La globalización y el desarrollo tecnológico han propiciado un intercambio comercial e informativo sin precedentes en la historia de la Humanidad. Las capacidades actuales de comunicación y envío de mercancías hasta hace algunas décadas eran vistas como un sueño o producto de la ciencia ficción. No obstante, contrario a la oportunidad de progreso social y económico que ambos fenómenos prometen de inicio, la brecha entre países ricos y pobres se ha ido ensanchando y la desigualdad en las naciones consideradas de tercer mundo ha ido creciendo. Desde finales del siglo XX y lo que va del XXI, este contraste ha convertido a la migración humana en uno de los principales desafíos para la comunidad internacional.
Tan antigua como los primeros seres humanos que se organizaron para vivir en sociedad, la migración ha alcanzado en los últimos años dimensiones nunca antes vistas. El crecimiento sostenido de la población, la pauperización de amplios sectores en los países subdesarrollados, el control demográfico en las naciones desarrolladas y el aumento de las posibilidades técnicas de transporte, han motivado el movimiento de millones de personas de un lugar a otro con el fin de encontrar una mejor oportunidad de vida. En tan sólo 25 años se duplicó el número de personas que dejaron su país para llegar a otro con el objetivo de establecerse en él. En 1985, alrededor de 105 millones de personas se encontraban en esta situación; para 2010 la cifra ya era de 214 millones. Esto sin contar la migración interna, es decir, de una provincia a otra o del campo a la ciudad.
La condición de migrantes expone a las personas a un cuadro complejo de vulnerabilidad. Las circunstancias de traslado suelen ser precarias; su carencia de documentos los vuelve perseguidos por las autoridades migratorias; las rutas que recorren están llenas de peligros; el vacío jurídico que les rodea los hace susceptibles a hechos violentos que van desde el robo y las vejaciones hasta el secuestro, la esclavitud y el asesinato sin que haya castigo para los responsables, y, por último, deben enfrentar la estigmatización de la sociedad de los países que atraviesan o a los que llegan a residir. Dicha estigmatización se vuelve un obstáculo para que los gobiernos legislen y apliquen medidas para mejorar las condiciones de los emigrantes y salvaguardar sus derechos humanos.
Esta es precisamente la gran discusión que se libra en estos momentos en Estados Unidos y Europa. En la Unión Americana, el presidente Barack Obama ha puesto en marcha una estrategia para proteger a los inmigrantes sin documentos de una posible deportación, con lo cual podrían dejar de vivir en las sombras y obtener algunos beneficios legales. Sin embargo, los alcances de este “amparo migratorio” son cortos debido a la oposición que existe en el Congreso, sobre todo de parte del ala republicana que es la más conservadora. En el extremo, más allá de la estridencia de personajes como Trump, se sitúan voces que pugnan por un endurecimiento de las medidas migratorias con la idea de inhibir la llegada de más personas a los Estados Unidos.
En Europa, la ONU advierte cada vez con mayor frecuencia de la crisis humanitaria que se registra por los cruces a través del Mediterráneo de personas que van de África a la Unión Europea en busca de un mejor futuro. En lo que va del año, alrededor de 2,000 inmigrantes han muerto en las aguas del mar que separa a ambos continentes. Además de esto, los gobiernos de algunos países receptores han subido el tono de la xenofobia en la discusión. Tal es el caso del Reino Unido, cuyo canciller declaró recientemente que la inmigración africana es una amenaza para la estructura de la Unión Europea y por lo tanto debe frenarse a como dé lugar. Incluso el primer ministro, David Cameron, se refirió al fenómeno como una “plaga”.
Sin duda estamos frente a un asunto de suma complejidad que exige la colaboración de toda la comunidad internacional. Porque no sólo se trata de establecer acuerdos entre naciones para propiciar una migración legal y con certeza jurídica, sino también garantizar los derechos humanos de las personas en tránsito y, sobre todo, de disminuir la brecha socioeconómica mejorando las condiciones de vida en las regiones expulsoras. Si esto último no se realiza, ningún pacto o amparo migratorio bastará debido a que la emigración seguirá creciendo. Pero la primera acción que se debe tomar en todas las naciones es eliminar todo rasgo de xenofobia y racismo de la discusión, ya que en nada contribuye a solucionar el problema.
