A raíz de la desaparición de un muchacho de 14 años, cuyo paradero se desconoce desde hace más de dos años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras.
En la Recomendación 28/2105, la CNDH detalló que tras revisar el caso se pudo determinar que hubo dilación e irregularidades en la Investigación Ministerial número 1 que integró la agente del Ministerio Público de Coatzacoalcos.
Esta recomendación surge de una queja por presuntas violaciones a derechos humanos en materia de procuración de justicia y atención a víctimas del delito, en caso de un adolescente de 14 años, desaparecido el 29 de julio de 2013 y cuyo paradero aún se desconoce.
La investigación que integró el Ministerio Público adolece de lapsos de inactividad significativa, incluso superiores a un año, en los cuales no se realizaron acciones para localizar al joven y esclarecer los hechos.
Esto “resulta contrario al principio de debida diligencia que se debió observar en la integración de la indagatoria”, señala la recomendación al recalcar que la servidora en cuestión no realizó las diligencias con la prontitud que exigía la situación.
Además, la CNDH recordó que “en este tipo de casos, la celeridad en el inicio de investigación es fundamental para evitar que se pierda información elemental para ubicar a la víctima, a los probables responsables y el esclarecimiento de los hechos”.
De esta forma, la agente del Ministerio Público transgredió lo mismo artículos constitucionales, que leyes e incluso tratados internacionales, ante la cual la CNDH solicitó al fiscal general de Veracruz restablecer la investigación con la debida diligencia.
También recomendó, de ser pertinente, activar la Alerta Amber y se tomen medidas para reparar los daños a los familiares con base en la Ley General de Víctimas y en la Ley número 308 de Víctimas para el estado.
De igual manera, solicitó que emita una circular a su personal, con Lineamientos para la Atención Inmediata de Personas Desaparecidas y se instruya que cuando se trate de niñas, niños y adolescentes desaparecidos se atienda el interés superior de la niñez.
A raíz de esta recomendación, la fiscalía debe contar con expertos en elaboración de retratos hablados, con la exclusiva responsabilidad de hacerlos y se capacite al ministerios públicos, peritos y policías en derechos de la infancia y en víctimas de delitos, en especial en desaparición de personas.
La CNDH también pidió al fiscal que ordene a su personal colaborar con la CNDH en la presentación y trámite de la queja y denuncia que se promuevan ante la Visitaduría General de la Fiscalía contra los servidores públicos responsables.
