Los casos de Iguala, con autoridades municipales perredistas involucradas en la desaparición de los 43 normalistas, y de la llamada "casa blanca" de la primera dama Angélica Rivera, han hecho resurgir con fuerza el debate sobre la corrupción en México. Pero si revisamos la historia reciente del país, no son, por mucho, los únicos. Lo que llama la atención es el escaso avance que se ha tenido en la aplicación de estrategias eficientes para acotar la corrupción en los tres niveles de gobierno.
Resuenan fuerte aún los escándalos relacionados con las administraciones federales panistas: Oceanografía, acusada de cometer fraude a Citigroup y una de las principales contratistas de servicios de exploración petrolera de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón; la Estela de Luz, obra proyectada para celebrar el bicentenario de la Independencia de México y que terminó costando casi ocho veces más que lo presupuestado originalmente, y HSBC, que ante la falta de controles financieros, pudo lavar durante años ingentes cantidades de dinero del crimen organizado en México, como los mismos ejecutivos del banco reconocieron. En este sentido, más recientemente, el caso Ficrea ha demostrado que las autoridades no han puesto atención en establecer una regulación más estricta y efectiva sobre el sistema financiero.
A nivel estatal también se han registrado casos: el Distribuidor Vial Revolución en Torreón, el cual tuvo que ser demolido por fallas en su construcción; la deuda de 35,000 millones de pesos contratada por el gobierno de Humberto Moreira en parte con documentos falsos y sin que hasta ahora se haya explicado el destino que tuvo el dinero. En Durango, se han dado a conocer casos como el del exgobernador Ismael Hernández Deras, investigado el año pasado por legisladores debido a una fiesta millonaria, y el del exalcalde de la capital, Adán Soria, que enfrenta desde 2014 un proceso por presunto fraude. Pero quizás el asunto más grave fue el relacionado con el extinto Cereso de Gómez Palacio, de donde salían con total libertad los sicarios que mataron a decenas de personas en bares y una quinta en Torreón.
En el ámbito local también hay tela de donde cortar. Entre los temas que más han ocupado los titulares de la prensa regional y nacional destaca la infiltración del crimen organizado en las policías municipales. En lo que respecta a contratos de obra pública, la asociación empresarial Fomec cuestionó la concesión de alumbrado público en Torreón a la empresa Construlita bajo el argumento de que el contrato contiene condiciones financieras que perjudicarán al erario municipal en los próximos 15 años. Y en plano más cotidiano, las quejas por las llamadas "mordidas" que aplican los agentes de tránsito continúan y el fin de semana se dio a conocer que más de la mitad de los elementos de Vialidad está bajo investigación por esas prácticas.
Por todo lo anterior, no es extraño el resultado de la encuesta realizada por el Barómetro de Opinión Pública de México Avanza. La mayoría de los entrevistados percibe un alto nivel de corrupción de sus autoridades: 4.15, 4.05 y 3.76 sobre 5 en Torreón, Lerdo y Gómez Palacio, respectivamente. Pero resulta preocupante que la inmensa mayoría de los ciudadanos cree que es poco o nada factible acabar con este flagelo: 85 % en Torreón, 91 % en Gómez Palacio y 93 % en Lerdo.
Más allá de los grandes escándalos por posibles casos de corrupción que se dan a conocer en la prensa, existe la percepción de que dicha práctica se ha convertido en un modus operandi en el ámbito público de la vida nacional. La semana pasada, el presidente de la República, en entrevista exclusiva para El Siglo de Torreón, insistió en que la corrupción es un asunto cultural y dijo que está arraigada no sólo en el sector público sino también en el privado. Y también aseguró estar comprometido con establecer los mecanismos necesarios para acotar el problema. No obstante, en contrasentido, hoy se da a conocer en este medio que el monto a través de adjudicaciones directas de contratos han aumentado en proporción 3.7 veces, mientras que el método de licitaciones ha disminuido en el actual gobierno federal. Y tal y como lo advierte el académico Alejandro Tuirán, las adjudicaciones directas aumentan el riesgo de corrupción en el ejercicio de los recursos del erario. El discurso oficial, una vez más, no encuentra consonancia con la realidad.
Aunque todos los partidos considerados grandes han sido salpicados por escándalos de corrupción, algunos han tomado como bandera la creación de un sistema nacional para enfrentar el problema de cara al proceso electoral. Pero las propuestas lanzadas hasta ahora parecen insuficientes. Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, en reciente entrevista para El Siglo de Torreón comentó que las reformas a realizar deben ir más allá que crear un fiscal o zar anticorrupción. Se requiere, explica, que otras instancias estén involucradas y que las facultades de la nueva oficina no sólo se centren en la persecución de los delitos de servidores públicos, sino también en las relaciones corruptas. Además, sugiere que es necesario que los actos de corrupción puedan ser perseguidos de oficio, sin que sea requisito una denuncia.
Sin duda, la corrupción es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la República. Se calcula que este problema genera pérdidas que equivalen al 9 por ciento del Producto Interno Bruto. Para avanzar en la consolidación de un modelo eficiente que aminore la carga que representa este lastre es necesaria la voluntad manifiesta, en hechos y no sólo en palabras, de quienes tienen la principal responsabilidad por ocupar cargos públicos. Y para ello se requiere de una sociedad civil organizada y vigilante del desempeño de sus gobernantes. De lo contrario, las leyes y reformas corren el riesgo de quedar en letra muerta y las instituciones de continuar atrapadas en lo que se ha convertido en un verdadero laberinto.
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