto contenido calórico?, y la tercera: el consumo de marihuana es pernicioso, pero ¿fumar decenas de cigarros diarios o beber alcohol de manera excesiva no es perjudicial para la salud?
Habrá entonces que estar atentos a cómo terminan estos tres asuntos, que tienen por supuesto sus particularidades, pero la coincidencia de la bota del Estado sobre la persona, pudiera al menos en estos casos, encontrar un espacio de libertad de la mucha de la que nos ha sido arrebatada.
