Aunque en el papel le quedan aún resquicios judiciales a la empresa promotora del Dragon Mart Cancún para remontar la clausura total de las obras de construcción del coso que permitiría la venta al mayoreo de productos chinos, en la práctica la posibilidad es remota dada la gravedad de los cargos en su contra.
Más allá de las irregularidades detectadas en relación con la Manifestación de Impacto Ambiental, la firma enfrenta una demanda penal planteada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
La denuncia se planteó el 3 de octubre del año pasado ante la Unidad Especializada en Delitos contra el Ambiente de la Procuraduría General de la República por atentados contra la biodiversidad y violación de los artículos 418 y 420 Bis del Código Penal Federal.
El dardo reclama cárcel para Erjil Manuel Barrios Bravo, Juan Carlos López Rodríguez y el representante legal o apoderado de la compañía que hace unos meses había iniciado la construcción en el predio conocido como Tucán.
La acción de la instancia encabezada por Guillermo Haro Belchez llegó tras de que un juez federal había emitido una resolución favorable a una denuncia interpuesta por senadores del Partido Acción Nacional.
La exposición de motivos se sustenta en un recorrido realizado por la Profepa en la zona, en reacción a señalamientos de que la empresa había cambiado arbitrariamente el uso de suelo en zonas protegidas.
El recorrido, realizado del 11 al 14 de marzo del año pasado, derivó en la detección de cinco irregularidades.
La empresa, de entrada, no tenía autorización para realizar un cambio de uso de suelo en terrenos federales. Más allá, no presentó un estudio técnico justificativo para llevar a cabo los trabajos de cambio de uso de suelo en el proyecto; se afectó la vegetación hidrófila de Tule y la de Tasiste, conocidas científicamente como Typha spp y Acoelorrhaphe wrightii.
En paralelo, se afectaron espacios enlistados en la Norma Oficial Mexicana 059, como Mangle botoncillo (Conocarpus erectus) e Iguana (Ctenosaura similis).
Derivado de ello, aunque no se ordenó paralizar las obras para la construcción, la promotora del proyecto impugnado por los organismos empresariales fue castigada con una multa de dos millones 758 mil pesos. Adicionalmente se le conminó a cubrir los gastos de remediación.
Así, la firma estaba obligada a realizar una inversión de nueve millones 380 mil pesos para la remediación ambiental correspondiente. En el terreno de la restauración, se reclamó una erogación de dos millones 508 mil pesos.
Más allá, la empresa debía tramitar la autorización para cambiar el uso de suelo en una superficie de 203 hectáreas, equivalentes al 67 por ciento del terreno en que se construiría el proyecto.
El resto se ubica en superficies urbanas.
La exigencia obliga a excluir 357.44 hectáreas que no se encuentran afectadas y que pertenecen al predio.
Durante el propio mes de marzo se realizó una inspección de impacto ambiental en la que se ubicó que la empresa no tenía la manifestación correspondiente, imponiéndosele una multa de seis millones.
En paralelo, se exigieron una serie de medidas correctivas, como el reforestar 200 hectáreas y realizar un estudio hidrológico.
El caso es que ninguna de las multas se pagó, y ninguna de las recomendaciones se acató, aparentemente por la promoción de un juicio de nulidad, lo que hizo estallar la ira de la instancia.
Se diría que el Dragon Mart cobijó su impunidad en la necesidad del país de inversiones, a soslayo del respeto a las leyes.
Bajo ese prisma, el problema ya no es de competencia desleal con la industria del país, sino de dignidad nacional.
Dragon Mart RIP.
BALANCE GENERAL
De acuerdo a lo planteado en su propuesta planteada en calidad de postor único, la empresa china Railway Construction impondría una tarifa al público de 350 pesos por viaje de 50 minutos entre las ciudades de México y Querétaro, a una velocidad de 260 kilómetros por hora en promedio.
El caso es que ahora la Secretaría de Hacienda señala que el costo real sería del doble… cubriendo el remanente el Gobierno.
El subsidio, según ello, sería de 48 mil millones de pesos al año. Bajo ese prisma se canceló indefinidamente el proyecto, dada la temporada de vacas flacas provocada por la caída dramática en el precio del petróleo.
ASÍ DE SIMPLE
El problema es que la revelación se hace de cara a justificar lo que apunta a una cancelación definitiva, dada la advertencia del Banco de México de que el escenario va para largo.
Negocio privado construido con recursos públicos, cuyas ganancias subsidiará el Gobierno… por más que la mayor parte de la construcción se financiaría con un préstamo del Exinbank chino.
Naturalmente, el anuncio despertó nuevamente al dragón, cuyo letargo había sido provocado por la posibilidad de una nueva licitación que repondría la que habían ganado los chinos.
El reclamo es de varios millones de dólares.
CUMBRE DE NEGOCIOS
La noticia es que México, concretamente la capital del país, será sede de una reunión del Consejo Asesor de Negocios del Organismo de Cooperación Asia-Pacífico, conocido por sus siglas como APEC.
Esta se reúne cuatro veces al año.
El evento se realizará del 20 al 23 de abril en el Hotel Camino Real Polanco, bajo el marco de los 450 años del inicio de los viajes del Galeón de Manila, conocido como Nao de China, que llegaba al puerto de Acapulco para abastecer de mercancías a la Nueva España y al México Independiente.
Una parte de ellas se vendía en el Parián que se ubicaba en la Plaza Mayor. La llegada del barco la anunciaban las campanas.
Los anfitriones del evento serán los tres representantes del organismo: Moisés R. Kalach, vicepresidente del Grupo Kaltex; Alejandro Ramírez Magaña, director general de la cadena Cinépolis, y Mauricio Millán Costabile, vicepresidente de Coraza, Corporación Azteca.
Se calcula una participación de 60 de los principales líderes empresariales de la región.
AMPARO EN PUERTA
Firme el dedo en el renglón, los damnificados de Ficrea están colocando en la mesa solicitudes de amparos contra la resolución de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de declarar canceladas las operaciones de la sociedad financiera popular.
La posibilidad está en manos de un tribunal colegiado, luego de que cuatro jueces rechazaran solicitudes similares, aparentemente por estar mal fundamentadas.
Tanto el Tribunal Superior de Justicia del DF como el gobierno de Coahuila, otros de los afectados, están peleando por su cuenta, dado que su caso es distinto por acudir a una instancia que no estaba en regla con la normatividad. El primero depositó 90 millones de pesos; el segundo 120. Ni uno y otro estaban en la base de datos de la firma, cuyos equipos de cómputo fueron saqueados cuando se había declarado ya su intervención gerencial.
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