Fin de semana en Matamoros: balacera durante 36 horas. En Río Bravo, se pasea un convoy de camionetas con 15 a 20 hombres armados. En las carreteras que conducen a Ciudad Victoria, bajan y secuestran a pasajeros de autobuses foráneos. En Altamira, las oficinas del DIF local son asaltadas.
Todo lo anterior sucedió en Tamaulipas durante la última semana. Pero bien pudo haber sucedido en casi cualquier momento de la última década. Desde al menos 2005, ese estado fronterizo ha sufrido una epidemia de violencia criminal. Y no por falta de presencia federal: con diversos grados de intensidad, ha habido despliegue casi constante de tropas federales (en buen número) desde 2007.
¿Qué pasa en Tamaulipas? ¿Por qué ese estado no ha reaccionado ante la violencia a la manera de su vecino Nuevo León, u otros estados norteños (Chihuahua, Baja California, Coahuila, Durango)?
No hay una respuesta única ni definitiva, pero van algunas hipótesis no excluyentes:
1.- Tamaulipas tiene una acendrada cultura de la ilegalidad. Es, al fin y al cabo, el estado de Juan Nepomuceno Guerra, del contrabando a gran escala, del imperio de "La Quina". Sobre tres de los últimos cuatro gobernadores, han recaído sospechas (fundadas o no) de complicidad con bandas del narcotráfico. En ese entorno, una respuesta flácida ante el crimen y la violencia parecería lo esperable.
2.- La clase empresarial tamaulipeca está decididamente orientada hacia el exterior. Sus negocios están a pocos kilómetros de la frontera y los pueden operar desde el lado estadounidense. En consecuencia; tienen menos incentivos que, por ejemplo, sus pares neoleoneses para presionar eficazmente a las autoridades para el restablecimiento de la paz y el orden.
3.- La población de Tamaulipas se encuentra dispersa en múltiples centros urbanos. En esas circunstancias, se vuelve más difícil coordinar esfuerzos y articular una respuesta, en contraste con Nuevo León donde 80 % de la población vive en la zona metropolitana de Monterrey.
4.- Tamaulipas ha desarrollado una adicción a la presencia federal. Todos los operativos de 2007 a la fecha, fueron anunciados como temporales y subsidiarios. Acabaron siendo permanentes y sustitutivos. El despliegue masivo de soldados, marinos y policías federales, en vez de crear un espacio para el desarrollo de capacidades propias, acabó convirtiéndose en una muleta ¿Para qué construir una policía competente si se puede contar indefinidamente con el Ejército y la Marina?
Desde una perspectiva de política pública, hay poco que hacer con los tres primeros factores, al menos en el corto plazo. La cultura y la economía del estado son lo que son y la población está donde está. Pero sí está al alcance del gobierno federal modificar los incentivos perversos que genera su intervención permanente en los asuntos tamaulipecos. Se podría, por ejemplo, establecer una fecha límite, razonable, pero firme, para la presencia masiva de elementos federales. Pasada esa fecha, la continuación del operativo federal estaría sujeta a una severa condicionalidad, tanto política como financiera. El erario estatal tendría que cargar con la mayor parte del costo del operativo y sería obligado un recambio en los principales puestos de decisión del estado (¿incluyendo, tal vez, al gobernador?).
Una política de esa naturaleza no estaría exenta de costos, pero al menos tendría la virtud de alterar la ecuación política de la seguridad en Tamaulipas. Es incierto si eso sería suficiente para restablecer algo de orden al estado, pero de lo que no hay duda, es que la reiteración de las mismas fórmulas va a seguir conduciendo al fracaso que ya conocemos.
@ahope71
Analista de seguridad
