— Thomas Sowell
Un gobierno siempre nos dirá que sus medidas sólo tienen beneficios. Nunca, o casi nunca, discutirá los costos. Cuando el actual régimen subió los impuestos en 2014, afirmó que toda la población ganaría y que no habría más perdedores que los ricos y gordos. Hoy es claro que la economía pagó un costo elevado.
Lo mismo ocurrirá con las medidas para supuestamente combatir el cambio climático. El presidente fue a la cumbre de París a decir que en México somos tan machos que estamos dispuestos a sacrificarnos más que cualquiera para impedir que el planeta se siga calentando. Hasta ahí puede entenderse: es un buen desplante político. Pero además quiere hacernos creer que las medidas no tendrán costos. Sostiene la posición utópica de que es posible restringir el uso de energía sin provocar una caída en el crecimiento económico y, más bien, generar un círculo virtuoso de nueva inversión y expansión.
El presidente Peña Nieto se enorgulleció en París de que "fuimos el primer país en desarrollo en presentar nuestra contribución", esto es, recortar "en 22 por ciento las emisiones de gas de efecto invernadero y en 51 por ciento las de carbono negro" para 2030. Además comprometió a México "a generar el 35 por ciento de la energía con fuentes limpias para el año 2024 y el 43 por ciento para el año 2030".
El 16 de noviembre Bjorn Lomborg del Copenhaguen Consensus Centre en el Wall Sreet Journal ya advertía: "México ha colocado sobre la mesa la legislación más fuerte sobre el clima de cualquier país en vías de desarrollo al prometer de manera condicional recortar las emisiones de gas de efecto invernadero y carbono negro 40 por ciento por debajo de la línea de tendencia para el 2030. El gobierno mexicano calcula que recortar las emisiones a la mitad en 2050 costará entre 6 mil y 33 mil millones de dólares en dinero de 2005, pero estas cifras son exageradamente bajas. En estudios evaluados por pares, respaldados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la Unión Europea, se sugiere que para el 2030 el costo habrá llegado al 4.5 por ciento del PIB, o sea, 80 mil millones de dólares de 2005."
El presidente Peña parece tener esa convicción típica de los políticos de que basta con tener buenas intenciones para volverlas realidad. Por eso argumenta que imponer restricciones tan importantes en el uso de energía no sólo no tendrá consecuencias negativas sino que generará inversión, crecimiento y prosperidad. Pero la experiencia y la lógica nos dicen lo contrario. Las industrias mexicanas tendrán que pagar más por la misma energía. La nueva Ley de Transición Energética resultará en una industria menos competitiva y con menor crecimiento, y por supuesto en mayor desempleo, menores sueldos y mayor pobreza.
Algunas industrias mexicanas, como la siderurgia y la producción de vidrio, ya tenían problemas de competitividad por el elevado costo de la electricidad. Hoy que han empezado a bajar los precios por la reforma, se imponen restricciones al uso de energía con el argumento de que la industria puede pagar cualquier costo. Esta visión de la industria como gallina de los huevos de oro es sumamente peligrosa.
Si el golpe que el gobierno le está pegando a nuestra propia economía sirviera para detener o revertir el calentamiento global, podríamos entenderlo. Pero no. El sacrificio no servirá para nada porque las emisiones mexicanas no pintan en el panorama global. Tenemos un gobierno, sin embargo, que ofrece hacer un sacrificio que nadie le está pidiendo. Pretender que esto no tendrá costos es no entender cómo funciona la economía.
La Ley de Transición Energética no sólo hará que cueste más la energía sino que generará una nueva burocracia. Ya nos dicen que "si el mercado generador no abastece de suficientes CEL, será posible diferir la obligación del mercado usuario para que no caiga en el esquema de las multas". La complejidad generará ineficiencia y corrupción.
Twitter: @SergioSarmiento
