Colocado en la disyuntiva de afectar el gasto corriente o ajustar el de inversión con base a prioridades, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos optó por la salida más simple: Cargar el peso del recorte presupuestal de 62 mil millones de pesos ordenado por la Secretaría de Hacienda a una sola carta: Refinación.
La medida condena al país a seguir dependiendo del exterior, fundamentalmente de Estados Unidos, en materia de gasolinas, en cuyo horizonte casi de la mitad del consumo, el 47 por ciento, es de importación.
No habrá, pues, la anhelada reconfiguración y modernización de las refinerías de Tula, Salamanca y Salina Cruz, cuya urgencia llegó justo cuando se canceló la posibilidad de una nueva en el estado de Hidalgo.
A quién le importó que hace apenas un mes, de gira por Oaxaca, el presidente Enrique Peña Nieto sacó el altavoz para anunciar el inicio de obras en la tercera de ellas. A quién le importa si las de Tula y Salamanca se habían iniciado el año pasado, lo que obliga a cancelar contratos adjudicados, con el consiguiente pleito con los que habían sido beneficiados.
A quién le importa si bajo la nueva perspectiva el país dispondría de 130 mil barriles diarios de gasolina producidos en casa, la quinta parte de los 1.5 millones actuales.
A quién le importa si para el director de Pemex Refinación, Miguel Tame, los tres proyectos eran pilares para aliviar la delicada situación financiera de la hoy empresa productiva de Estado, cuyas pérdidas el año pasado se duplicaron respecto a las del 2013. Se calcula que se llegó a 200 mil millones de pesos.
A quién le importa, en fin, si en diciembre se había planteado un presupuesto inicial de cuatro mil 600 millones para Tula.
Pemex, pues, seguirá vendiéndole petróleo crudo a Estados Unidos para recomprarlo transformado en gasolina.
La poda presupuestal, el 11.5 por ciento de partidas cuyo monto global alcanzaba 540 mil millones de pesos, afecta también los proyectos de gasolinas y diesel limpios bajo la fórmula de reducirles azufre. En el escenario se afectan las plantas proyectadas para Ciudad Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula, cuya inversión proyectada era de 42.1 millones de pesos anuales durante los cuatro en que se des-ahogaría la construcción.
Entre las empresas que estaban tejiendo la posibilidad de la reconfiguración y la construcción de plantas de ultrabajo azufre están la filial del grupo ICA, Fluor Daniel, Samsung, Foster, Técnicas Reunidas, Odebrecht, Tapia Construcciones...
Se diría, pues, que la contaminación ambiental no es prioridad para la empresa, al menos para su Consejo de Administración.
Y aunque en el marco se obliga a Pemex a implementar un Programa de Austeridad y uso Racional de Recursos, hasta hoy, pese a las versiones de los opositores del cacique sindical, Carlos Romero Deschamps, no hay un programa en firme de recorte de trabajadores.
La nómina actual de 190 mil empleados, de los cuales la tercera parte son de base y el resto transitorios, le cuesta 90 mil 50 millones de pesos.
Ninguna de las empresas multinacionales del sector tiene una nómina tan alta en proporción con su monto de ventas; su producción; su volumen de exportación, o su refinación.
La empresa, pues, le apuesta todo a la extracción de petróleo crudo, dejando de lado el valor agregado y de pasadita la posibilidad de combustibles limpios, lo que le abre la puerta al nocaut frente la competencia que viene. La tradición sigue intacta: Exportar productos primarios e importarlos transformados.
BALANCE GENERAL
En más de lo mismo de la limpia en la Bolsa Mexicana de Valores, tras la accidentada gestión de Luis Téllez como presidente y director general, se está analizando plantear una denuncia penal contra el exdirector de Asigna, Gerardo Gamboa.
Éste fue cesado al comprobarse manejos irregulares que implican conflicto de interés.
La posibilidad se baraja en el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias que encabeza Alfonso González Migoya en su carácter de consejero externo.
Éste fue funcionario del Grupo Alfa y actualmente trabaja en Volaris.
La acusación le podría pegar de rebote al director general adjunto, Pedro Zorrilla, y a Ramón Güemez, director de Administración y Finanzas, quien autorizó pagos que hoy están en entredicho.
En el nuevo escenario bajo la presidencia de Jaime Ruiz Sacristán y la dirección de José Oriol Bosch, se acaba de nombrar al exdirector jurídico, Hugo Contreras, como Contralor Normativo.
Este se desempeñaba en el cargo en la paradoja de que no es abogado, por más que durante la anterior gestión su tarea primordial era la defensa de Luis Téllez frente a la demanda que puso en la mesa en su contra la cadena de tiendas Elektra.
Contreras dependía directamente de Pedro Zorrilla, otro, decíamos, de los implicados en la querella.
El puesto que tenía el promovido lo ocupará Clementino Rojas.
JAQUE A SLIM
Aunque tiene un año de plazo para instrumentar la medida, el Instituto Federal de Telecomunicaciones acaba de imponerle a América Móvil la exigencia de compartir su estructura de tráfico de señales para ofrecer servicios de internet.
Se trata, naturalmente, de parte del escenario de regulación asimétrica a la firma global del magnate Carlos Slim, de cara a su posición de predominante.
La medida beneficia a la estadounidense AT&T, cuya última adquisición, Nextel, había reducido una parte de sus torres de transmisión.
Tradicionalmente Teléfonos de México, la principal filial de América Móvil, se había opuesto a la posibilidad de compartir sus redes, aduciendo las cuantiosas inversiones realizadas.
BOMBA DE TIEMPO
De acuerdo a la consultoría Valuaciones Actuariales del Norte, el boquete en materia de recursos para atender jubilaciones y pensiones de trabajadores públicos equivale al 120 por ciento del producto Interno Bruto.
La cifra alcanza 18 billones de pesos.
Por lo pronto, el flujo de erogaciones para cubrir las solicitudes de retiro de trabajadores de municipios, entidades federativas, bancos de desarrollo, Pemex, la CFE, universidades públicas… equivale al ocho por ciento del presupuesto de egresos.
En 20 años crecerá al 14.
El problema se ha venido soslayando pese a las advertencias de los analistas sobre la quiebra del sistema en universidades y el desborde de algunos municipios.
SALIÓ BARATO
Aunque la cantidad a pagar por México al OCDE, hizo levantar las cejas y hasta golpear el escritorio con el puño a la opinión pública, para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el monto-beneficio es equilibrado.
Estamos hablando de dos millones de euros, es decir, 36 millones de pesos.
Según ello, la posibilidad le abre la puerta a la transparencia del país con una metodología para construir obras públicas de estándares internacionales.
El organismo, se aduce, dará certidumbre no sólo a la ciudadanía, sino a los propios participantes en las licitaciones.
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