En los últimos años, el descontrol ha sido la marca de los gobiernos estatales en México a la hora de contratar deuda. La desaparición -por lo menos momentánea- del régimen factual del partido de Estado, motivada por la alternancia del cambio de siglo, permitió entre otras cosas que los ejecutivos de los estados actuaran con una mayor libertad en materia financiera. No obstante, el tránsito fallido hacia un sano federalismo con contrapesos reales fuera y dentro de las entidades propició el desaseo, la discrecionalidad y la irresponsabilidad. Un ejemplo de ello es el crecimiento acelerado, y no del todo explicado y justificado, que ha tenido la deuda subnacional en el país. Para intentar poner freno a los excesos en la contratación de empréstitos por parte de estados y ayuntamientos, el Congreso de la Unión aprobó la semana pasada un paquete de reformas constitucionales que, a grandes rasgos, quita facultades a estos gobiernos para concentrarlas en el poder legislativo federal. En teoría, no será la Presidencia de la República la que, como antaño, de facto controle a las entidades en esta materia, sino que ahora serán los diputados y senadores quienes, de jure, regulen los compromisos financieros de los gobiernos subnacionales.
Sobre el incremento de la deuda de los estados, es importante revisar las cifras para dar al problema su justa dimensión. Entre 2000 y 2007 el monto de los adeudos totales de las entidades se duplicó al pasar de 90,731.3 millones de pesos (mdp) a 186,470 mdp. Si bien este aumento es considerable, es poco en comparación con el que se dio en los siete años posteriores. De 2007 a 2014 la deuda subnacional prácticamente se triplicó para alcanzar los 509,609.3 mdp, cantidad que equivale al 3.1 por ciento del Producto Interno Bruto. No cabe duda que, en general, la apuesta de los ejecutivos estatales para hacerse de recursos en los últimos años ha sido el endeudamiento. Pero hay unos casos más graves que otros. Sobresale, entre ellos, Coahuila, cuya deuda se multiplicó por 113 entre 2005 y 2011. Otros son Chihuahua, que entre 2008 y 2013 multiplicó por 7 su deuda; Veracruz, por 4 entre 2009 y 2014, y Nuevo León, por 3 entre 2008 y 2014, de acuerdo con los datos disponibles en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (www.shcp.gob.mx).
El argumento de los titulares de los ejecutivos de las entidades para incurrir en este nivel de endeudamiento ha sido el de disponer de más recursos para obras y programas, es decir, lo que llaman inversión productiva. No obstante, este argumento ha sido puesto en entredicho por partidos de oposición y organismos críticos del desempeño sobre la base de la poca transparencia en el ejercicio del gasto. En este sentido, nuevamente Coahuila representa un ilustrador ejemplo. De los 36,509 mdp de deuda que dejó la administración de Humberto Moreira y Jorge Torres, la mitad no está justificada en las cuentas públicas del sexenio. Bajo el lema "lo que se ve no se pregunta", el Partido Revolucionario Institucional, que gobierna la entidad desde hace más de siete décadas, pretendió salvar el asunto poco antes de la toma de protesta de Rubén Moreira. Pero el faltante no ha sido aclarado, así como tampoco se ha dado a conocer, a tres años y medio de distancia, el resultado de las investigaciones sobre la contratación de parte de los créditos con documentos apócrifos y decretos falsos.
Con las reformas que aprobó el Congreso de la Unión se pretende eliminar el riesgo de que lo arriba descrito se repita. Los artículos de la Constitución a modificar, en caso de que así lo autorice la mayoría de los legislativos estatales, son el 25, 73, 79, 108, 116 y 117. Con ello, el Congreso federal tendrá facultades para contratar empréstitos; aprobar anualmente los montos de endeudamiento, y analizar la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados. Además, se prohíbe que estados y municipios ofrezcan en garantía recursos federales para contratar deuda, y los obliga a inscribir todos sus créditos y obligaciones de pago en un registro público único. De ahora en adelante, los gobernadores y alcaldes sólo podrán adquirir deuda con mayoría calificada de los congresos locales, únicamente para proyectos de inversión, no para gasto corriente, y para cubrir sus necesidades de corto plazo, a liquidar en tres meses, con el fin de evitar que los compromisos se hereden a futuras administraciones. En suma, los gobiernos estatales y locales tendrán las manos menos sueltas y estarán bajo una mayor supervisión no sólo de las auditorías estatales sino también de la Auditoría Superior de la Federación, y en caso de malos manejos, podrán enfrentar procesos judiciales.
Aunque al menos en el papel estas medidas se antojan pertinentes, queda todavía la duda de cómo se van a aterrizar para que en realidad se apliquen y tengan los efectos deseados. De entrada se observa el incremento de facultades de un órgano, el Congreso de la Unión, que no ha sido hasta hoy el bastión de la transparencia y la rendición de cuentas y que, además, se encuentra con frecuencia inmerso en los vaivenes del juego electoral lo que puede propiciar un uso politiquero y revanchista de sus nuevos instrumentos, sobre todo en el caso de que el partido gobernante (del color que sea) llegase a contar con una mayoría absoluta o incluso relativa, respaldado vía alianzas por partidos afines. Por otra parte, estas reformas no resuelven el problema de fondo en el asunto de la discrecionalidad y el descontrol en las entidades: la ausencia de contrapesos internos reales y la falta de mecanismos para dar poder a la ciudadanía que le sirva para vigilar de forma más efectiva el desempeño de sus gobernantes. Pero esto último, quizá, pudiera ser el eje de una deseable reforma del Estado mexicano.
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