Igual que hace tres años, los legisladores dejan incompletos los órganos electorales durante los procesos electorales. En aquel tiempo fue el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral que trabajó con la ausencia de tres, de los nueve consejeros electorales que entonces integraban dicho órgano, durante casi 14 meses ante la imposibilidad de que los partidos políticos llegaran a un acuerdo; ahora es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que desde el pasado 20 de abril opera con la ausencia de uno de sus siete magistrados electorales.
Hace tres años se trataba de una elección presidencial y el proceso electoral inició en la primera semana de octubre del 2011, por lo que durante poco más de dos meses de proceso electoral el Consejo operó sin la tercera parte de sus miembros; ahora el riesgo es que la Sala Superior llegue a la jornada electoral y, eventualmente, a la resolución de los diferentes recursos que los partidos políticos interpongan con motivo del proceso electoral del próximo 7 de junio, con la ausencia de uno de sus integrantes.
El Congreso de la Unión concluyó su segundo periodo ordinario de sesiones el pasado jueves 30 de abril sin lograr un acuerdo respecto a la terna que les envió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para sustituir al magistrado Alejandro Luna Ramos, quien concluyó su periodo constitucional el pasado 20 de abril.
La Corte envió al Senado la terna el 10 de marzo, es decir, 40 días antes de la conclusión del encargo de Luna Ramos y 50 días antes del fin del periodo de sesiones, tiempo más que suficiente para que consensarán el apoyo de las dos terceras partes de los legisladores o rechazarán la propuesta y obligaran a la Corte a enviar una nueva terna. Sin embargo, los senadores no hicieron ni una cosa ni otra.
Además de las cuotas partidistas para la integración de estos órganos, el problema tiene otros ingredientes: primero, un periodo muy corto de ejercicio para quien ocupe dicha vacante, pues su periodo concluye al mismo tiempo que el del resto de los magistrados el 5 de noviembre del 2016, lo que provocó que únicamente cinco candidatos acudieran a la convocatoria que emitió el Pleno de la Corte.
Segundo, dado que Luna Ramos tiene carrera en el Poder Judicial, se asume que su sucesor tiene que tener las mismas características, por lo cual la terna de la Corte está compuesta por tres proyectistas de magistrados de la Sala Superior: Javier Aguayo Silva, de María del Carmen Alanís; y Enrique Aguirre Saldívar y Julio César Cruz Ricárdez, de Salvador Nava Gomar, lo que permitió de inmediato identificar las cercanías partidistas y los criterios de interpretación legal de cada uno de los postulados al cargo.
Y tercero, dado que Luna Ramos había entrado dentro de las cuotas del PRI, éste asume que tiene derecho a seleccionar a su sustituto y, dado que una buena parte de su bancada se pronuncia a favor de Aguayo Silva, no están dispuestos a negociar dicha designación. Mientras tanto, PAN y PRD prefieren a Enrique Aguirre Saldívar; lo que provoca que ninguno de los candidatos logre los votos necesarios para alcanzar la designación.
Los senadores minimizan las consecuencias de esta ausencia, porque señalan que los llamados Procedimientos Especiales Sancionadores, que tienen que ver con los conflictos surgidos a partir de los promocionales en radio y televisión, se resuelven en primera instancia en la Sala Regional Especializada; y porque en la Sala Superior en caso de empate en la votación, el magistrado presidente tiene voto de calidad, lo cual permitirá resolver todos los asuntos que se presenten.
El PRI se aferra más a su propuesta porque la disposición del voto de calidad también le favorece, pues en realidad con la presencia de Constancio Carrasco como magistrado presidente se sienten cómodos. Así para efectos prácticos si el tricolor cediera la selección el nuevo magistrado a las bancadas de oposición, perdería un voto.
Pero olvidan que en la parte final de los procesos electorales estatales será la Sala Superior de dicho Tribunal (ésta que hoy está incompleta y, que de no haber un giro importante, estará incompleta en ese momento) la que tendrá que resolver sobre los juicios de Revisión Constitucional Electoral, que eventualmente serán la última palabra respecto a las elecciones de los nueve gobernadores estatales (o al menos de algunos de ellos) y sería lamentable que la anulación o validez de una de estas elecciones tuviera que resolverse por el voto de calidad.
Hay que recordar que en diciembre del 2000 la anulación de la elección del gobernador de Tabasco fue por 4 votos a 2 (el entonces magistrado presidente José Francisco Ojesto se excusó de participar por haber hecho declaraciones a los medios sobre su valoración del caso); y en el 2003, la anulación de la elección del gobernador en Colima, se resolvió 4 votos a 3, es decir, en ambas ocasiones las votaciones fueron por mayoría, no por unanimidad. Si llegase a darse el caso de que alguna de las nueve elecciones de gobernador estuviese en dicha situación, muy probablemente se presentaría un escenario muy similar y podría decidirse a favor o en contra por el doble voto del magistrado presidente.
El actual proceso electoral ya está lleno de obstáculos y dificultades para que la irresponsabilidad de los senadores todavía lo complique más. Esta pudiese ser la gota que derrame el vaso y provoque el descontrol de algún conflicto poselectoral.
