Al designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las ternas enviadas por el presidente Enrique Peña Nieto, el Senado de la República perdió otra gran oportunidad de mostrar su independencia del Poder Ejecutivo, pero sobre todo de impedir que continuara el retroceso en la SCJN.
En la segunda semana de noviembre, cuando Peña Nieto envió las ternas al Senado, abordé el tema en este mismo espacio y señalaba que la independencia de la Corte estaba en riesgo, no únicamente por esta designación, sino porque ésta se sumaría a todas las últimas designaciones, particularmente a partir del 2011, que han privilegiado el nombramiento de propuestas provenientes del Poder Ejecutivo y de abogados más comprometidos con una interpretación literal de la Constitución y la ley.
De hecho las únicas designaciones que se escapan de caer en alguno de esos criterios son las de 2009, pues todo el resto desde el 2004 (que ya suman 8 de los 11 ministros) pueden ubicarse en alguno de los 2.
Esta interpretación de la legislación fue muy evidente en abril del presente año, cuando 6 ministros avalaron la constitucionalidad y convencionalidad de la figura del arraigo extensivo a todos los delitos considerados graves, establecido en el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales. Ya era muy cuestionable el que la figura del arraigo introducida en el artículo 16 de la Constitución, en junio de 2008, para los casos de delitos de delincuencia organizada, sin embargo, esa no podía ser revisada por la Corte por tratarse de una reforma constitucional; pero el extenderlo a los delitos graves, como hicieron los Ministros en la ocasión referida, va en contra de lo establecido en la misma Constitución y, obviamente, de diversos tratados internacionales firmados por México y aprobados por el mismo Senado.
Los Ministros que avalaron la reforma al Código fueron Margarita Luna Ramos (ingresó en 2004); José Fernando Franco (2006); Jorge Mario Pardo (2011); Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (2012); y Eduardo Medina Mora (2015). Los que votaron en contra: Jesús Silva Meza y Olga Sánchez Cordero (1995); José Ramón Cossío (2003); Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar (2009).
Esta resolución evidencia muy plásticamente que salvo las primeras dos designaciones (1995 y 2003) tras la reforma al Poder Judicial, en diciembre de 1994, y la de 2009, que en general sí se caracterizaron por privilegiar la propuesta de candidatos que orientarían sus decisiones en función de la lectura garantista (de los derechos fundamentales de las personas) y una interpretación más sistemática de las diversas disposiciones que rigen el derecho internacional; el resto de las ternas ha estado conformado por candidatos con características que por supuesto que le son más cómodas al Poder Ejecutivo y la mayoría del Poder Legislativo.
Con la nueva conformación del Pleno de la Corte, 4 Ministros han hecho su carrera principalmente en el Poder Ejecutivo (Fernando Franco, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Eduardo Medina Mora y ahora Javier Laynez Potisek) y 2 de ellos (los dos últimos) han estado en el actual gobierno; pero los otros 2 son cercanos al priismo. Así Peña Nieto tendrá forma de influir en las posiciones de estos cuatro ministros, con lo cual ya prácticamente aseguró que ninguna acción de inconstitucional en contra de las reformas o las leyes, que él envía el Congreso, proceda pues con ese número de votos la puede bloquear, ya que se requieren al menos 8 votos.
Pero el peligro no es únicamente en ese caso, sino que nadie se debe sorprender si en el futuro aparece recurrentemente una minoría de 2 (José Ramón Cossío y Arturo Zaldívar, que casualmente provienen de la academia y del libre ejercicio de la profesión) o de 3 ministros (cuando Luis María Aguilar que se les sume, en algunos casos a los otros dos, éste proveniente del Poder Judicial).
De acuerdo a los antecedentes los ministros con una larga carrera dentro del Poder Judicial, tienen a tener una interpretación más letrista, (en la última conformación del Pleno la excepción era Juan Silva Meza y, en algunos casos, Luis María Aguilar); lo mismo sucede con los proveniente del Poder Ejecutivo. En contrapartida, los que provienen de la academia o del libre ejercicio de la profesión normalmente tienen interpretaciones más sistemáticas. La nueva conformación dejaría: 5 provenientes del Poder Judicial; 4 del Poder Ejecutivo; 1 de la academia; y 1 del libre ejercicio de la profesión.
Por otra parte, casualmente los dos candidatos que resultaron designados ministros ya habían sido propuestos en el pasado: Norma Lucía Piña, por Felipe Calderón en el 2012; y Javier Laynez Potisek, en este mismo año por el mismo presidente Peña Nieto. Así que a nadie extraña tampoco que hayan sido designados con el voto favorable de priistas, panistas y verdes. Tampoco es ningún secreto que desde el inicio, como denunciaron algunos senadores, analistas y representantes de la sociedad civil, los favoritos eran precisamente los 2 que fueron designados.
Desde el momento en que Peña Nieto envió las propuestas ya tenía asegurados los votos necesarios para designar a los 2 que previamente había pactado con los panistas; para efectos prácticos al momento de hacer la propuesta se hizo la designación, así en los hechos se violentó el principio de división de poderes, todo fue una simulación para convalidar una decisión previamente tomada.