Entre los acontecimientos más importantes de la agenda política nacional para 2015 destacan las elecciones federales y estatales que se llevarán a cabo el domingo 7 de junio, las cuales serán no sólo la prueba de fuego para la nueva autoridad electoral, sino también para el sistema mexicano de partidos y, en general, representará un termómetro político para el régimen. Veamos por qué.
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, ha dicho que se trata del proceso electoral “más complejo y concurrido” de la historia del país. Esta es la primera elección que organiza el INE desde su formación en 2014 como sucesor del IFE. También es la primera elección en la que participan los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).
Y no es poco lo que está en juego. Serán renovados 2,159 cargos de elección popular: 500 diputaciones federales, 9 gubernaturas, 641 diputaciones locales en 17 entidades, 993 ayuntamientos (el 40 por ciento del total del país) en 16 estados y las 16 jefaturas delegacionales del Distrito Federal. Por primera vez se aplicará el esquema de casilla única a través del cual podrán votar alrededor de 82.5 millones de ciudadanos que pertenecen al listado nominal, el más grande de la historia democrática del país.
La ya de por sí complicada labor del INE encontrará un desafío mayor en aquellos estados que se encuentran en una situación crítica de inseguridad e inestabilidad social, como lo son Guerrero, Michoacán y Chiapas. Ahí, la presencia de bandas criminales, autodefensas, grupos insurgentes y sectores de población civil radicalizados, conforman un panorama difícil para garantizar la tranquilidad de la jornada y el respeto al sufragio.
La elección del 7 de junio representa para el Gobierno de la República de Enrique Peña Nieto y su partido, el PRI, una especie de evaluación sobre su gestión de cara a cumplir la primera mitad de su mandato constitucional. Es evidente que en dicha evaluación están presentes temas como las reformas y sus resultados, la incertidumbre económica, Ayotzinapa, la inseguridad pública y la criticada relación de Los Pinos con la empresa Higa.
Pero también los demás partidos políticos serán puestos bajo el escrutinio, sobre todo los considerados de oposición –PAN y PRD-, luego de haber participado en un pacto de colaboración con el gobierno federal para sacar adelante en medio de controversias y cuestionamientos las reformas del presidente, y después de haberse visto afectados también por escándalos de corrupción y pugnas internas.
En medio del descontento de una buena parte de la población, las candidaturas independientes parecían una alternativa. Sin embargo, el alcance de las mismas será limitado, ya que hasta ahora sólo 52 personas se encuentran registradas como aspirantes a candidatos, cifra que seguramente sufrirá una reducción. Para muchos, como se ha visto en elecciones anteriores, la opción será el voto nulo o la abstención. Pero más allá del resultado, la elección de 2015 será un termómetro para medir el estado que guarda nuestra democracia, luego de los ajustes y convulsiones de 2014.