El paso es irreversible. La Suprema Corte de Justicia ha abierto un camino que terminará, más pronto de lo que imaginamos, en la legalización de la marihuana. Importa que haya sido la defensora de la Constitución la que haya dado el primer paso porque a ella corresponde la definición cotidiana de las libertades. No lo ha hecho en demérito de la democracia. Ha actuado en nombre de su segundo principio. Si el primero es el mando de la mayoría, el complementario es el resguardo de los derechos. Tan importante éste como aquél.
La actuación de la Corte es motivo de celebración no solamente por el sentido de su resolución sino también por la travesía de su fallo. Se trata, a mi entender, de un camino esencialmente democrático que debe ser saludado en tal carácter. Es el ciudadano quien, equipado de argumentos e invocando la ley, reclama la actuación del Estado. Tras un complicado periplo, los jueces ponderan razones y deciden. Sin las estridencias ordinarias de los parlamentos ni las oscuridades técnicas de los gabinetes, exponen su razonamiento frente al país. El proceso es ejemplar: el Estado se inclina ante el individuo que es capaz de demostrar su razón. Los particulares no necesitan exhibir contingentes sino hilar argumentos. Armados con el derecho son capaces entonces de reencauzar la maquinaria de las reglas. La estructura del poder da la espalda a los cálculos de la clase política y se sujeta a lo que dicta la ley. A la aritmética de los votos se agrega la lógica de los derechos.
¿Puede alguien dudar que el muro del prohibicionismo terminará por caer? ¿Alguien cree posible dar marcha atrás al paso que se dio esta semana? ¿Puede pensarse que, en una década, la prohibición pudiera mantenerse en pie? La pregunta, a mi juicio, ya no es si la marihuana se legalizará o no. Las interrogantes relevantes son otras: cuál será el modo de reglamentarla; cuál será la estrategia del gobierno federal para tratar el complejo problema de salud pública que implica su despenalización; cuál será el modelo que adoptaremos para tratar el consumo y el comercio de esta droga. Desde la cúpula del Estado se lanza un desafío a las instituciones representativas. El amparo concedido al grupo que aspiraba al reconocimiento íntegro de su libertad exige actuación a la pareja de los poderes parciales. Ejecutivo y legislativo deben actuar ya, sin evasivas. La autorización del máximo tribunal debe ser entendido así: como un llamado urgente a la decisión. Por supuesto, es necesario debatir, pero ya no hay tiempo para postergar el acuerdo indispensable para la reglamentación del uso y el comercio de la marihuana. No sería admisible que un asunto como éste tome por sorpresa a los responsables de la conformación de la política pública.
La Suprema Corte ha enfocado el tema de la marihuana con el lente de los derechos humanos. A este enfoque debe suceder, como bien lo ha pedido el ministro José Ramón Cossío, definir una alternativa al prohibicionismo. Más allá del reconocimiento de una libertad personal, es indispensable reconstruir nuestro marco normativo y reencauzar prudentemente la política pública. Las reacciones del gobierno federal y del principal partido de oposición han sido lamentables. En una palabra, han sido desoído el mensaje de la Corte. El Ejecutivo ha optado por leer la decisión con el más estrecho criterio imaginable. La ha interpretado como un simple acto judicial que no altera, más que en la esfera de cuatro individuos, el marco jurídico del país. Pueden tener razón estos burócratas de la ley, pero la tienen como el miope que ve solamente lo que tiene frente a la nariz e ignora lo que se asoma a un metro de distancia. Un gobierno que no se cansa de ostentarse como vencedor de los prejuicios, sigue teniendo en este asunto la mirada puesta en el pasado. En lugar de aceptar la invitación de la Corte para conducir el proceso de legalización, reitera sus manías. El Partido Acción Nacional sigue rehuyendo la definición que, a estas alturas, debería adoptar con toda claridad. Su presidente se ha limitado a repetir la cantaleta de que hay que discutir los méritos y los peligros de la legalización de la marihuana. Anaya se atreve a decir que en su partido no están a favor ni en contra y convoca al debate.
La Suprema Corte de Justicia lanzó un desafío a la clase política. Por la naturaleza misma de sus decisión, fue el más amable de los exhortos. Puede actuarse hoy para anticipar lo inminente. Sería imperdonable que no se asumieran las consecuencias del derribo inevitable del prohibicionismo.
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