A Jorge Alcocer, no a la canalla Verde.
Median tan sólo tres semanas para la jornada comicial y, a su término, se sabrá el reacomodo y correlación de y entre las fuerzas políticas. Interesante el dato, más relevante será saber cuál es el próximo presidente de la República: un hombre ansioso por cobrar venganza sobre quienes, supone, frustraron su proyecto y por intentar reponerlo como pueda o un hombre golpeado contra las cuerdas, enconchado ante el castigo, urgido por oír la campanilla que marque el final del sexenio.
No se trata de especular en torno a quién llegará a la residencia de Los Pinos a partir de 2018, sino de perfilar a quien actualmente la ocupa. Si bien cada sexenio tiene seis años, no siempre tiene el mismo gobierno o presidente de la República.
Ahí la importancia de saber si el presidente Enrique Peña Nieto atará su porvenir al resultado electoral o si, antes de conocerlo y al margen de él, intentará salvar su administración y ensanchar su margen de gobierno. Esa es la decisión a tomar por el mandatario: definir cómo actuará los próximos tres años y medio, que no es poco tiempo.
El mazacote legislativo en que resultó la reforma electoral acarrea novedades no muy buenas.
La homologación del calendario electoral puso de golpe y en el mismo momento juegos y rejuegos de poder en la perspectiva de ganar y acomodar fichas y personajes partidistas de cara a la sucesión de 2018. Así, el beneficio de evitar que, cada año, tal o cual elección estatal afectara políticas o proyectos federales tuvo por perjuicio el de obligar a conjugar en una sola partida las posibilidades de cada partido o suspirante en presente y futuro.
El acortamiento de las campañas concentró en lapso reducido la lucha por el poder entre los partidos. El apuro por ganar posiciones hoy y perfilar las de mañana encarnizó la contienda. La compra, coacción o canje del voto se realizó sin el menor pudor. La convicción de la fuerza, no la fuerza de convicción, sacó a relucir los bates, los cabezazos, los atentados y homicidios. El travestismo político, las transas y el abandono de esta posición para ocupar otra y prevalecer en el poder resultaron grotescas.
Y las alianzas..., las alianzas se convirtieron en un negocio. El Verde hizo lo que Elba Esther Gordillo no pudo con su Panal: vender caro su amor, sin terminar tras las rejas. Si, por la desaprobación de la actuación presidencial, el tricolor se arriesgó a usar al Verde como muleta para conquistar la más grande minoría en San Lázaro, está por verse si la inversión rinde los dividendos. Por lo pronto, el tricolor tiñó de verde su desprestigio, agregó corrupción a la suya.
En una primera impresión, la homologación del calendario electoral y el acortamiento de las campañas arrojan un resultado contrario al pretendido. Lejos de abatir, incrementó el gasto electoral con dinero sucio y limpio. (Del Verde, el trofeo.) Lejos de blindar y proteger los programas oficiales de ayuda social, los abrió y los metió de lleno al juego. (El Distrito Federal, la evidencia). Lejos de civilizar, embruteció la contienda. Lejos de enaltecer, sobajó el debate. Lejos de frenar, aceleró la sucesión presidencial. Lejos de fortalecer, debilitó a las instituciones y autoridades electorales.
Y está por verse si la incertidumbre electoral concluye en certeza política.
Ante ese cuadro, Enrique Peña Nieto está en tiempo, pero no con mucho tiempo, para perfilar al presidente de la República de la segunda mitad de su mandato.
Aun suponiendo que el tricolor y el verde logren su cometido, la conflictividad del concurso electoral no augura que, su desenlace, deje a la administración peñista en mejor condición y con mayor margen de maniobra. Entonces, en vez de que el resultado comicial la condene a ver qué destino le depara el siete de junio, el mandatario debería tomar sus propias decisiones. No hacerlo llevaría al Presidente a endurecer la línea sin certeza del efecto o, bien, a enconcharse para atenuar el castigo esperando aguantar hasta el fin del sexenio.
La pérdida de la iniciativa política y el control de las riendas del gobierno a partir de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, la revelación de los beneficios obtenidos de un contratista del gobierno por parte del Ejecutivo y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, así como la insostenible permanencia del secretario Gerardo Ruiz Esparza en Comunicaciones y Transportes, han paralizado a la administración presidencial.
La mayoría de los paliativos aplicados para superar esa circunstancia ha fracasado. Las medidas legislativas, no congeladas, tardarán en dar frutos. Las programáticas -v.gr. cédula de identidad- no registran avance notorio. Las prácticas -v.gr. el número telefónico 911- no arrojan noticias. Los operativos de seguridad se han visto anulados por el estallido de la violencia en otras regiones. El nombramiento de Virgilio Andrade en la Función Pública y la remoción de Jesús Murillo de la Procuraduría han sido tanto como cambiar de baraja sin mejorar el juego.
Con ese cuadro, es peligroso atar el porvenir del sexenio al resultado electoral.
En el espejo de otras realidades y latitudes, la presidente de Chile, Michelle Bachelet, ha reflejado cómo frente a un problema se pueden ensayar fórmulas distintas a la de confiar al tiempo o el olvido la reparación de agravios.
Integrar a la sociedad comprometida a investigar la corrupción, armar un nuevo gobierno e intentar rescatar el margen de maniobra y el proyecto concebido habla de arrojo, de convicción para realizar aquello que los verdaderos políticos pretenden: ejercer con sentido el poder.
Dejar al resultado electoral la prefiguración del próximo presidente de la República es un albur que, por el carácter de la campaña, no deja ver a un político decidido a perfilar a un jefe de Estado. Faltan tan sólo tres semanas para la jornada comicial, ¿definirá Enrique Peña Nieto al presidente de la República que quiere ser los próximos tres años y medio o lo dejará a la suerte, al garete electoral?
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