Perfilada la empresa china Railway Construction Corporation como la ganadora por segunda ocasión para adjudicarse el contrato por el tren de alta velocidad México-Querétaro, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos está colocando el dedo en el centro de la llaga
El organismo exige transparentar el fundamento legal con que el presidente Enrique Peña Nieto apuntaló la orden de declarar invalida la primera licitación.
Levantada la mano a un consorcio encabezado por la firma china, la suspicacia apuntó a la integración en éste de dos empresas incomodas: la Constructora Teya y la Edificadora GIA.
La primera es parte del Grupo Higa de Marco Antonio Hinojosa, quien se metió al escándalo al ubicársele como la constructora y financiadora de la Casa Blanca de Las Lomas, cuya propiedad se adjudicó a la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera.
El escándalo alcanzó el máximo de decibeles al revelarse que el grupo ganador de decenas de contratos públicos en el gobierno del Estado de México y el federal había construido y financiado también una mansión en el club de golf de Malinalco, propiedad del secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
La segunda firma es propiedad de Hipólito Gerard, excuñado del expresidente Carlos Salinas De Gortari.
Tras una tórrida defensa de la legalidad de la licitación en la Cámara de Diputados, media hora después el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, debió meter la reversa.
"Fue una orden del presidente Enrique Peña Nieto", señaló en una entrevista radiofónica a botepronto, por más que según ello él le había aconsejado al Ejecutivo dar el paso.
El hecho es que en la reposición del concurso pareciera no haber enemigo al frente para la firma de la nación de la muralla, a quien, según el funcionario, ya no acompañarían ni Prodemex, propiedad de Olegario Vázquez Raña, ni Teya, y aparentemente GIA.
La probabilidad se fundamenta en una cláusula que exigía exhibir la posibilidad de un financiamiento por el 70 por ciento de la obra, cuyo costo se calcula en 42 mil millones de pesos.
La condición se mantuvo en las prebases de la licitación y, pese a las objeciones colocadas en la mesa por la Comisión Federal de Competencia Económica, no hay indicios de que se saque de las bases definitivas que se darán a conocer hoy.
Los chinos, pues, ganaron por el respaldo de un banco oficial de su país, cuya posibilidad era misión imposible para las 17 empresas que se habían inscrito en el concurso. Estamos hablando de las francesas Bombardier y Alstom; de la italiana Salini Impregilo; de la alemana Siemens; de la japonesa Mitsubishi, de la española Abengoa y, entre otras, de la mexicana ICA.
El problema, pues, eran los socios incomodos, en especial Teya, es decir, Higa.
De acuerdo al comisionado del IFAI, Joel Salas, quien impulsó la exigencia de transparentar la decisión presidencial, ésta apunta a detectar no sólo posibles conflictos de interés, sino actos de corrupción.
Antes de ello otra comisionada, María Korczyn había señalado que la información si se había dado vía un boletín de la Presidencia de la República.
El asunto se enreda más si se considera que la Secretaría de la Función Pública dijo que no se ha abierto ningún procedimiento contra Higa, es decir, no había obstáculo para que participara en nuevas licitaciones.
Las entrelineas son simples: el gobierno no investiga al gobierno en relación con la ola de puntos oscuros que existen de cara a la Casa Blanca, y la del que fuera secretario de finanzas del gobierno del Estado de México.
Todo en orden, pues.
El caso es que en el escándalo la empresa china reveló que había realizado cuantiosas inversiones en la fase previa a la licitación, lo que auguraba su certeza de ganar.
La firma llegó a la primera como postor único.
Y va en la misma ruta.
Jaque al rey.
BALANCE GENERAL
Socia hasta hace unos meses de América Móvil, cuya participación accionaria se vendió al fragor de una agresiva penetración en América Latina bajo la vía del triple play, la AT&T de los Estados Unidos rechaza la posibilidad de adquirir los activos que colocó en la mesa de las ofertas la firma del magnate Carlos Slim para sacudirse el estigma de empresa preponderante.
La afirmación, tajante, la hizo el propio presidente de la compañía.
El escenario provocó una drástica caída en la cotización de las acciones de la firma mexicana, que tras el anuncio de la compra de Nextel bajó 3.5 por ciento.
La posibilidad, decíamos, se abre para la Telefónica México, como única alternativa para equilibrar la competencia.
En este momento la firma tiene el 18 por ciento del mercado, frente al 12 de AT&T y el 8 de América Móvil.
La empresa encabezada por Francisco Gil Díaz tiene un espectro sobrado tras adquirir, a la par de Televisa, dos hilos de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad.
RUGE EL DRAGÓN
En sus estertores frente a la posibilidad de que la clausura de las obras del Dragon Mart chino de Cancún se convierta en definitiva, la empresa impulsora del proyecto está lanzando dos amenazas.
Una habla de tirar el arpa, lo que de inmediato provocó la protesta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, señalando el peligro de perder centenares de empleos.
La segunda plantea demandar a la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, acusándola de no haber cubierto una multa de 22 millones de pesos, cuando el caso estaba en los tribunales.
El problema es que la instancia se ubicó de espaldas a la pared ante amparos obtenidos por senadores panistas que obligaban a parar las obras mientras se investigaba la validez de la Manifestación de Impacto Ambiental con que operaba la firma.
La presión de los industriales mexicanos afectados por la posibilidad de un centro de distribución de productos chinos al mayoreo en México, obliga al gobierno a definir si se le da preeminencia a una inversión por jugoso que sea, sobre la lapidación del entorno ambiental, como se ha hecho con las mineras canadienses que llegan al país.
FLORES OTRA VEZ
Finalmente el director general de la línea aérea Aeromar, Fernando Flores y Pérez, logró su reelección como presidente de la Cámara Nacional de Aerotransporte.
La votación logró la unanimidad, pese a los desacuerdos que había tenido el ungido con las empresas Volaris, Interjet y VivaAerobus.
Durante la gestión de Flores se logró que las empresas aéreas participaran en el diseño y construcción del nuevo aeropuerto para evitar problemas de inviabilidad a futuro.
