En un año cuatro meses, la historia del gobierno de Enrique Peña Nieto con el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, pasó del éxito a la ignominia. La mañana del 22 de febrero de 2014 “El Chapo” fue detenido por la Marina en un edificio de condominios de Mazatlán, Sinaloa gracias a un operativo en el que, entonces se presumió, no se registró un solo disparo. Alrededor las dos de la tarde de ese día, el presidente de la República emitió un mensaje en su cuenta de twitter: “Reconozco la labor de las instituciones de seguridad del Estado mexicano, para lograr la aprehensión de Joaquín Guzmán Loera (...)”. Los aplausos y reconocimientos internacionales y nacionales se fueron multiplicando con el paso de los días. El criminal mexicano más buscado en todo el mundo que había escapado en enero de 2001 de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, había caído de nuevo en manos de la justicia.
Unos cuantos días después, y montado en la ola del gran golpe al principal cártel del narcotráfico, Peña Nieto habló en entrevista con Univisión sobre los riesgos de una posible fuga. El mandatario dijo: “(...) sería algo verdaderamente más que lamentable, es imperdonable que ahora el Estado y el gobierno no tomen las debidas providencias para asegurar que los ocurrido hace algunos años se pudiera repetir (sic)”. Por esos mismos días, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que había instruido a la Comisión Nacional de Seguridad “que se tomen todas las medidas para evitar de ninguna manera una nueva fuga”.
Desde el momento de su captura, el gobierno de Estados Unidos mostró su interés por solicitar a México la extradición de Guzmán Loera, ya que en el vecino país existen órdenes de captura de seis distintas cortes federales que acusan de al menos 35 cargos al jefe del cártel de Sinaloa. Las principales incriminaciones son por lavado de dinero, asociación delictuosa y homicidio. No obstante, el gobierno mexicano si bien nunca descartó tajante esta posibilidad, explicó que la extradición sólo se daría una vez que el capo purgara sus condenas en este país. Al respecto, en enero de 2015, el entonces procurador de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que “’El Chapo’ se tiene que quedar aquí a cumplir su condena y después lo extradito. Unos 300-400 años después, falta mucho”. Y agregó que la extradición es apropiada cuando existen cuestiones de seguridad o riesgo de fuga, lo cual, dijo, “no existe”.
Pero la noche del sábado 11 de julio ese riesgo, negado por las autoridades, se convirtió en realidad. Las primeras investigaciones sobre la forma en la que Guzmán Loera pudo escapar del penal de máxima seguridad del Altiplano I, de Almoloya de Juárez, Estado de México, ponen en evidencia que, al igual que en el sexenio de Vicente Fox, las autoridades responsables de la custodia simplemente no hicieron su trabajo. “El Chapo” se escapó por un túnel de alrededor de 1.5 kilómetros conectado por un conducto al área de regaderas del penal. Un túnel que, según el comisionado de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, cuenta con tubería de para ventilación, alumbrado y una motocicleta sobre rieles para extracción de tierra, y que desemboca en una casa en obra negra. Misteriosamente nadie se percató de la existencia del túnel y de la casa por donde se presume que el capo escapó.
Desde Francia, el presidente Peña Nieto dijo que la fuga del “Chapo” representa “una afrenta para el Estado mexicano”. Pero la afrenta principal es para su gobierno, el cual ha echado por la borda los puntos positivos que la recaptura le había generado. En medio de los cuestionamientos constantes sobre la corrupción, la impunidad, las violaciones a los derechos humanos y la vulnerabilidad del estado de derecho, la fuga de Joaquín Guzmán Loera golpea de forma directa la capacidad y credibilidad de las instituciones nacionales no sólo en el interior del país, sino también en todo el mundo. Y al respecto el gobierno federal tiene dos cuestiones centrales que resolver: procesar a todos y cada uno de los que participaron por acción u omisión en la evasión; y, por supuesto, lograr la recaptura. En los próximos días veremos si puede y quiere. O ¿qué más se puede esperar si no lo hace?
