El cinismo del actual Gobierno Federal no tiene límites: el colmo fue el arma que le sembraron a Pablo Díez Gargari, abogado de la empresa Tecnología Aplicada Infaiber, con la clara intención de proteger los intereses de la transnacional OHL, en cuyo Consejo de Administración figuran varios ex secretarios de Estado, como Jesús Reyes Heroles, Carlos Ruiz Sacristán y es presidido por José Andrés de Oteyza.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, la empresa construyó el Circuito Exterior Mexiquense, obra de 113 kilómetros, inaugurada por el entonces gobernador Peña Nieto y el entonces secretario de comunicaciones de dicho estado, Gerardo Ruiz Esparza, en el 2011. De acuerdo a los datos de la misma compañía en su reporte anual de 2014, la misma requirió una inversión de 24,775 millones de pesos al cierre de dicho año.
Para recuperar la inversión y obtener una justa ganancia, el gobierno del estado y la constructora pactaron una concesión inicial que iba de febrero de 2003 a diciembre de 2040 con una tabla de tarifas debidamente acordadas. Sin embargo en diciembre de 2012 logró una ampliación de su concesión del 2040 al 2051, es decir, 11 años más y además el aumento de 50% real de las tarifas para el período de 2013-2021.
La empresa Infraiber tenía un contrato para instalar y operar un sistema independiente de aforo vehicular en el Circuito Exterior Mexiquense, con el objetivo de verificar los ingresos que efectivamente recibía el concesionario y poder establecer cuando ya recupero el monto de su inversión más una rentabilidad adecuada de la misma. Sin embargo en mayo del presente año se le canceló dicho contrato, por lo cual la única información de la que se dispone es la del mismo concesionario, con lo cual no hay forma de contrastarla.
De acuerdo con Infraiber los ingresos anuales por cuotas de peaje son superiores a los 2,350 millones de pesos, con lo cual en los casi 49 años de concesión -sin considerar ningún incremento en las tarifas- recibirían ingresos por casi 115 mil millones de pesos, es decir, 4.6 veces la inversión que realizaron; y, aunque a eso habría que reducirle los gastos de operación y mantenimiento de la autopista, parece demasiado exagerado.
Infraiber puntualiza que el contrato para la operación del sistema de verificación no es de 20 años, sino que este concluye en el momento en que ellos recuperan su inversión más el rendimiento estipulado. Mismos términos que debiesen operar para la concesionaria de la autopista.
Estos hechos son los que dieron origen a la guerra mediática y jurídica que se ha desatado entre las dos empresas y, en la que ahora claramente se involucra, el gobierno federal con lo cual lo único que hace es incrementar las dudas sobre su presunta complicidad para beneficiar a OHL.
La batalla pública se inició en mayo del presente año, cuando Infraiber acusó al gobierno del Estado de México de modificar sin sustento legal ni técnico los términos de la concesión de OHL en el Circuito Exterior Mexiquense; posteriormente, empezaron a salir a la luz pública diversos audios en los que dialogaban directivos de OHL con funcionarios gubernamentales, o bien, evidenciaban atenciones especiales, como el pago de paquetes vacacionales para las autoridades involucradas en la modificación del contrato.
Los audios difundidos involucran inclusive compromisos asumidos por el mismo presidente Enrique Peña Nieto, tras una reunión en Los Pinos, para evitar que Infraiber realice sus labores de monitoreo y verificación.
OHL contratacó demandando penalmente a quien resultase responsable por la intercepción ilegal de comunicaciones privadas y acusó a Infraiber de intento chantaje. De inmediato la PGR realizó un cateo en las oficinas de la empresa, en una respuesta inusitadamente rápida tras la demanda interpuesta.
Y con el pretexto de llevarlo a declarar dentro de las pesquisas de dicha averiguación previa, el pasado 7 de septiembre, 16 agentes de la Procuraduría General de la República detuvieron el vehículo en el que se transportaba el abogado Díez y aprovechando el momento en que leía la orden de presentación, le sembraron un arma en su vehículo, con lo cual su situación jurídica cambió de testigo a indiciado, por el arma que encontraron en su vehículo.
El abogado de inmediato denunció la siembra del arma; pero el pasado martes 15 de septiembre se dio a conocer un video captado por las cámaras de una empresa cercana al lugar donde fue detenido el abogado, que no deja lugar a dudas sobre el operativo que realizaron los agentes de la PGR para sembrarle el arma y detenerlo. Las nuevas tecnologías permitieron documentar fehacientemente estas prácticas tan socorridas en el medio judicial mexicano.
Es innegable, como la misma Infraiber sostiene, que lo que está detrás de esta guerra mediática y jurídica son muy rentables negocios, sin embargo, también es una realidad que los precedentes y la totalidad opacidad con la que se manejan los gobiernos estatal y federal (pues debería conocerse a detalle la inversión total en la obra, los costos de operación y mantenimiento y, desde luego, la tasa de rentabilidad pactada con la empresa) vuelven creíbles las denuncias públicas de Infraiber.
La expedita reacción de la PGR ante la denuncia de OHL y la siembra del arma para tratar de frenar las acciones de Infraiber, lo único que logran es evidenciar más la complicidad de la empresa con los gobiernos y, desde luego, su indeclinable compromiso de proteger su "negocio".
