El gobierno acaba de anunciar para 2016 un drástico recorte al gasto oficial como respuesta a la severa reducción en recursos públicos. Para ello se propone reducir plazas y organigramas estructurales. Busca ser eficiente en el sentido más amplio del término. Ello quiere decir aumentar la productividad de todo el aparato gubernamental federal. Para ello se realizará una detallada revisión de los 889 programas públicos que actualmente se financian.
El que los Estados tengan sus propias fórmulas para racionalizar sus gastos, no los exentará de las restricciones que sufrirán sus ingresos que en alto porcentaje dependen de las participaciones federales.
El gran recorte en el presupuesto futuro se entiende no sólo en el gasto público a que obliga la baja de los ingresos petroleros que afecta casi el 40 % los federales. Implica, aunque no se diga, una decidida acción contra la corrupción de la que hablan y escriben los medios de comunicación debilitando la confianza nacional y desprestigiándonos en el extranjero.
El efecto más importante será, empero, desterrar la ineficiencia que percude a la mayoría de las entidades públicas que no se remedia ni con las pesadas "ventanillas únicas" ni mucho menos con las intrincadas redes internas, con su laberinto de conmutadores telefónicas que, lejos de facilitar trámites y la comunicación personal con los funcionarios los blindan contra su contacto con el público.
Como ya se ha comentado ampliamente en estas colaboraciones, el concepto de "productividad" significa obtener un mayor rendimiento sin aumentar los insumos, sean materiales o humanos. Se trata de incrementar la producción, sea en términos de unidades producidas o en términos de servicios rendidos. La mayor productividad no significa que al acreditar mayor rendimiento el trabajador o empleado obtenga una mayor remuneración.
El subsecretario de hacienda dice que no se dejará ningún programa sin revisar, cada peso erogado en subsidios, gastos de operación, y en servicios personales, priorizando los programas de acuerdo con su "rentabilidad social y económica". Se revisarán todos los programas de evaluación de acuerdo con as Secretarías de Hacienda y la de la Función Pública.
El servicio público es poco afecto a que le midan su eficiencia. Su trabajo, destinado a facilitar o apoyar el de los ciudadanos dejando a éstos la responsabilidad de realizar el objetivo de su tarea, hace difícil determinar en qué medida cumple su objetivo. Existe además su natural inclinación a crear puestos para atender nuevos servicios o por simples favoritismos, en lugar de utilizar las estructuras y personal ya existentes.
La Secretaría de Hacienda, que tiene el pulso de la relación entre recursos disponibles y las necesidades por atender, se propone reducir gatos sin afectar el nivel y calidad de su rendimiento. Al hacerlo entra de lleno a resolver el problema más central de la economía entendida como el arte de racionalizar los recursos disponibles. ¿Qué sucede, empero, con el sagrado principio de paga igual al trabajo igual? El gobierno está consciente de las resistencias que la implementación de los recortes provocará en muchos sectores afectados.
La solución del problema tiene que encontrarse en la precisión con que se describan las tareas que se encomienden a los servidores públicos. De no contarse con la definición adecuada de la responsabilidad exigible no será posible cumplir con el principio de la equidad en el trabajo. El aumento de la productividad dependerá de las definiciones con que se estructuren los nuevos organigramas donde no hayan puestos sin justificación en términos de resultados tangibles, no en estadísticas ajustables, para los ciudadanos beneficiados.
En términos de ética, pedir mayor eficiencia al servicio público significa limpiarlo de las taras ancestrales de la corrupción que drena, al menos en un 15 % el valor del PIB. Las fugas habituales en el manejo de las finanzas púbicas son el obstáculo más corrosivo. La exactitud con que se administre el consumo de los recursos materiales que exijan las tareas es imprescindible para curar el desprestigio internacional que el país padece. El aumento en la productividad económica y social nacional está en directa relación con el control y la eliminación de la corrupción.
El gobierno se está comprometiendo a recortar drásticamente sus gastos pretextando el mejor uso de recursos que quedan. El plan cuenta con el respaldo del Banco Mundial. El propósito suena sano, pero correrá los mismos peligros con que se ha estrellado en otros países. Depende del grado de autoridad que se tenga para implementarlo. ¿Qué sucederá si se desvelan otros casos de corrupción como los que han desprestigiado a este gobierno?
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